Entre sus varias convocatorias electorales, el régimen franquista organizó elecciones sindicales, municipales y para diputados, aunque en aquellos tiempos los llamaban “procuradores”. Bajo el franquismo la Ley de Representación Familiar de 1967 fue una especie de ley electoral que regulaba los sufragios.
Uno de los “procuradores en Cortes” que en 1967 fue elegido por el tercio familiar en la provincia de Ávila fue Adolfo Suárez.
El franquismo convocó tres referéndums, el primero el 6 de julio de 1947 para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, que tuvo una participación masiva (alrededor del 90 por ciento) porque votar sí era votar a “la paz de Franco” y votar no llevaba a España al desastre.
Los ciudadanos fueron convocados por segunda vez a un referéndum el 14 de diciembre de 1966 para aprobar la nueva Ley Orgánica del Estado por la que se separaba el cargo de Jefe de Estado del de Presidente del Gobierno. De nuevo la participación fue muy elevada. El resultado fue rotundo a favor del sí.
Lo mismo que en el anterior, la obsesión del franquismo en este referéndum fue conseguir una alta participación de la población a favor del sí, para lo cual se puso en marcha la correspondiente campaña propagandística que se basó en la identificación del voto afirmativo con un sí a Franco. El voto era obligatorio y, en algunos casos, se obligó a algunos ciudadanos a presentar el certificado de voto para evitar represalias.
Aunque el gobierno franquista también recurrió a la propaganda, ni fue tan masiva como las actuales, ni estuvo tampoco organizada porque el objetivo no era tanto el voto como transmitir una cierta imagen del franquismo, ligándolo a la “paz” o al “progreso”.
La ley para la reforma política de 1976
Tras la muerte de su jefe, el 15 de diciembre de 1976 los franquistas sometieron a referéndum la ley para la reforma política del que se van a cumplir ahora 40 años. De nuevo el gobierno, dirigido entonces por el falangista Adolfo Suárez, trató de conseguir un apoyo aplastante para su proyecto de transición política utilizando para ello no sólo el aparato burocrático del Estado, sino también a toda la organización del Movimiento franquista, que disponía de la mayor parte de los periódicos de la época.
El referéndum de 1976 fue el primero en el que la publicidad política se utilizó masivamente, con un gran despliegue de medios. El Estado contrató y pagó a varias agencias publicitarias para la campaña, que se volcaron en todos los medios monopolizados por el Estado, especialmente la televisión, que entonces eran dos cadenas organizadas dentro del mismo aparato político del Estado: la Dirección General de Radiotelevisión Española.
Aunque todas las organizaciones antifranquistas pidieron el boicot, no tuvieron ninguna posibilidad de contrarrestar aquella gigantesca operación propagandística; la desproporción de medios fue tan grande que no se puede hablar de ninguna campaña alternativa a la de los franquistas.
Como director de la radio y la televisión públicas de 1969 a 1973, Suárez tenía experiencia en el manejo de la publicidad y su capacidad para engañar a las masas. Para la convocatoria de 1976, Suárez nombró a Rafael Ansón, un verdadero experto que convirtió el referéndum en un lavado de cerebro masivo sin procedentes.
Como reconoció Ansón posteriormente, “gracias a la televisión, entonces única, el gran cambio se pudo hacer sólo en un año y con los menores riesgos”.
Los mensajes publicitarios inundaron vallas y buzones, y se difundió una canción (“Habla, pueblo, habla”) de una manera tan insistente que se fijó en la memoria colectiva de las masas. El lema no era novedoso sino que procedía del referéndum organizado por los franquistas diez años antes:
La postura antifranquista a favor del boicot se expresó por medio de pintadas, manifestaciones y mítines fuertemente reprimidos por la policía. Para pedir el boicot los antifranquistas argumentaron la nula legitimidad democrática del gobierno y que el referéndum se promovía con una total ausencia de libertades políticas para expresar las distintas posiciones. Uno de las consignas más repetidas por los antifascistas entonces fue la de “Un referéndum sin libertad es un referéndum sin democracia”, con lo cual se admitía que no había libertad. El referéndum de 1976 no fue una consulta democrática porque no existían las libertades propias de una democracia. Esta octavilla de la época procede del Partido del Trabajo, hoy desaparecido.
En aquel momento los partidos no se habían legalizado, es decir, no hubo manera de oponer una fuerza organizada a la propaganda del gobierno de Suárez. Ningún partido antifascista pudo exponer su criterio en los medios de comunicación, radio, prensa o televisión. Lo mismo que en las convocatorias franquistas, sólo hubo un único mensaje. En tales condiciones, un referéndum es nulo, cualquiera que fuera su resultado.
En su manipulación, los franquistas no vacilaron en recurrir a la contrapropaganda, un instrumento típico del fascismo en todos los países. En algunos barrios obreros de Madrid el Gobierno organizó el reparto de octavillas en las que se rechazaba la abstención “en nombre del socialismo democrático”. En otros, recurrió a las contrapintadas anónimas para confundir los mensajes: en la oscuridad de la noche, los muros que piden la “Abstención” cambian para decir que “Abstención es incultura” o “Abstención es cobardía”.
Al cabo de los años Martín Villa, que entonces era ministro del Interior, reconoció que dio órdenes a la policía para retocar las pintadas de los antifascistas en las paredes pidiendo la abstención. Lo hicieron añadiendo un “no” detrás de la expresión “No votes”, de manera que al quedar “No votes no” se convirtió en una invitación al voto en un sentido afirmativo.
