El gobierno laborista de Londres se enfrenta a una devastadora crisis económica, ya que el aumento vertiginoso de la deuda y los costes de financiación plantean la necesidad de pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Hace casi 50 años, otra crisis obligó al gobierno laborista a solicitar un préstamo de emergencia al FMI tras una escalada descontrolada del déficit y la inflación. Se convirtió en una de las peores crisis de posguerra en Reino Unido, y el rescate provocó importantes recortes presupuestarios y la salida del gobierno del Partido Laborista unos años después.
La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, se enfrenta ahora a advertencias similares: las previsiones apuntan a un déficit de 50.000 millones de libras en las finanzas públicas y se espera que los pagos de intereses superen los 111.000 millones de libras.
Con unos 2,7 billones de libras, constituye una de las cargas de deuda más pesadas del mundo desarrollado. Los costes de financiación del gobierno se han disparado, con rendimientos de los bonos a 30 años superiores al 5,5 por cien, superiores a los de Estados Unidos y Grecia.
El panorama es tan peligroso como el período anterior al rescate del FMI de 1976, advirtiendo que el gobierno podría tener dificultades para pagar las pensiones y prestaciones sociales.
El gobierno de Starmer está alimentando la inflación con mayores impuestos, endeudamiento y gasto. Dentro de unas semanas Reeves presentará su primer presupuesto y se espera que anuncie nuevas subidas de impuestos para compensar el déficit, una medida que, agravaría la crisis.
Londres se ha comprometido a aumentar su gasto militar al 2,5 por cien del PIB para 2027, en línea con los compromisos de la OTAN. Reino Unido sigue siendo uno de los principales aliados de Ucrania, proporcionando miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera, lo que ha agravado aún más sus ya de por sí debilitadas finanzas públicas.
El gobierno laborista también se enfrenta a crecientes desafíos políticos y económicos, incluyendo una pérdida de credibilidad por la represión contra las manifestaciones de solidaridad con Palestina.
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