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| Yolanda Quintana |
En una entrevista, Quintana ha insistido en avisar de que la libertad de prensa en España está en “claro retroceso” como consecuencia de “un recorte en libertades individuales sin precedentes con las reformas de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
La secretaria general de la PDLI considera que “se puede decir, sin exagerar”, que los primeros meses de este 2017 “han sido malos” para los periodistas españoles en cuanto a la libertad de prensa y a la posibilidad de desarrollar con normalidad su función.
Quintana ha denunciado actuaciones policiales contra periodistas, teniendo que dirigirse al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, para exigir el cese de las mismas. “Sólo este hecho, más propio de países autoritarios que de democracias, resume por sí solo la situación”, ha argumentado, para agregar que ha habido también periodistas sancionados e identificados “de forma arbitraria en actos informativos”.
“Imputados por publicar investigaciones periodísticas, como el exdirector de El Mundo, o amenazados por ahondar en las llamadas ‘cloacas del Estado’ como los de Público. Mientras un solo periodista o informador pueda ser multado, encarcelado o presionado gravemente por el simple hecho de hacer su trabajo, la situación no podrá valorarse positivamente”, ha insistido.
La libertad de información y de expresión también está amenazada por los “intentos” de recortarla en las redes sociales a través de una posible reforma de la Ley de Protección del Derecho al Honor. Se trata de un “globo sonda” que incluso se ha concretado en alguna proposición no de ley y nos parece peligrosísimo además de innecesario.
“La ley actual es perfectamente válida tanto para el mundo analógico como para el digital, y los jueces así la están aplicando”, ha añadido.
Otros riesgos serían las normas administrativas, impulsadas por comunidades autónomas o ayuntamientos, “para recortar la libertad de expresión sin valoración judicial previa, con el argumento de combatir discursos de odio, cuando es algo que el Código Penal ya tiene resuelto, y los problemas son más de medios para su aplicación”.
La secretaria general de la PDLI considera “urgente” que las reformas de la Ley de RTVE y la de Seguridad Ciudadana “se traduzcan en un cambio profundo de la situación actual, y no sean un mero maquillaje para cubrir el trámite y neutralizar el clamor social que han generado”.
Además, demanda que se proteja a los alertadores o “whistleblowers”, y que se garantice el anonimato del informante. “Esto supone, entre otras reformas, que se modifique la ley para que la fiscalía pueda dejar de acusar por el delito de revelación de secretos cuando la información obtenida pueda fundamentar la persecución de graves delitos de corrupción y sea de prevalente interés público para la ciudadanía, o la modificación del Código Penal en lo relativo a delitos informáticos”, ha detallado.
Quintana solicita al ejecutivo de Rajoy, “lo que a cualquier gobierno en un país democrático”. “Un marco jurídico que garantice, y no amenace, la libertad de información; una actuación transparente y de continua rendición de cuentas (es decir, las ruedas de prensa o comparecencias sin preguntas, las dobles agendas o el acceso condicionado a la información estarían fuera de todo lo que es exigible) y ninguna presión directa o indirecta (incluyendo el reparto interesado de la publicidad institucional) a los medios o sus periodistas”, ha concretado.
Quintana también cree necesario que el Gobierno regule la profesión periodística por ley, “para dar cobertura jurídica a las obligaciones y los derechos de los profesionales de la información en una ley que también regule y garantice el derecho a la información de la ciudadanía”.