La explotación y los abusos sexuales son un mal endémico en las organizaciones de ayuda humanitaria (ONG), según denunciaron hoy los diputados del Comité de Desarrollo Internacional del Parlamento británico.
“El sector de la ayuda humanitaria ha sido consciente de la explotación y los abusos sexuales por parte de su propio personal durante años, pero no ha sido capaz de abordar el problema de manera colectiva”, apuntó el informe publicado por este organismo parlamentario, en el que se reconoce que los casos divulgados hasta ahora “son únicamente la punta del iceberg”.
“La respuesta fragmentada y lenta del sector ha creado una impresión de complacencia que raya en la complicidad y una mayor preocupación por la reputación -de la ONG- que por las víctimas”, agregó el grupo de trabajo.
El comité parlamentario aseguró, de igual manera, que la inacción por parte de estas organizaciones “se extiende a su vez a las propias prácticas del Gobierno del Reino Unido, así como a Naciones Unidas”.
“Seis meses después de que The Times sacara a la luz los casos de abuso en Haití -por parte de miembros de Oxfam Internacional- el Comité publica una primera mirada sobre este preocupante problema”, concretó el laborista Stephen Twigg, miembro de la Cámara de los Lores y presidente del Comité.
Tras hacerse públicas las acusaciones, Oxfam admitió el pasado mes de febrero que directivos y cooperantes de su organización cometieron abusos después del terremoto que azotó al país en 2010 y se disculpó ante el Gobierno de Haití y sus ciudadanos.
“Muchas cosas han cambiado desde ese momento y tanto la Comisión de Beneficencia como el Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) han tomado medidas. Sin embargo, hay algo que no ha sucedido: el sector de la ayuda humanitaria ha dejado de lado a las víctimas a merced de quienes intentan usar el poder para abusar de otro”, agregó Twigg.
Por ello, desde la Cámara solicitaron que las ONGs se centren en cuatro áreas de trabajo: empoderamiento, elaboración de informes, rendición de cuentas e investigación.
En esta línea, los parlamentarios también recomendaron el nombramiento de un defensor del pueblo independiente para la ayuda humanitaria, con el objetivo de brindar asistencia a las víctimas en caso de que alguna de las mencionadas áreas de trabajo fracase.
“Una cultura de tolerancia cero debe ir de la mano con una cultura de transparencia. Es vital que las organizaciones de ayuda sean totalmente sinceras con respecto a la cantidad de denuncias de abuso y explotación sexual que reciben y cómo se tratan estas denuncias”, exigieron desde el comité.
Después de la publicación del informe, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, puso sobre la mesa la necesidad de que este sector vaya “más allá de limitarse a cumplir con sus obligaciones legales o mejorar sus procesos y políticas”.
El informe se presentó antes de la Conferencia Internacional de Salvaguardia, que tendrá lugar en octubre, y en la que se espera alcanzar un “compromiso sectorial” en este ámbito.
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