En una carta dirigida esta semana al secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, la diputada laborista y ministra “en la sombra” de Asuntos Exteriores, Emily Thornberry, y el fiscal general “en la sombra” del Partido Laborista, Shami Chakrabarti, plantearon su inquietud por las cifras expuestas en el último informe anual presentado por el ISC (Comisionado de Servicios de Inteligencia).
Este organismo supervisa las prácticas de intercambio de información entre las tres agencias de inteligencia británicas: el Servicio de Seguridad del Reino Unido (MI5), el Servicio de Inteligencia Secreto (MI6) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ).
En 2009 se divulgó públicamente un documento oficial denominado “Guía consolidada sobre la detención y el interrogatorio de detenidos en el extranjero”, o simplemente “la Guía consolidada”, que reúne las directrices sobre la obtención de información de detenidos en el extranjero.
Los datos hasta ahora no publicados del ISC revelan que, solo en 2016, las tres agencias y el Ministerio de Defensa del Reino Unido consultaron la Guía en 921 casos, lo que supone más del doble que el año anterior.
“El informe más reciente del comisionado revela una duplicación de los casos considerados en la Guía consolidada, en comparación con los últimos tres años, y un número sin precedentes de reconocidos fallos en la aplicación de la Guía”, escriben Thornberry y Chakrabarti, según reveló el domingo el diario local The Guardian.
Recientemente el gobierno de Londres se ha visto obligado a disculparse por la participación de espías del MI6 en la tortura de detenidos por la CIA.
El nombramiento de Gina Haspel, una agente de espionaje veterana con antecedentes de tortura, como nueva directora de la CIA en Estados Unidos, ha despertado preocupación y el gobierno británico debe demostrar que toma en serio su cumplimiento con la prohibición internacional de la tortura.
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