La nueva cárcel de Punta de Rieles, en Uruguay, que entró en funcionamiento en enero, es el buque insignia de un modelo penitenciario diferente, donde las funciones represivas del Estado se adjudican a empresas privadas con el mismo resultado de siempre: palizas, torturas, hambre y muertes.
Juan Andrés Castro Jiménez tiene 40 años recién cumplidos y otro nombre. En 2016 cayó preso en el Comcar, pero desde fines de febrero de 2018 está en lo que llama “el laboratorio del gobierno”: la cárcel nueva de Punta de Rieles, conocida oficialmente como Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°1 (Uippl N°1); la única de las 29 cárceles para adultos del país que fue diseñada en el marco de la Ley de Participación Público-Privada y que es cogestionada por una empresa.
Juan Andrés no quiere volver al “cantegril”, como le dicen al sector del módulo 11 del Comcar, ni a estar recluido 24 horas con cinco más en una celda desde la que ve llover excrementos porque da a las cloacas de los pisos de arriba. Pero tampoco quiere seguir siendo “rata” en la prisión que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) promocionó como “modelo” penitenciario.
Desde que se inauguró a fines de enero, la nueva cárcel no ha sido noticia por las “oportunidades de estudio, de trabajo” ni por las “diferentes propuestas” que, según autoridades del INR, iba a brindar al recluso y marcarían la diferencia respecto a los demás centros de reclusión. Quizá sea porque la prisión “modelo” todavía no reúne “las imprescindibles actividades de rehabilitación, educación e integración para cumplir con lo mandado por las normas internacionales y nacionales”, como advirtió el comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit, en su informe anual presentado en mayo. Quizá porque los puestos laborales que iba a ofrecer la empresa hasta el momento han sido solo 30 para una población de 900, que seguirá aumentando hasta completar el total de plazas con 1060 hombres más.
Sin embargo, la Uippl N°1 sí fue noticia porque en menos de seis meses hubo dos hombres que murieron de forma violenta. La primera muerte fue la de Nicolás Alexander Díaz García, un joven de 23 años que el 31 de marzo se ahorcó en el sector de castigo de celdas individuales. Había sido trasladado a la cárcel nueva el 7 de febrero. El joven, que desde los siete años era tratado por psiquiatras por “problemas de conducta”, el 3 de marzo había solicitado ver a uno, pero el INR no obtuvo autorización judicial para trasladarlo. Doce días antes de que se matara había sido sancionado por una “falta leve” y le habían prohibido jugar al fútbol por 10 días, que era la única actividad que realizaba. Dos meses y medio después, el 19 de junio, asesinaron a Cristopher Bryan Salina Medina, que tenía 29 años. Murió desangrado en las escaleras del módulo ME 08, apuñalado por otro preso.
Aunque no pasó, la nueva cárcel también podría haber ocupado los titulares de los medios porque hubo y sigue habiendo intentos de suicidio; tres operadoras penitenciarias fueron sumariadas por hacer “favores” a reclusos; hubo violaciones sexuales entre presos; robos de las pertenencias de los lockers que están al ingreso de la cárcel, donde familiares y allegados de los presos deben dejar las cosas antes de ingresar a la visita; presos que lograron ingresar celulares; golpes de policías a los presos; peleas en las filas de la visita; peleas entre presos…
También porque en la cárcel “modelo” ya hubo policías que propinaron severos castigos físicos a los que están presos.
Pasó durante requisas en las que el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) golpeó a más de 100 hombres que están recluidos en los módulos MB03 y MB04. La primera vez incluyó horas de tortura en el patio; la segunda llegó después de varias amenazas y como castigo por haber denunciado la primera.
Menos de 12 horas después de que Bonomi saliera de la Cámara de Senadores, donde había estado casi medio día hablando sobre “seguridad pública” y defendiendo la labor policial, agentes del GEOP ingresaron a los módulos para inspeccionar las celdas en busca de elementos prohibidos. Las requisas son habituales en las cárceles y deberían realizarse de forma no violenta y con diálogo mediante. Sin embargo, el jueves 19 de abril la Policía llegó sin mediar palabra y a los golpes. Los que estaban en el MB03 la pasaron peor.
Los testimonios anónimos de una operadora penitenciaria, de uno de los golpeados a través de cartas, de dos familiares de presos en el MB03, y de funcionarios de otros organismos que también están trabajando allí, permitieron construir el siguiente relato.
Ese día el personal policial de la Uippl N°1 pidió refuerzos al GEOP para realizar la requisa. Como apoyo llegaron los agentes que trabajan en el Comcar. Segundos antes de que entraran a los módulos, alrededor de las 9:00, se escuchó por los altoparlantes del MB03 una orden: que las “PPL” (personas privadas de libertad) que estaban en el comedor, en la planta baja, se retiraran hacia el fondo del salón, “lejos de los rastrillos”, las puertas corredizas con cerrojo electrónico de ingreso a los espacios comunes. Entre la orden y la obediencia, los policías y agentes del GEOP ingresaron al sector, subieron las escaleras hacia el primer y segundo piso donde están las celdas, y bajaron con “forcejeos y apuros” a los que todavía estaban durmiendo. Uno de los presos se quejó y un agente del GEOP lo “agredió”. Algunos presos que estaban viendo “fueron a apoyarlo para que lo dejaran en paz”. Pero fue peor. “Abrieron fuego con gas lacrimógeno y empezaron a dar palo a diestra y siniestra”. Ordenaron que se tiraran al piso. Los arrastraron hasta el patio y los “pusieron de rodillas con las manos en la nuca”. Ese día llovió, así que bajo el agua los escupieron, los insultaron. Así estuvieron por varias horas hasta que regresaron a las celdas y se encontraron con sus cosas tiradas y rotas. La Policía rompió, incluso, los lentes de aumento de algunos reclusos. Algunos operadores penitenciarios se retiraron. Otros, como la jefa del área, identificada por los presos como la “señora Alicia”, permanecieron en silencio.
Unos 30 reclusos del MB03 comunicaron lo vivido a operadores y funcionarios. La dirección de la cárcel labró actas. Los hechos también fueron denunciados ante el equipo de Petit, quien en estos días dijo públicamente que había presentado dos denuncias penales “por malos tratos y abusos sistemáticos por parte de personal policial a los reclusos”. La fiscal Mónica Ferrero aclaró que aún está “diligenciando pruebas” y todavía no dirá “nada sobre dicha investigación”. Petit prefirió no entrar en detalles pero aseguró que su oficina ha elevado “recomendaciones y notas a las autoridades del centro, del INR, del Ministerio del Interior y del Parlamento”. “Estamos siguiendo de cerca la situación, estamos yendo varias veces por semana, estamos en contacto con los internos. Estoy muy preocupado. Estamos elevando más planteos para tratar de que esto no empeore, seguiremos trabajando”, agregó.
Los días siguientes a la requisa hubo calma en el sector; los presos no se podían “ni levantar”. El viernes 27 de abril, ocho días después, trasladaron a algunos ante una perita para que constatara las lesiones. Los hematomas ya eran color amarillo verdoso.
Un día de junio, los que estaban presos en el sector que habían recibido la peor paliza tuvieron una visita especial: la del jefe del GEOP. Ese hombre había estado en la requisa del 19 de abril, y fue a advertirles que se había enterado que habían denunciado a su grupo. Los retó a que se animaran a denunciar otra vez sus maltratos a “Petitito”. Los días pasaron, y aunque no se olvidaron de la amenaza, todo marchó sin golpes hasta el 5 de julio, cuando los policías de la Uippl N°1 volvieron a pedir refuerzos a la GEOP. Los agentes llegaron recargados. Esta vez los reclusos no contaron qué pasó ni a los funcionarios ni a Petit.
No obstante, hay otra denuncia penal del comisionado sobre la cárcel nueva en Fiscalía. Esta segunda denuncia tiene que ver con una situación cotidiana que se estaba dando en el sector MI, el de castigo de celdas individuales. Personal de la guardia externa de la prisión maltrataba y golpeaba a los reclusos cada vez que los trasladaban. Al ser un sector de “seguridad”, aumentan los controles, entre ellos los de constatación de lesiones. Los presos que están detenidos allí van dos veces al día al médico, y a la vuelta era el problema: los policías agredían y abusaban de su poder insultando a los reclusos, o directamente pegándoles, de forma cotidiana.
Esta semana la cárcel nueva ha vuelto a ser noticia: tres cuartas partes de los reclusos estuvieron en huelga de hambre. No fue la primera, pero sí la que lograron llevar a cabo más masivamente y por más tiempo. Empezaron el domingo 22 en reclamo de más comida y que vuelvan a permitir que las visitas ingresen con alimentos, que se dejen de aplicar castigos generales por malas conductas individuales, más horario de visita, y que se instalen más teléfonos públicos.
En algunos sectores la huelga había comenzado el sábado 21 (día en que se prohibió que los familiares y allegados entraran con “paquetes”, obligándolos a comprar la comida y artículos de higiene personal y limpieza en el economato de la cárcel). El jueves 26 la levantaron.
Ante el reclamo de los reclusos, dos días antes el INR emitió un comunicado que decía que “la principal reivindicación de los internos refiere al régimen de funcionamiento de la unidad que cumple con estándares internacionales”.
—https://www.elpais.com.uy/que-pasa/palo-tortura-hambre-carcel-modelo.html