Los accidentes laborales se disparan un 25 por ciento en los últimos cinco años

David Durán

El inicio de la recuperación de los puestos de trabajo eliminados por la crisis del 2007 está llegando acompañado de un considerable aumento del número de accidentes producidos en el entorno laboral. Elevadas tasas de temporalidad y factores de creciente precariedad se encuentran detrás de estas cifras. Entre los cientos de accidentes que se producen de forma diaria, la actividad laboral mata todas las semanas a una media de 12 personas.

Estas muertes no parecen formar parte de la agenda del gobierno ni suponen una prioridad para los partidos políticos. La cuestión suele quedar reducida al ámbito de las corporaciones y los controles que decidan implementar. En todo caso, incluso organizaciones como el PSOE, responsables de aplicar reformas laborales restrictivas cuando se encontraban en el gobierno, reconocen en la oposición que la última reforma del 2012 mata. El Sindicato de Oficios Varios de la CNT considera que “la valoración de los riesgos laborales por las empresas no se hace buscando su erradicación. La productividad y los beneficios son factores que para las empresas están por encima de nuestras vidas”.

Algunas voces podrán argumentar que el crecimiento de estas cifras camina de la mano del aumento de altas en la seguridad social, una suerte de discurso fatalista que prefiere obviar la responsabilidad de instituciones y empresas a la hora de mejorar los aspectos relacionados con la seguridad en el trabajo. En todo caso, desde el año 2013 el número de afiliados a la seguridad social ha subido un 12,85 por ciento, lo que representa solo la mitad del aumento en accidentes laborales.

Pero ni siquiera estos datos reflejan la situación actual, que también esconde una particularidad cada vez más frecuente en los nuevos contratos laborales: la jornada parcial o reducida. El número total de horas trabajadas desde el año 2013 solo ha crecido un 6,33 por ciento, lo que supone la mitad de las altas contabilizadas en la seguridad social. En definitiva, la siniestralidad en el trabajo crece cuatro veces más que el tiempo de trabajo.

Además de la creciente cifra de fallecimientos que arroja cada año el mundo del empleo, la estadística refleja una variedad de accidentes graves que dejan secuelas en la población trabajadora y que se cuentan por miles todos los años. Fracturas de huesos, quemaduras, conmociones, lesiones múltiples… En el último año se han contabilizado hasta 4.837 casos, un aumento del 13 por ciento desde el 2013.

La penúltima vuelta de tuerca del gobierno y la patronal se hizo efectiva con la Ley de Mutuas aprobada en el año 2014. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social son empresas privadas que nacen con el objetivo de controlar el absentismo laboral. Tienen la capacidad de proponer el alta, que ratifica el Instituto Nacional de la Seguridad Social con posterioridad. De esta forma, la institución pública externaliza las labores de diagnóstico de las enfermedades sufridas por la clase trabajadora.

Las mutuas reciben bonus o incentivos por bajos índices de siniestralidad por parte de las empresas. Además, se encargan del pago desde el primer día, por lo que son parte doblemente interesada en que la persona accidentada se restablezca lo antes posible. La gestión de los accidentes laborales por parte de estas corporaciones es denunciada por algunos sindicatos como CNT, que además de señalar el conflicto de intereses a la hora de valorar la duración de las bajas, acusan a estas entidades de no contar con instalaciones médicas ni recursos adecuados para atender accidentes graves.

Los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ofrecen todo tipo de detalles relacionados con el número de víctimas, tipo de lesión y diferentes segmentaciones por sector de producción, sexo o comunidad autónoma. Sin embargo, nada aparece publicado sobre la situación contractual de la persona empleada o la entidad en la que se sufren los siniestros.

De esta manera, ni se puede relacionar siniestralidad con precariedad y subcontratación, ni se pueden establecer patrones que identifiquen a las empresas donde se produzcan accidentes de forma reiterada.

Las estadísticas oficiales, alarmantes por sí mismas, solamente reflejan una parte de la realidad de los centros de trabajo, puesto que no contabilizan las enfermedades profesionales, ni las bajas por estrés o acoso laboral. Tampoco contemplan ninguno de los accidentes sufridos por las personas que trabajan sin el amparo de un contrato.

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