Sucedió en Guatemala en 1954 y sucedió en Chile en 1973, donde nunca se vieron tantas protestas, luchas y reivindicaciones. En la Venezuela de hoy esas protestas “populares” se llaman guarimbas porque van acompañadas de barricadas, cierre de calles y carreteras, quema de basura, agresiones con objetos contundentes, alambres dispuestos a la altura del cuello y disparos, que suponen el encierro de los ciudadanos en sus casas por temor a perder la vida.
En 2004 las guarimbas se cobraron la vida de 9 personas, más otras 193 heridas. Diez años después, en otra ofensiva, fueron 43 las personas que murieron, que en su mayoría recibieron disparos en la cabeza por tratar de retirar las barricadas, es decir, verdaderos asesinatos a sangre fría. También hubo más de 800 heridos.
Mediante la desestabilización, los sicarios locales del imperialismo buscan lograr lo que no pudieron en 18 procesos electorales a través del voto, a pesar del apoyo económico, político y propagandístico de Estados Unidos.
Es idéntica pauta que en el inicio de la Primavera Árabe en Libia o en Siria: la reacción exigía en Venezuela la renuncia del Jefe del Estado, a pesar de que había triunfado en las elecciones del año anterior. Era la segunda derrota electoral en seis meses de Henrique Capriles, el sicario del imperialismo.
Al frente de la reacción venezolana han estado tres sicarios: la antigua diputada María Corina Machado, financiada por Estados Unidos para su organización Súmate; Henrique Capriles, quien ha perdido dos elecciones presidenciales y tiene antecedentes penales por atentar contra la embajada de Cuba en abril de 2002; y Leopoldo López, antiguo alcalde de Chacao, al este de Caracas, quien convocó las protestas de 2014 con fines golpistas.
Los imperialistas no han escatimado medios, incluidos los diplomáticos para aislar a Venezuela y promover la injerencia de otros países latinoamericanos e instituciones internacionales, como la Organización de Estados Americanos, en sus asuntos internos.
El 11 de abril de 2002 perpetraron un golpe de Estado que se cobró las vidas de decenas de ciudadanos. En el mismo, además de Estados Unidos, participó directa e inmediatamente el gobierno de España, entonces capitaneado por Aznar.
De diciembre de 2002 a febrero del año siguiente la empresa pública petrolera PDVSA quedó paralizada, lo que le costó al país entre 18.000 y 20.000 millones de dólares.