Dicho planteamiento es además contrario a la realidad tanto en épocas de bonanza como de crisis e incluso más allá del mismo balance, que ya sitúa los aportes del colectivo por encima del gasto -631.586.692 millones de ingresos por 593.3888.923 de gastos en 2012- o, por el contrario, de que el capítulo de aportaciones a la protección social procedentes de los inmigrantes haya crecido solo un 1,1% en los últimos cuatro años (del 3,3% del total de 2008 al 4,4% de 2012) frente al 2,4% (del 5% al 7,4% del total) en que se ha incrementado el porcentaje de gastos que se les atribuye.
La inmigración aporta a la sociedad vasca otros beneficios que no son intangibles aun si así se pretende desde ciertos ámbitos, especialmente en el aspecto demográfico y de relevo generacional en una sociedad envejecida como la nuestra, al contribuir al aumento de la tasa de natalidad o reducir la tasa de envejecimiento y de dependencia.
A pesar de que también en Euskadi la fuerza de trabajo inmigrante ha sufrido más el impacto de la crisis, ha contribuido a disminuir la diferencia entre ingresos y gastos con los autóctonos, hasta dejarla en apenas 41 euros por persona y año, de los 3.906 euros de coste por persona inmigrante a los 3.947 por persona autóctona.
Los trabajadores inmigrantes no solo gastan menos de lo que aportan sino que gastan menos que los autóctonos, mayormente por una menor utilización de ciertos servicios, al tiempo que contribuyen a frenar el envejecimiento de la población. Por eso el futuro de la clase obrera pasa por ellos.