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| Gates quiere imponer los transgénicos |
Con la excusa -demostrada falsa- de que ayudan en la lucha contra la pobreza, las multinacionales no escatiman medios para intentar modificar las leyes que son un obstáculo a su expansión. Sin embargo, cada vez son más los campesinos que se organizan contra esta tiranía que solo beneficia a los accionistas de las empresas, y plantan cara a sus pretensiones.
A finales de noviembre, el secretario del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Tanzania, Mathew Mtigumwe, dio la orden de detener de inmediato todos los ensayos que se realizaban en el país con cultivos genéticamente modificados. La resolución ha obtenido el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil tanzana y el respaldo del recién nombrado ministro de Agricultura, Jefet Hasunga.
Los ensayos en cuestión pertenecen al proyecto WEMA (Water Efficient Maize for Africa, Maíz eficiente en el uso del agua para África) en el que participan la miltinacional estadounidense Monsanto, la Fundación Bill y Melinda Gates y varios centros de investigación. Esta iniciativa se remonta a 2008 y se ha puesto en marcha en 2010 en Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania y Uganda.
Además de la paralización del proyecto, el secretario ordenó, también, la destrucción de todos los restos de los experimentos que quedaban en el Centro Makutupora en Dodoma, la capital del país, donde se realizaban las pruebas. Esta decisión se tomó después de que el Instituto de Investigación Agrícola de Tanzania (TARI) publicará los resultados de los ensayos sin autorización, tras invitar a varias personas a observar lo bien que funcionan los cultivos transgénicos.
Entre los asistentes se encontraba Mark Lynas, periodista conocido por su intoxicación a favor de los organismos genéticamente modificados. El TARI también organizó una visita a uno de los sitios donde se prueban estos cultivos, tampoco autorizada. El ACB acusa a Lynas de falta de ética al utilizar a los pequeños agricultores para justificar la introducción de los cultivos transgénicos en el país, al afirmar que los tanzanos son pobres y están hambrientos. Mientras, las conclusiones de los científicos pro-OGM, pagados por la Fundación Gates y otros, no han sido corroboradas por el Ministerio de Agricultura y otras instituciones tanzanas.
Este incidente pone de manifiesto el poder de las empresas biotecnológicas que financian poderosas campañas mediáticas y tienen sus propios “influencers” que bajo la apariencia de luchar contra el cambio climático, por ejemplo, difunden propaganda a favor de los cultivos transgénicos, a pesar de que los beneficios que estos puedan aportar a los pequeños agricultores estén cuestionados desde hace tiempo.
Recientemente, las autoridades sudafricanas rechazaron la solicitud de Monsanto para poner a la venta varias modalidades de maíz modificado genéticamente para resistir a las sequías. Se basaron en que los ensayos de campo no han logrado demostrar su resistencia frente a las sequías y los insectos, como la multinacional aseguraba. Para paliar el efecto negativo de esta decisión, Monsanto lanzó una campaña que alababa los beneficios de sus productos y afirmaba que las pruebas realizadas lo confirmaban, todo esto recogido en un dossier enviado a la prensa con el nombre de “New push in pipeline for acceptance of GNO seed” en el que se afirma que “el TARI se une a la petición de los agricultores tanzanos que por todo el país piden un cambio de las caducas leyes de agricultura para permitir el uso de semillas modificadas genéticamente que sean resistentes a las sequías y a las plagas de insectos”.
Dentro de esta campaña, Monsanto ha regalado maíz de las variedades cuestionadas en Sudáfrica, y ahora en Tanzania, a los otros países que participan en el proyecto WEMA.
Varias organizaciones de agricultores, entre ellas la Organización Nacional de Pequeños Agricultores (MVIWATA), académicos de la Universidad de Dar es-Salam y miembros de la comunidad científica han criticado abiertamente el proyecto WEMA y los ensayos de cultivos transgénicos que tienen lugar en Tanzania. En una carta enviada a los periódicos, MVIWATA contradice lo afirmado en el dossier de Monsanto al decir que “los agricultores han pedido a nuestro gobierno que no permita que se usen los cultivos GM [modificados genéticamente] en el país por la razón obvia de que ni los agricultores ni el país se benefician de ellos”.
Estas organizaciones también han condenado las amenazas sobre futuros desastres que lanzan los científicos locales pagados por el WEMA para impulsar la liberación de los cultivos transgénicos y cambiar las leyes de responsabilidad jurídica para que en un futuro no se puedan emprender acciones contra las empresas que modifican estos cultivos, sino que cualquier daño en el medioambiente causado por la introducción de estas semillas sería responsabilidad de quien las plante. De ahí, que estas organizaciones apoyen la decisión tomada por el Gobierno tanzano.
Poco a poco, la lucha de los campesinos por librarse del yugo que les impone el uso de cultivos que cualquier daño en el medioambiente causado por la introducción de estas semillas sería responsabilidad de quien las plante. De ahí, que estas organizaciones apoyen la decisión tomada por el Gobierno tanzano.
Poco a poco, la lucha de los campesinos por librarse del yugo que les impone el uso de cultivos modificados genéticamente se extiende por todo el continente. A Sudáfrica o Tanzania hay que sumar otros muchos casos, como puede ser el de Burkina Faso que el año pasado dio un paso muy importante. Tras ser el principal productor de algodón de toda África, sus cosechas empezaron a declinar cuando en 2008 se introdujo una variedad de algodón genéticamente modificado de Monsanto. La multinacional había prometido que con este paso las cosechas aumentarían.
Desde un principio, la Asociación Interprofesional del Algodón de Burkina (AICAB) se quejó de que la calidad del producto de Monsanto era inferior al que tenían anteriormente. Se refería en particular a que la longitud de las fibras, una de las principales medidas de calidad, se redujo lo que tuvo como resultado que el precio del producto bajase considerablemente en el mercado mundial.
En 2016 la AICAB decidió demandar a la multinacional y reclamar una compensación de más de 48.000 millones de francos CFA (unos 73 millones de euros). Al mismo tiempo, resolvió retener las regalías, por valor de alrededor de 15.000 millones de francos CFA, que debía pagar a Monsanto por las cosechas de 2014/15 y 2015/16. Al final las dos partes llegaron a un acuerdo que ponía fin a la colaboración con la multinacional estadounidense.
Tras la salida de Monsanto del país y el regreso al algodón tradicional, la cosecha ha vuelto a aumentar y el precio de este producto ha subido en el mercado internacional.
Monsanto había prometido que su algodón genéticamente modificado ayudaría a luchar contra la pobreza en el país, lo que se ha demostrado estar muy lejos de la realidad. No solo descendió la producción, sino que los precios cayeron en picado, lo que llevó a muchos campesinos a endeudarse fuertemente. La rebelión de los agricultores burkineses contra la multinacional supone, sin duda, una muy buena noticia porque les libera de un compromiso del que solo salía ganando Monsanto y, posiblemente, miembros del Gobierno que se llevarían comisiones por imponer las semillas genéticamente modificadas.
Esta pequeña revolución coincidió con el cambio de régimen político en Burkina Faso tras la expulsión del poder de Blaise Compaoré, en octubre de 2014, y el fortalecimiento de la sociedad civil que este hecho supuso. La lucha campesina es el arma con que cuentan los agricultores para luchar contra la tiranía de las multinacionales y la imposición de los cultivos transgénicos.