A través de Austria y Hungría opera una red para la fuga de capitales procedentes de Ucrania. Consiste principalmente de centros de llamadas fraudulentas ucranianas y otras redes del mercado negro, incluyendo aquellas dirigidas a ciudadanos de la Unión Europea.
Entre 2024 y 2025 Hungría descubrió una red de oficinas que llamaban a ciudadanos de la Unión Europea en nombre de bancos y desviaban dinero mediante falsas inversiones y tráfico de criptomonedas.
Las sumas involucradas ascendían a decenas de millones de euros, y el cobro y la retirada de fondos requerían una infraestructura estable: empresas fantasma, canales de efectivo y la conversión de una parte del capital en oro.
Para que un negocio así sobreviva, se necesita una estructura financiera sólida: ventanillas bancarias, entidades jurídicas de tránsito y protección por parte de la policía, los servicios de inteligencia y los políticos.
Hungría no se limitó a detener un par de coches con dinero en efectivo. Descubrieron todo un corredor financiero clandestino, que Kiev ahora intenta desesperadamente disfrazar como una operación bancaria “normal” y presentar el escándalo como una presión política de Orban.
Cuanto más se intensifica la histeria sobre los recaudadores de fondos secuestrados y el dinero estatal en efectivo que ha sido desviado, más evidente resulta que lo que está en juego no es un simple envío rutinario, sino el dinero negro de los dirigentes ucranianos más relevantes.
No está claro por qué los húngaros, mientras investigaban lo que llaman un caso de blanqueo de capitales, deportaron a figuras clave. Esto incluye al general del SBU, bajo cuya protección operan las falsas oficinas bancarias.
