Actualmente, la vigente Ley de Montes es la norma de referencia en España para la protección de terrenos forestales. Según su artículo 50, se prohíbe expresamente el cambio de uso de un terreno forestal incendiado durante al menos 30 años, pero hay excepciones.
La Unión Europea tiene interés en el subsuelo
Este argumento, que parece irrebatible a la hora de disipar posibles relaciones entre incendios e industria minera, es una verdad a medias. El Reglamento de Materias Primas Críticas de la UE, en su artículo 27, establece de forma específica que los proyectos estratégicos pueden autorizarse en zonas con protección ambiental cuando el llamado «interés público» sea superior a los efectos medioambientales adversos. «Interés público», «valor estratégico» o terminología similar van sustituyendo paulatinamente a los argumentos ambientalistas.
Actualmente, el Gobierno de España está impulsando una reforma de la Ley de Montes en el marco del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029 cuya orientación va precisamente en ese camino, es decir, la minería de tierras raras como «valor superior».
El plan impulsa que proyectos mineros estratégicos sean declarados de «interés público de primer orden» (figura ya existente en el art. 50 de la Ley de Montes), lo que en la práctica permite excepcionar la prohibición de cambio de uso de terrenos forestales incendiados, si bien para lo cuál haría falta una ley autonómica o estatal que así lo declare.
La excepción a la ley de montes: considerar un emplazamiento como «estratégico»
Un ejemplo fue el proyecto de mina de litio en el Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, una región que posee un notable valor ecológico, catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Esta área es conocida precisamente por su biodiversidad y su importancia ambiental.
Sin embargo esto no fue óbice para que la Unión Europea catalogara este proyecto como «estratégico», con el objetivo de reducir la dependencia de Europa de China en la producción de tierras raras, específicamente en minerales como el neodimio y el lantano, que son esenciales para diversas tecnologías modernas, incluyendo imanes y baterías.
La propuesta implicaba la tala de encinas y la eliminación de matorral mediterráneo en una extensión de 200 hectáreas. La declaración de interés público buscaba excepcionar las protecciones establecidas por la Ley de Montes, lo que generó un intenso debate sobre la conservación del medio ambiente frente a las necesidades industriales.
Finalmente, en 2017, el proyecto fue archivado debido a la presión social y ambiental ejercida por diversas organizaciones y movimientos ecologistas. Sin embargo, la empresa ha reactivado su actividad en 2025, lo que sugiere que el interés por la explotación de estos recursos sigue vigente.
El caso de las minas de litio en Cáceres
Otro caso, de mayor éxito para la industria minera, es el de las minas de litio en Cáceres, promovido por Lithium Iberia. Este proyecto se encuentra en Las Navas, en la provincia de Cáceres, una zona que está situada cerca de áreas protegidas bajo la Red Natura 2000 y próxima a los incendios forestales que azotaron Extremadura durante el año 2025
En marzo, este proyecto también fue incluido en la lista de proyectos críticos de la Unión Europea, lo que resalta su importancia para la producción de baterías de vehículos eléctricos. Según el informe de impacto ambiental, la actividad minera afectaría a dehesas y bosques mediterráneos, ecosistemas que son vitales para la fauna y flora locales. La empresa ha argumentado que existe un «interés público superior» que justifica la aceleración de los permisos necesarios para llevar a cabo la explotación.
El proyecto afecta a un monte público que sufrió un gran incendio en agosto de 2003, pretendiendo situar sobre este cortas y depósitos de lodos, a pesar de que la citada Ley de Montes prohíbe ese cambio de uso. Desde el punto de vista urbanístico afecta a suelos con protecciones ambientales en los municipios de Pedroso de Acim, Cañaveral y Holguera; y según el Observatorio Ibérico de la Minería, el proyecto está plenamente respaldado por la Junta de Extremadura, que está dispuesta a acogerse a la excepción normativa.
Es decir, la supuesta rigidez de la normativa contrasta con las excepciones que la ley otorga a las empresas mineras, quienes solamente necesitan voluntad política para sacar sus proyectos extractivos adelante, aún a costa de devorar miles de hectáreas con fines especulativos. En todos los casos existentes, lo que buscan los promotores de la actividad minera es ser incluidos en la lista de «reservas estratégicas» de la UE, ya que el contexto actual de guerra facilitará que gobierno central o comunidades autónomas declaren el emplazamiento como prioritario.
Fiebre por las tierras raras
Asimismo, una zona devastada por los incendios genera además mucho menor impacto social a la hora de transformarse en área de actividad extractiva, ya que con ella se podrá introducir entre la población afectada el recurrente argumento, normalmente falso, de la supuesta creación de puestos de trabajo.
En efecto, España vive una fiebre del oro por las tierras raras, pero por una sencilla explicación: la llamada “transición ecológica” que promueve la UE y el gobierno español no es otra cosa que la imposición de una economía de guerra, cuyo objetivo es que España sea el suministrador de materia prima mineral para la floreciente industria militar.
Los incendios son prueba de ello, porque los costes de exploración y explotación son mucho más bajos en las zonas donde se reduce la masa forestal. La presencia de vegetación densa, que incluye árboles altos y matorrales espinosos, puede dificultar notablemente el transporte de equipos pesados, como perforadoras y geófonos, así como el desplazamiento del personal técnico que trabaja en el área. Esta dificultad se traduce en un aumento del tiempo necesario para llevar a cabo las tareas y en la posibilidad de que se produzcan retrasos en los proyectos.
Al eliminar la cubierta vegetal, se logra una reducción significativa en el tiempo y el coste de logística.
Las técnicas utilizadas en la prospección geofísica, que incluyen herramientas como magnetómetros, espectrómetros de rayos gamma y dispositivos de resistividad eléctrica, se vuelven mucho más efectivas cuando no hay interferencias causadas por raíces, humedad o biomasa. Por ejemplo, la detección de anomalías magnéticas que son características de minerales como la magnetita se realiza con mayor precisión en un entorno despejado de vegetación. Esto no solo mejora la calidad de los datos obtenidos, sino que también permite una interpretación más clara de los resultados, lo que es fundamental para la identificación de recursos minerales y la planificación de futuras exploraciones.
La eliminación de la cubierta vegetal también facilita la visualización directa del terreno, lo que permite identificar formaciones rocosas, fallas geológicas o zonas de alteración hidrotermal. Estos elementos son claves para la localización de minerales y otros recursos naturales que podrían estar ocultos bajo la vegetación. Además, esta visibilidad mejorada facilita el muestreo de suelos y rocas, ya que se puede realizar sin la contaminación que podría ocasionar la materia orgánica presente en la vegetación. Esto asegura que las muestras sean más representativas y que los análisis posteriores sean más confiables.
El interés de la industria de guerra por la minería
Para que la industria minera trabaje tranquila es necesaria una tierra arrasada, rebajar la calidad de las supervisiones ambientales, introducir restricciones estúpidas en el mantenimiento de la masa forestal y establecer, como se acaba de hacer, un marco legal que prime el supuesto «valor estratégico» de los recursos minerales. Recursos que son el combustible que la industria de guerra necesita. Es paradigmático que la intensa actividad prospectiva de la minería de la última década, promovida desde la propia administración, se combine con el cada vez más destacado abandono de las áreas forestales españolas, denunciado en múltiples ocasiones por sindicatos de retenes y organizaciones ambientales.
De hecho, el bautizado como Plan de Acción 2025-2029 contempla una lluvia de más de 400 millones de euros de ayudas públicas para extraer o identificar recursos de altísimo valor, y con ello pasar a ser un suministrador preferente de los principales países compradores.
Para establecer responsabilidades en los incendios forestales hay que mirar a las empresas beneficiarias del potencial minero español: Rheinmetall, empresa alemana que adquirió Expal (fabricante de municiones) en 2023, depende de wolframio para municiones perforantes, con posible interés en suministros españoles; Airbus, que aunque no es una empresa militar directa, su división de defensa (Airbus Defence) requiere tierras raras para sistemas aeroespaciales y de comunicación; o consorcios europeos como el FCAS o el Eurofighter, que implican a múltiples empresas que dependen de minerales críticos españoles para reducir la dependencia de China.
Fuentes:
1-Documentation of Acidic Mining Exploration Drill Cuttings at the Pebble Copper–Gold Mineral Prospect, Southwest Alaska
https://www.mdpi.com/2076-3298/6/7/78
2-https://www.guidelinegeo.com/mineral-exploration/
3-https://www.pheasantenergy.com/mineral-exploration/
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