La Convención Europea de Derechos Humanos se aplica a los 47 países miembros del Consejo de Europa, creado en 1947 por el Tratado de Londres. También está en vigor para las fuerzas armadas de dichos países, aun cuando estén desplegadas en un frente exterior, lo que puede dar lugar a querellas judiciales en su contra.
El gobierno británico considera que lo que califica como “industria de querellas” basadas en el derecho humanitario son “abusivas”, por lo que a partir de ahora tendrán patente de corso siempre que intervengan en países extranjeros.
“Mi gobierno actuará de manera que nuestras tropas sean reconocidas por el increíble trabajo que realizan. Los que sirven en primera línea tendrán nuestro apoyo cuando vuelvan a casa”, ha declarado la Primera Ministra, Theresa May, en un comunicado. “Les ofreceremos nuestra gratitud y pondremos fin a la industria de querellas vejatorias que ha perseguido a quien han servido en los conflictos precedentes”, ha añadido May.
La “industria de las querellas” tuvo su origen en los numerosos crímenes cometidos en 2003 por las tropas británicas contra la población de Irak. Para hacer frente a las querellas judiciales presentadas por los civiles irakíes, el gobierno tuvo que crear una comisión especial que examina las violaciones de los derechos humanos imputadas a sus tropas.
En marzo de este año ya hay en los tribunales 1.374 querellas por malos tratos, desapariciones y asesinatos, de los que solamente 326 se han resuelto, condenando al Estado a pagar indemnizaciones que alcanzan los 20 millones de libras.
Para el ministro de Defensa, Michael Fallon, los civiles irakíes “explotan” el sistema judicial británico con acusaciones falsas, creando una verdadera industria de reclamaciones contra soldados que han arriesgado su vida para proteger a los imperialistas, causando un perjuicio de millones de libras a los contribuyentes e impidiendo que las fuerzas armadas cumplan con su “trabajo”, en referencia a las torturas y matanzas de cualquiera que se ponga por delante.