En la II Reunión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica-Comercial, celebrada en Rusia el 29 y 30 de mayo, ambos países acordaron dar pasos concretos para promover la colaboración bilateral en los proyectos energéticos, agrícolas y de transporte.
En setiembre los ministros de Asuntos Exteriores de Bolivia y Rusia, Fernando Huanacuni y Serguei Lavrov, firmaron un “Acta de Intenciones de consultas interactivas en foros multilaterales” en Nueva York, en el marco de la 72 Asamblea General de la ONU.
Además del apoyo diplomático, las relaciones entre Bolivia y Rusia giran en torno a proyectos energéticos. El monopolio ruso Gazprom opera en Bolivia desde el memorando de entendimiento de 2007 con la empresa petrolera estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
La Agencia Boliviana de Energía Nuclear y la empresa de energía nuclear rusa Rosatom firmaron un contrato para la construcción de un centro de investigación y tecnología nuclear en septiembre pasado. Se ubicará en la ciudad boliviana de El Alto y comprenderá un reactor de investigación refrigerado por agua, un centro de instalación de gamma experimental multipropósito, instalaciones de ingeniería y varios laboratorios.
Otro proyecto potencial que puede materializarse con la visita de Putin es las ventas de armas. El comandante de la fuerza aérea boliviana recomendó que La Paz adquiriera el avión de ataque ligero “Mitten” ruso Yakovlev Yak-130 para reemplazar los Lockheed T-33 del servicio.
A la Unión Europea no le gustan los planes del gobierno boliviano. En julio de 2013 varios países europeos, entre ellos Francia, prohibieron que el avión de Evo Morales sobrevolara su espacio aéreo. ¿Por qué? El gobierno boliviano acababa de firmar un acuerdo con Gazprom y Total para acometer la exploración del Bloque Azero, una superficie de 785.625 hectáreas en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca que contiene las mayores reservas de gas del Continente americano.
En 2005 el gobierno de Morales nacionalizó los hidrocarburos. Los ingresos del Estado en ese ámbito, que entonces eran de apenas 300 millones de dólares anuales, se elevaron a más de 4.000 millones dólares en 2012.