De manera general, en el segundo semestre de 2016 Facebook ha recibido más peticiones de información por parte de los gobiernos que nunca desde que se elabora el informe.
En el caso de España, Facebook colaboró en 833 solicitudes de datos, 22 más que en el informe que abarcaba de enero a junio de 2016 y un 55,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, puesto que en el segundo semestre de 2015 se registraron 536 peticiones.
El gobierno español, que a inicios de 2013 realizó 479 solicitudes a Facebook sobre 715 usuarios, ha extendido considerablemente los requerimientos; en esta ocasión, pidió a la red social datos de 1.363 usuarios, casi el doble que hace cuatro años. Sin embargo, Facebook respondió solo al 54,46 por ciento de esas solicitudes. A pesar de todo, es el mayor porcentaje de respuestas que se ha registrado hasta la fecha.
Antes de facilitar la información de sus usuarios, Facebook valora cada caso para compartir o no con el gobierno los datos requeridos. En función también de las leyes españolas y de la Unión Europea, Facebook ha informado de seis elementos que violaban de alguna manera las regulaciones en torno a los famosos “discursos de odio” y la venta de productos farmacológicos no regulados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
También registraron peticiones del gobierno y la policía españoles con referencia a usuarios con procesos judiciales abiertos, 142 para ser exactos, en los que Facebook establece un periodo de 90 días para ser notificado formalmente de que debe compartir la información.
Si un gobierno español se puede informar en Facebook de una manera directa, como cualquier otro usuario, habría que explicar por qué necesita recurrir a Facebook para informarse indirectamente, o sea, qué datos suministra Facebook a los gobiernos que los usuarios no podemos ver en los perfiles de manera inmediata.