También se extendía la polivalencia en las funciones del trabajador y la productividad y los complementos en el salario. Una vez más, estos se ataques se justificaban con la excusa de la crisis económica y la promesa de crear empleo.
En esta reforma se encuentran los inicios de los contratos basura y la legalización del fraude en la contratación temporal. Se imponía la temporalidad como la norma general para contratar y se autorizaban hasta 14 formas de contratación temporal. La patronal por fin había conseguido el uso del contrato temporal de forma descausalizada. No hacía falta acreditar razón alguna por la cual el empresario establecía un contrato temporal y no uno indefinido.
Una vez más, esta normativa basada en la precarización era justificada con la promesa de creación de empleo. En el pleno del congreso, el 1 de marzo de 1984, Almunia decía lo siguiente: “Esta reforma no va a producir 1.000 empleos diarios, como otro ministro afirmó aquí al presentar el Estatuto de los Trabajadores, pero estamos convencidos de que es la única fórmula posible para generar el máximo empleo”(1).
Es decir, desde el PSOE se asumía claramente la mentalidad empresarial y defendían que la precarización era la única manera de crear empleo y combatir el paro. Por tanto, no era de extrañar que representantes del capital alabaran la política económica del PSOE. A estas alturas los representantes del capital aplaudían la política económica de Felipe González. Desde la CEOE, José María Cuevas aplaudió públicamente al gobierno por haber aprobado la nueva normativa de contratación temporal, resaltando que no habían conseguido que otros gobiernos anteriores aceptaran aprobar una legislación laboral de este tipo. Cuevas llegó a referirse a Felipe González en 1984 como un “gran converso”. Otro ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martín Villa, ex ministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de Franco, quien dijo en el periódico Cinco Días: “Suscribo la política económica del gobierno, porque no me parece, ni mucho menos de izquierdas”(2).
La normativa laboral de 1984 tuvo un impacto muy negativo en el empleo estable. Un estudio realizado por CC.OO. en 1989 señalaba que un 80 por ciento de los contratos eventuales de fomento del empleo eran irregulares, debido a la generalización del fraude en la contratación temporal. Se comenzaron a realizar contratos por obra y servicio sin detallar nada más que esas dos palabras. Se señalaba que sólo en 1988 se habían firmado 1.9 millones de contratos eventuales, y además se denunciaba que la tasa de temporalidad había pasado de un 10 por ciento antes de la reforma de 1984 al 31.5 por ciento en 1990.
El poder adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado más de un 3 por ciento en 1984 (3). Tras atacar los salarios e imponer la precarización en los contratos laborales, el siguiente paso del gobierno fue atacar las pensiones públicas. En 1985 se aprobó la Ley de Pensiones (Ley 26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe González.
Posteriormente no se apostó por endurecer el conflicto y la reforma no pudo ser detenida. Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos de Pensiones allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y empresas.
(1) El País, 2 de marzo de 1984, el ministro al que se hace referencia es Rafael Calvo Ortega.
(2) Cinco Días, 02/01/1985
(3) El País, 25/01/1985