Según las investigaciones basadas en los registros de la prisión y del cementerio, se estima que hay unas 60 personas enterradas en esta fosa, procedentes de distintos pueblos de Valencia, Madrid y Burgos. Es, hasta ahora, la más grande en el territorio valenciano, último escollo de la República. Como gran parte de las tumbas comunes de víctimas del franquismo, está sin exhumar, pese a la ley de Memoria Histórica.
Para rescatar a los asesinados del olvido, los familiares se han constituido en una asociación y gracias a las ayudas de la Diputación de Valencia, comenzarán las excavaciones en junio.
“Empezó como un proyecto personal”, cuenta Santi Vallés, lingüista, escritor y presidente de la asociación. “Yo buscaba a mi tío Paco porque se lo prometí a mi abuela antes de morir”. El presidente de la asociación se encargó personalmente de ir a los archivos de Salamanca, a los del Ministerio de Defensa y de contactar con ArqueoAntro, una plataforma que ya estaba realizando exhumaciones en otras poblaciones.
Los familiares lamentan el exceso de burocracia por el que deben pasar para autorizar los proyectos, así como el elevado coste de los mismos.
Este en concreto costará unos 125.000 euros y la Diputación de Valencia financia aproximadamente la mitad. “Sin las ayudas sería imposible. El Estado debería actuar de oficio y hacer como en Alemania, asumir la responsabilidad con normalidad e invalidar los juicios que los condenaron a muerte”, reclama Santi como portavoz de los familiares de las víctimas.
Los trabajos comenzarán en cuanto finalice la exhumación de los cuerpos de la fosa 82, también en Paterna, en la que se estima que hay enterradas unas 20 personas. Miguel Mezquida, de ArqueoAntro, responsable de ejecutar el proyecto, prevé que será una labor más complicada que las anteriores. “Prevemos que nos llevará alrededor de 2 meses y medio. Hay muchas víctimas enterradas, unas encima de otras porque se acumulan varias ‘sacas’ y es un espacio muy pequeño, de unos dos metros de largo, dos de ancho y más de cuatro de profundidad”.
Miguel explica que realizan esta tarea porque «la gente tiene derecho a saber lo que ha pasado”. “Las fosas siempre hablan. Es un trabajo minucioso, es una excavación en contexto forense, aunque el Estado español no judicializa estos crímenes”, señala Miguel. Aunque, añade, con esperanza “hacemos el trabajo forense para que algún día se puedan juzgar”.
Esta era la fórmula genérica con la que comenzaban las misivas que se enviaron a los familiares de los fusilados por agentes franquistas en nombre supuestamente de los otros presos: “Valencia, a 18 de enero de 1940. Cárcel Modelo. Estimada compañera, el principal motivo que nos induce a escribirle esta carta es para manifestarle nuestro dolor muy justificado por la ejecución de su marido y buen compañero nuestro. Patente su extremado valor, habiendo ir cara a la muerte con la tranquilidad que caracteriza a los inocentes”.