La pandemia está sirviendo a las grandes farmacéuticas mundiales como una oportunidad de redimirse como las salvadoras ante unos consumidores que tradicionalmente las han mirado con recelo.
Las empresas farmacéuticas acumulan en los últimos años un buen número de actividades criminales por las que han sido sancionadas con miles de millones. Sin embargo, la dispersión y poca publicidad que se da a las sentencias hacen difícil evaluar el alcance de las ilegalidades cometidas a costa de la salud de millones de personas.
Tres investigadores estadounidenses, Denis Arnold, Oscar Jerome Stewart y Tammy Beck, han recopilado en la revista científica Jama (*) las multas impuestas a las grandes empresas farmacéuticas por las actividades ilegales cometidas entre 2003 y 2016.
La lista de multas está encabezada por GSK (GlaxoSmithKline), condenada en 27 ocasiones por más de 9.700 millones de dólares, con precios ajustados a la inflación de 2016.
Buena parte del total corresponde a la sanción de 3.000 millones de dólares que le impusieron en Estados Unidos en 2012, y que se convirtió en la mayor de la historia jamás pagada por un gigante farmacéutico. Los delitos cometidos por GSK fueron la promoción ilegal de ciertos medicamentos recetados, su falta de informes de seguridad y su responsabilidad civil por supuestas prácticas de precios falsos.
La farmacéutica está actualmente implicada en el desarrollo de varias vacunas contra el coronavirus con otras empresas, principalmente la canadiense Medicago y la francesa Sanofi. De esta última ha logrado vender a la Comisión Europea 300 millones de dosis de su potencial vacuna, que estaría disponible en la segunda mitad de 2021. Sanofi aparece también en la lista de Jama tras haber sido sancionada diez veces por valor de 536 millones de dólares en la última década.
Tras GSK ocupan las primeras posiciones en la carrera de fraudes otros nombres conocidos. Pfizer (18 multas y 2.910 millones) y Johnson & Johnson (15 multas y 2.668 millones) comparten el podio de delitos.
Tras ellas está Abbott, propietaria de la patente de un test de antígenos, con 11 multas y 2.581 millones en sanciones entre 2003 y 2016.
AstraZeneca, desarrolladora de la vacuna ideada inicialmente en la Universidad de Oxford, acumula 10 multas y 1.172 millones en los últimos años. La mayor parte de sus manipulaciones han consistido en alteraciones en los precios y reparto de mordidas ilegales para conseguir contratos. El director mundial de innovación de la farmacéutica, el oncólogo catalán Josep Baselga, tuvo que salir por patas del hospital Memorial Sloan Kettering tras desvelarse sus conflictos de interés con varias empresas del sector, que él nunca reveló en sus artículos seudocientíficos.
Eli Lilly está desarrollando en estos momentos el el bamlanivimab, uno de los anticuerpos monoclonales contra el coronavirus, aprobado hace unos días para su uso de emergencia en Estados Unidos. Aparece entre los cinco primeros defraudadores, con siete sanciones que le han supuesto 1.775 millones de dólares. La mayor parte, en este caso, se debió a promocionar productos para propósitos médicos más allá de los que estaban aprobados por la FDA.
Los autores del artículo se centran en empresas grandes. De las 26 farmacéuticas seleccionadas, un 85 por ciento han sido sancionadas por actividades ilícitas. Solo se libran cuatro: Biogen, Celgene, Gilead y Hospira. Hay que agregar, no obstante, que Celgene y Hospira fueron absorbidas por Brystol-Myers y Pfizer respectivamente, dos grandes empresas que sí aparecen en la lista.
Gilead, por su parte, ha recibido muchas críticas por los precios a los que pone sus tratamientos (Sovaldi, un remedio contra la hepatitis C o el remdesivir, que es una estafa típica del coronavirus, tasado en unos 2.300 dólares por tratamiento). Pero nunca ha sido multada.
Una de las categorías criminales habituales es el etiquetado engañoso, los sobornos o comisiones ilegales una vez logrado un contrato determinado, los daños medioambientales y la vulneración de los principios de competencia. Las categorías sancionadas con más frecuencia son las relacionadas con los precios, con la publicidad para usos clínicos no aprobados, con las comisiones ilegales tras conseguir un contrato o con el etiquetado engañoso.
Los investigadores estudiaron durante cuántos años habían continuado las empresas la actividad ilegal asociada a las multas. En esta categoría aparecen empresas menos conocidas como Actavis, más conocida por la compra en 2014 de Allergan, fabricantes del botox, por 66.000 millones de dólares. Actavis mantuvo de media durante 11 años las actividades por las que posteriormente fue sancionada, seguida de Amgen (9,78 años), Wyeth (8,71) o las ya mencionadas AstraZeneca (8,30) y GSK (7,22).
Ahora todas estas empresas compiten por ofrecer al mundo una pócima mágica contra la pandemia que las redima sus pecados y, naturalmente, infle sus bolsillos para que pueda seguir delinquiendo a costa de la salud de millones de personas.
(*) https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/10.1001/jama.2020.18740
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