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| Valentin Bagorikunda |
A mediados de enero, el Alto Comisario para los derechos del Hombre, Zeid Ra’as Al Hussein, reclamó la apertura de una investigación sobre la posible existencia de al menos nueve fosas en Bujumbura y alrededores, que contendrían, según testigos, por lo menos un centenar de cuerpos de burundeses muertos en la represión que golpeó los barrios contestatarios de Bujumbura tras el ataque de los rebeldes a tres campos militares, el pasado 11 de diciembre.
Ese mismo día y el siguiente, las fotos de una veintena de personas, muertos por las fuerzas del orden según los vecinos, sobre todo en el barrio contestatario de Nyakabiga, en el centro-este de Bujumbura, habrían circulado por las redes sociales. Apoyándose en fotos vía satélite difundidas el 28 de enero en su sitio, Amnistía Internacional apoyaba sus acusaciones denunciando la existencia de al menos seis fosas comunes en torno a la capital burundesa.
El fiscal burundés ha puesto en duda igualmente que hubieran tenido lugar ejecuciones extrajudiciales después del ataque del 11 de diciembre, que, según el balance oficial, causó 87 muertos, 79 “enemigos” y 8 soldados y policías. “Los combatientes muertos en los barrios de Bujumbura estaban armados y portaban uniformes militares o policiales”, ha asegurado Valentin Bagorikunda, sugiriendo de esa forma que no habría civiles muertos.
Por el contrario, el fiscal general ha afirmado que una fosa común en la que “los insurgentes habrían enterrado a los muertos en el curso de la insurrección” fue descubierta el 29 de febrero en Mutakura, barrio rebelde del noroeste de Bujumbura. A este respecto, el magistrado ha deplorado el hecho de que su existencia no haya “sido señalada en los informes de la Liga Iteka, organización local de defensa de los Derechos del Hombre, o de Amnistía Internacional”.
Desde el inicio de la crisis, la violencia, en algunos casos armada, ha causado ya más de 400 muertos en Burundi y empujado a abandonar el país a más de 240.000 personas.