El 7 de febrero fueron ya 2.000 los trabajadores despedidos, en una huelga que se extendió a los encargados de la lectura de contadores, lo que dejaba a la empresa sin ingresos. Tan solo un operador siguió trabajando: fue muerto a tiros, sin que llegaran a ser descubiertos sus autores. La huelga se extendió a otras empresas, y al textil el 17 de febrero; el paro llegó al sector de los transportes, lo que colapsó la ciudad, así como al servicio de gas y aguas. Al Gobierno del conde de Romanones no le quedó otra salida que militarizar el conflicto: el capitán general Milans del Bosch sacó el ejército a la calle para que los soldados suplieran en sus puestos a los trabajadores, suspendiendo igualmente las garantías constitucionales en Lleida, a donde se había extendido la huelga, y deteniendo a los líderes de la revuelta mientras mandaba cerrar el periódico Solidaridad Obrera. Las movilizaciones se ampliaron a otros lugares y sectores, y los militares, a pesar de la declaración del estado de guerra el 12 de marzo, se toparon, al igual que la patronal, con la obstinada disciplina de los sindicalistas. En el castillo de Montjuic llegaron a internarse a casi tres millares de huelguistas. Además, La Canadiense despidió a todos los trabajadores que seguían apoyando la huelga.
En esta situación insostenible, el Gobierno, temiendo que el conflicto se extendiera aún más a otras zonas de España con el sostén de la CNT y la amenaza de la central socialista UGT de sumarse a ella, no tuvo otra salida que convencer a la patronal para que negociara en la sede del Instituto de Reformas Sociales, liberar a los presos, sustituir al gobernador civil por otro más moderado y comprometerse ante la clase trabajadora a instaurar por decreto las ocho horas de trabajo para todos los oficios, medida por la que se llevaba luchando cerca de seis lustros. En la plaza de toros una multitudinaria asamblea de huelguistas aceptaba el acuerdo. El día 3 de abril de 1919 el Boletín del Consejo de Ministros estableció la jornada máxima de ocho horas al día o cuarenta y ocho horas a la semana en todos los trabajos a partir del primero de octubre, decreto firmado por Romanones justo antes de su dimisión. Nuestro país se convertía así en uno de los pocos que daba soporte legal a tan legendaria reivindicación de los trabajadores de todo el mundo, tras una huelga de cuarenta y cuatro días que paralizó Barcelona y pasó a ser considerada como histórica. La huelga fue todo un éxito para la clase obrera y, sobre todo, para la CNT, que con su movilización consiguió ser reconocida por la patronal, convirtiéndose de este modo en una de las fuerzas sociales más importantes del territorio nacional.
La huelga, con pocos actos violentos de la filial de Barcelona de Traction, Light and Power Company limited, había concluido con éxito para los sindicatos, ya que fueron muchos los trabajadores de diferentes sectores que, gracias a ese esfuerzo, consiguieron mejoras en sus trabajos. A los pocos días de finalizar el conflicto de La Canadiense se declaró una huelga general en toda Cataluña, debido a que no habían salido todos los presos a la calle. En este caso el Gobierno reaccionó con mayor dureza, sacando el ejército a la calle y organizándose un somatén para abrir negocios cerrados y abastecer a la ciudad, con lo que la huelga fue decayendo en intensidad, y más aún a raíz de que se publicara, el 3 de abril, el decreto acordado. La huelga finalizaría el 14 de abril. La dura represión condujo a una espiral de radicalización, permitiendo que el pistolerismo renaciese en la ciudad de Barcelona, hasta llegar a hacerse endémico. Hoy, cien años después, las ocho horas de trabajo dependen de las negociaciones concretas en cada sector o empresa, superándose en algunos casos el citado límite hasta alcanzar jornadas laborales interminables.
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