Naiz
Nagore Mujika, detenida cuando visitaba a su compañero en prisión y puesta en libertad por falta de pruebas; Iosu Uribetxebarria, arrestado en su domicilio cuando prácticamente agonizaba; Santiago Arrospide, encarcelado al de poco de ser liberado tras 27 años en prisión… no son casos aislados, como no lo es el del iruindarra Jorge Olaiz, enviado ayer a prisión por una causa archivada en 2002. No se trata de casos excepcionales sin investigar en su día, sino que responden a una estrategia política, precedida por una campaña mediática cuyo motivo son los atentados –los de ETA– sin esclarecer. Causas «traspapeladas en los archivos de la Audiencia Nacional», según aseguraba un diario español hace unas semanas, que repentinamente y al cabo de muchos años han comenzado a aparecer.
En el procesamiento de Jorge Olaiz concurre además el esperpento. La acusación en su contra está sustentada en un supuesto nuevo elemento que no es otro que la declaración de un testigo oculto que asegura haber presenciado, hace 15 años, los hechos que el juez imputa a Olaiz. Un supuesto testigo que hasta ahora no había figurado en el procedimiento, ni cuando Olaiz fue detenido, en 2001, ni en la instrucción ni en el juicio en el que otra persona fue condenada por esos hechos, ni durante los 13 años en los que Olaiz permaneció en prisión. Ahora, sin embargo, la declaración de ese repentino testigo es suficiente para reabrir el caso y encarcelar preventivamente a Olaiz, quien se había presentado voluntariamente en la Audiencia Nacional.
La pretensión de mantener de por vida en prisión a ciudadanos vascos retorciendo las leyes o directamente incumpliéndolas, la fabricación de acusaciones y pruebas, los procesos políticos –con petición de más ilegalizaciones– y el acoso represivo en general no responden a ningún afán de justicia; al contrario, sacrifican principios como la seguridad jurídica al servicio de intereses políticos. No es justicia, es política… rastrera.
Naiz, 12 de febrero, http://www.naiz.eus/eu/iritzia/editorial/