Mientras la guerra se recrudece en Oriente Medio, los burócratas de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para debatir una de las peores consecuencias del enfrentamiento, el alza de los precios de la energía, que repite lo que ya ocurrió al comienzo de la Guerra de Ucrania.
Desde los ataques iniciales, los precios del gas en Europa han alcanzado su nivel más alto desde 2023. Eso alimenta el debate sobre la mejor manera de regular los precios de la energía, excesivamente altos en Europa, que ya eran mucho más altos que los de sus principales rivales industriales, Estados Unidos y China.
Las soluciones propuestas —intervenir los precios de la electricidad, desmantelar las políticas descarbonizadoras y acudir al gas ruso— son políticamente explosivas. Además es improbable que tengan un impacto rápido.
En el centro del debate se encuentra el método europeo para fijar los precios de la electricidad. Bajo el sistema de “clasificación por méritos”, las centrales eléctricas se clasifican de la más barata a la más cara, y el precio se fija para todas las demás cuando la última necesaria para satisfacer la demanda es, en realidad, una central de gas.
Eso supone que los generadores de la energía llamada “renovable”, cuyo consumo es barato porque la energía eólica y solar, a diferencia del petróleo y el gas, son gratuitos, son mucho más caros de lo que deberían ser.
Guerra entre los diferentes grupos monopolistas europeos
El intento de cambiar la régulación de los precios de la energía no es nuevo. Comenzó con la Guerra de Ucrania, sin ningún resultado. Ursula von der Leyen reavivó el debate el mes pasado al prometer que estará en el orden del día de la próxima cumbre europea, los días 19 y 20 de este mes (1).
Así se ha desatado la guerra entre los diferentes grupos monopolistas europeos. La industria pesada (consumidores) argumenta que el sistema actual ya no es adecuado para una crisis alimentada por los combustibles llamados “fósiles”, dice Axel Eggert, director de Eurofer, el principal grupo de presión de la industria siderúrgica. “La mayor parte de la electricidad ya es limpia o renovable, pero los precios de esta electricidad también se ven directamente afectados”.
Las eléctricas (productores) tienen una opinión muy diferente. En una carta enviada el lunes a la Comisión y a los presidentes de gobierno de la Unión Europea, el cártel Eurelectric instó a la Comisión a no reabrir el debate sobre la reforma del mercado eléctrico, describiendo la “clasificación por méritos” como el mejor “para garantizar una asignación rentable de la generación, señales de precios transparentes e incentivos eficaces a la inversión”.
La polémica llegó el jueves a los países miembros, cuando un grupo de siete ministros de energía instó a Von der Leyen a dejar las cosas como están, afirmando que “no se ha identificado ningún modelo alternativo satisfactorio”. Finlandia y Francia se han mostrado a favor (2).
Cuando en Europa las crisis energéticas se suceden una tras otra, es muy difícil que esta postura prospere.
El desmantelamiento de la política descarbonizadora
Otra opción que están estudiando es abandonar las políticas verdes. Pero en torno al medio ambiente Europa ha generado una costra de grandes intereses económicos y políticos, que no son fáciles de superar.
En 2005 Bruselas aprobó el Régimen de Comercio de Emisiones (RCDE), que es la principal medida descarbonizadora de la Unión Europea. Obliga a las empresas la adquisición de permisos para sus emisiones de CO2, fomentando así una mayor inversión en energías renovables y procesos industriales con bajas emisiones de carbono.
Para reducir los precios de la energía, los países europeos están aprovechando la próxima revisión del RCDE para impulsar reformas, especialmente Alemania e Italia, dos de los mayores productores de Europa, muy dependientes del gas.
La postura de Alemania, pionera de las políticas verdes, es sintomática, pero su crisis industrial no le deja otra opción. El mes pasado Merz redujo el precio del carbono y sugirió una flexibilización del RCDE, antes de dar marcha atrás rápidamente. Su ministra de Economía, Katharina Reiche, reafirmó su postura la semana pasada, declarando que un mecanismo para calcular el número de permisos de contaminación gratuitos a los que tienen derecho ciertos sectores no e viable para la industria química alemana.
Por su parte, Roma ha lanzado una ofensiva en dos frentes, pidiendo abiertamente que se congele el RCDE hasta que se implementen las reformas. Al mismo tiempo, propuso una ley nacional para reembolsar a las centrales eléctricas de gas el coste del carbono.
Las industrias de altas emisiones también presionan para una mayor flexibilización del RCDE.
‘Sostenella y no enmendalla’
El gobierno español del PSOE y Sumar se ha convertido ahora en el estandarte del “sostenella y no enmendalla”. Los movimientos verdes sostienen, por su parte, que la alternativa es producir más energía “limpia” dentro de Europa. Las energías llamadas “renovables” producen casi la mitad de la electricidad de la Unión Europea, pero solo alrededor del 20 por cien del consumo energético total. Para aumentar este porcentaje, es necesario electrificar todos los sectores que actualmente utilizan combustibles convencionales: automóviles, calefacción, industria, etc.
Una de las principales abanderadas de la Unión Europea a cargo de la descarbonización, Teresa Ribera, instó el miércoles a Europa a responder a la crisis con “máxima electrificación, máxima reducción del consumo de combustibles fósiles y máxima eficiencia”. El Comisario de Clima de la ONU, Simon Stiell, se hizo eco de esta postura.
Pero construir los parques eólicos y solares, las centrales nucleares y las redes eléctricas necesarias —sin mencionar la sustitución de equipos antiguos que funcionan con combustibles “fósiles” por coches eléctricos, bombas de calor, fábricas y fundiciones— no llevará semanas ni meses, sino décadas, y costará billones de euros.
No obstante, las políticas verdes han fracasado y todo apunta en la dirección contraria: más combustibles “fósiles” y más baratos. También es cierto que la clave no está en optar por una cosa o por la otra, sino por todo a la vez, es decir, por diversificar las fuentes de electricidad.
El futuro está ahí. Esta semana, Dan Jorgensen, comisario de energía de la Unión Europea, ha visitado a Azerbayán para firmar un acuerdo provisional sobre gas, que calificó como una victoria para la seguridad energética.
Mientras tanto, Noruega, el mayor proveedor de gas de Europa, amplía sus propias operaciones de perforación, y Reino Unido se enfrenta a la presión de intensificar las perforaciones en el Mar del Norte.
Por su parte, los gigantes estadounidenses Chevron y ExxonMobil se preparan para iniciar la perforación de gas en aguas territoriales griegas.
El cambio más significativo ha sido la transición al gas licuado, especialmente al que procede de Estados Unidos. La Unión Europea ya ha construido varias terminales de gas desde que comenzó la Guerra de Ucrania, y varias más están en construcción en Italia, Grecia, Letonia, Estonia e Irlanda, muchas de las cuales recibirán gas de Estados Unidos.
La gran baza europea es el gas ruso
La gran baza de Bruselas sería la reapertura el mercado a las importaciones de gas ruso, que presionarían los precios a la baja. Pero -de momento- es un tabú. La Unión Europea tendría que tragarse sus palabras y acabar con las sanciones.
“Al rechazar la energía rusa, la Unión Europea se ha disparado repetidamente en el pie, hasta el punto de perder el equilibrio”, afirma Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa.
A causa de ello Dmitriev pronostica el inicio de una era de bancarrota y un colapso energético total en Europa tras el corte del suministro de gas ruso.
A finales de enero, el Consejo de la Unión Europea aprobó finalmente la prohibición de las importaciones de gas ruso a partir del 1 de enero de 2027 y de gas por gasoducto a partir del 30 de septiembre de 2027.
Sin embargo, estas restricciones entrarán en vigor bastante antes. Las importaciones de gas con contratos a corto plazo estarán prohibidas a partir del 25 de abril de este año, y los contratos de suministro de gas por gasoducto a corto plazo deberán formalizarse antes del 17 de junio.
Putin declaró el 4 de marzo que, dada la intención de la Unión Europea de abandonar por completo su gas, Rusia podría tomar la iniciativa de retirarse del mercado europeo y redirigir sus suministros a clientes más interesados.
(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_26_405
(2) https://pro.politico.eu/news/214274