Así lo reconoció el ministro de Sanidad español, Alfonso Alonso, en la presentación de la Estrategia Integral para Personas Sin Hogar. Un proyecto que desde el pasado año “forma parte del Plan de Inclusión Social” y “cuyo objetivo es -oficialmente- prevenir, mejorar la atención, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad”.
Según datos publicados por el Centro de Acogida Assís, cada cinco o seis días muere en España una persona sin hogar en la calle y cada 20 otra como consecuencia de una agresión.
Conforme a los datos del último informe, basado en entrevistas a personas sin hogar, del Observatorio Hatento y otras organizaciones que estudian las agresiones a los “sin hogar”, un 47,1 por ciento de las agresiones registradas se han debido al odio hacia los pobres (aporofobia). De ese total, un 60 por ciento han sido agresiones físicas, mientras que el otro 40 por ciento han quedado en insultos y tratos vejatorios.
Destaca en el informe que en el 28,4 por ciento de los casos los agresores eran jóvenes, mayoritariamente varones.
En dicho informe se recoge, asimismo, el patrón que caracteriza a este tipo de agresiones de odio, llamadas también de “ocio”: a altas horas de la madrugada grupos de jóvenes salen de un lugar de ocio, buscan o encuentran a una persona durmiendo en un parque, en un cajero o en un banco de la calle y a “divertirse”…
Según relata Maribel Ramos, coordinadora del Observatorio Hatento, después de los insultos muchas veces les orinan encima, les pegan y “siempre hay risas”.
Estas personas – reitera la activista- “se convierten en un juguete más en mano de estos jóvenes, que a menudo lucen esvásticas, lo cual, a la hora de perseguir el delito, puede convertirse en un problema”.
Primero -apunta- porque escapa a “los datos de delitos de odio que ya recopila el ministerio del interior” y, segundo, porque a pesar del esfuerzo por “sensibilizar” a los cuerpos de seguridad, éstos no identifican las situaciones de violencia como tales. Suelen culpabilizar a la víctima -subraya Ramos- argumentado que se trata de reyertas en las que al agredido no es una víctima inocente.
En este sentido, y tras los sucesos en la Plaza Mayor de Madrid con los cerca de 3.000 fanáticos holandeses del club de fútbol PSV, que lanzaron monedas a varias señoras que estaban pidiendo entre los turistas y visitantes, el Observatorio Hatento se ha preguntado: “En qué medida la intervención policial hubiera sido la misma si en lugar de mujeres en situación de exclusión social, las víctimas no hubieran pertenecido a un perfil de exclusión tan extremo”.
Los datos que acabamos de ver constituyen, sin lugar a dudas, una pequeña muestra del conflicto de clases que divide a la sociedad española y que la grave crisis económica desnuda con crudeza.
Por los estudios socio-psicológicos sabemos que la competencia económica induce en quienes aún están a salvo de la ruina económica a la autocomplacencia frente a los “perdedores de la vida” como una forma de reforzar el propio “éxito”. En algunas personas se activa entonces el menosprecio y la insensibilidad que motivan asesinatos tan despreciables y canallas.
Sin embargo, y a pesar de la hoja de parra que representa la Estrategia Integral para personas Sin Hogar que impulsa el gobierno ultra conservador del Partido Popular, las causas de esas muertes continuarán provocando más desdichas como estas.
Muertes y desdichas como las que pudiera provocar el cumplimiento de la orden de desalojo que el pasado 14 de marzo, certificara el alcalde del municipio grancanario de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez contra las 77 familias alojadas en unos bloques de viviendas abandonados en nombre de la “seguridad” de los hombres, mujeres, ancianos y niños que allí viven.
Los vecinos de la comunidad “La Esperanza” lo tienen claro: “Nos quiere desalojar porque los edificios son un peligro para nuestra seguridad. Algo imposible de creer, teniendo en cuenta que lo que quiere es enviarnos a morir o a vagar por las calles con nuestro centenar de niños”. ¿Lo tendrá claro el alcalde?