Como ya hemos expuesto en entradas anteriores, Francia es un país arruinado por las deudas. Macron puso a François Bayrou al frente del gobierno para frenar la explosión de la deuda y, con cuentagotas, desde su nombramiento comenzó a sugerir recortes drásticos en los presupuestos y por lo tanto, en los derechos de los trabajadores y pensionistas, como la reducción de los días festivos.
Eso le ha convertido en el primer ministro más impopular de la Quinta República. El día 8 del próximo mes de setiembre presenta su plan de austeridad presupuestaria a la Asamblea y ha condicionado su continuidad en el cargo a una cuestión de confianza de la Cámara parlamentaria.
El plan recorta 44.000 millones de euros del presupuesto y todos los partidos de la oposición han anunciado que no le apoyarán, por lo que la dimisión está servida… salvo que se produzca un milagro.
En Francia la crisis económica ha conducido a la crisis política, que no es sólo institucional, sino que correrá paralela con las huelgas y las manifestaciones en la calle. Antiguamente se llamaba “otoño caliente”. La primera convocatoria está prevista para dos días después de la presentación del plan por Bayrou. Se trata de una convocatoria espontánea que se corrido por las redes sociales, al estilo “chalecos amarillos” que se inició a finales de 2018.
El apoyo a la movilización del 10 de septiembre ha dado lugar a importantes debates en la CGT, aunque la sangre no llegó al rio. Le ocurrió lo mismo cuando se desató la lucha de los “chalecos amarillos”, a la que comenzaron condenando.
En su comunicado la CGT propone convocar en septiembre “una jornada interprofesional de movilización de huelgas y manifestaciones, y construir un proceso a tiempo para ganar un presupuesto acorde con las necesidades”.
La jornada de lucha comenzó con la consigna “Bloquéemoslo todo” y no es exactamente una huelga, aunque también hay quien propone la convocatoria de una huelga general.
Algunas medidas del plan francés de austeridad:
- supresión de dos días festivos (8 de mayo y lunes de Pascua) para ahorrar unos 4.500 millones de euros
- desaparición de la quinta semana de vacaciones pagadas
- congelación de las pensiones de jubilación y de las prestaciones sociales
- duplicación del copago médico
- 5.000 millones de euros de recortes en sanidad, de los cuales 700.000 millones de euros en enfermedades de larga duración
- reforma del seguro de desempleo: restricciones a los derechos de los demandantes de empleo
- reducción del plazo de prescripción para impugnar un despido abusivo: de 24 meses antes de 2017 a 12 meses y ahora a solo 4 meses
- supresión de las 35 horas: tiempo de trabajo adicional no pagado, presentado como “al servicio del crecimiento”
- alargamiento del período de carencia por enfermedad: indemnización a partir del séptimo día en lugar del cuarto
- la función pública no repondrá una jubilación de cada tres
- no se cuestionan los 211.000 millones de euros de dinero público entregados al sector privado sin ningún control
- aumento del impuesto sobre la renta
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