El lunes Datatilsynet notificó a la burocracia sanitaria las infracciones desproporcionadas de los derechos fundamentales en relación con los pretextos de salud esgrimidos.
La paralización de la aplicación de rastreo, llamada Smittestopp, ha supuesto el inicio de conversaciones entre el instituto noruego de salud y Datatilsynet, la agencia noruega de protección de datos, para encontrar una alternativa antes del martes.
Mientras tanto, no se envía ninguna notificación y todos los datos recogidos a través de la aplicación se están borrando.
En Noruega la aplicación ha sido descargada 1,6 millones de veces, una cifra muy elevada teniendo en cuenta el tamaño de la población, 5,3 millones, pero el cálculo no es preciso. Por ejemplo, no se sabe si incluye varias descargas en el mismo móvil. Los usuarios activos serían menos de 600.000.
La aplicación arrancó el 16 de abril. Funciona localizando otros móviles cercanos, en un radio de menos de dos metros, y si el acercamiento dura más de un cuarto de hora, emite una alerta si se trata de un apestado por coronavirus, aunque no ocurre lo mismo si el apestado es por dengue, Ébola, chikungunya u otro virus diferente.
A pesar del atentado a libertades, la burocracia sanitaria ha recomendado a la población que no desinstale la aplicación. “Esperamos que mantengan la aplicación lista en sus teléfonos. Esto significa que podemos reactivar rápidamente la aplicación si encontramos una solución que satisfaga a Datatilsynet”, ha dicho Camilla Stoltenberg, la directora del instituto de salud.
La aplicación utiliza el GPS, además de bluetooth, aunque es posible desactivarla.
En Alemania la informática de rastreo también se ha puesto en marcha en medio de polémicas similares. Pero además de las críticas a los derechos fundamentales, el coste de la desactivación no ha pasado desapercibido. La creación de Corona-Warn-App, que es como se llama en Alemania la aplicación de rastreo, costó 20 millones de euros y requiere entre 2,5 y 3,5 millones de gastos mensuales para que pueda seguir funcionando.
Menos en España, en cualquier parte de Europa las personas y los colectivos se esfuerzan por defender sus derechos y libertades más básicas.