Con una historia que se remonta a décadas de actividad política, el Partido Comunista de España (PCE) ha transitado desde un modelo basado en patrimonio militante y propiedades históricas hacia una situación de dependencia de la financiación estatal, principalmente a través de su participación en Izquierda Unida y en coaliciones electorales, y de la liquidación de su patrimonio inmobiliario.

Según las memorias que el PCE ha presentado anualmente al Tribunal de Cuentas, y recogidas por éste en el llamado Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, publicado en 2025, durante el periodo 2017-2023, el PCE se vio obligado a recurrir sistemáticamente a la venta de su patrimonio inmobiliario para mantener su actividad política. Los datos son elocuentes: en esos siete años, la organización obtuvo 1.561.625 euros mediante la enajenación de inmuebles que formaban parte de su patrimonio histórico.

Esta estrategia respondía a una realidad financiera apremiante: la actividad ordinaria del partido generaba pérdidas consistentes que ascendían a 1.292.914 euros en el mismo periodo. Sin la inyección de liquidez procedente de las ventas inmobiliarias, el PCE habría cerrado esos ejercicios con déficits insostenibles.

La magnitud de esta dependencia se intensificó en los últimos años analizados (2021-2023), cuando el partido concentró 1.436.341 euros en inmuebles vendidos, frente a pérdidas ordinarias de 1.197.666 euros. Este patrón revela una tendencia preocupante: el patrimonio acumulado durante décadas se estaba utilizando como colchón financiero para compensar la incapacidad de generar ingresos suficientes a través de las vías convencionales.

De los 13.164.380 euros en ingresos ordinarios del periodo estudiado, aproximadamente el 70% estaba catalogado como «de origen privado» y solo el 30% como financiación pública directa. Esta proporción contrastaba notablemente con la de formaciones como el Partido Popular (83% público) o el PSOE (68% público).

Sin embargo, un análisis más detallado desvela una realidad más compleja. Buena parte de esos ingresos «privados» procedían en realidad de fuentes indirectamente públicas: sueldos de cargos electos que cobran del erario público, transferencias de Izquierda Unida (que a su vez recibe financiación pública basada en su representación institucional), y apoyos de las formaciones con las que el PCE confluía en coaliciones electorales (Podemos en 2019, Sumar en 2023).

La financiación pública directa del PCE, por su parte, mostraba una volatilidad preocupante. La principal partida, la subvención anual para gastos de funcionamiento, fue nula en 2017 y 2023, evidenciando la precariedad de un partido sin representación parlamentaria propia. En total, esta subvención representó 3.158.986 euros en siete años, con el 80,64% de toda la financiación pública directa concentrada en esta ayuda.

Paralelamente a estas dificultades financieras, el PCE experimentaba un declive organizativo significativo. El número de afiliados descendió desde aproximadamente 10.500 en 2017 hasta 7.700 en 2022, una reducción de alrededor del 27% en cinco años. Esta caída se reflejaba directamente en los ingresos por cuotas, que representaban el 20,93% de la financiación total pero mostraban una tendencia descendente después del pico electoral de 2019.

Ese año, marcado por las elecciones generales y el impulso del vigésimo congreso del partido celebrado en 2017, había visto un repunte notable: las cuotas de afiliados se multiplicaron por cuatro, pasando de 125.052 euros en 2018 a 531.086 euros en 2019. Sin embargo, este impulso resultó efímero, y para 2023 los ingresos por cuotas habían caído aproximadamente un 30% respecto a aquel máximo.

Pero un capítulo interesante de cómo se dilapida el patrimonio del partido es la propia estructura de gastos. En los siete años estudiados, la organización gastó 13.391.095 euros, con una clara tendencia ascendente: en los últimos años del periodo, el gasto fue un 81,23% superior al de los primeros años.

Los gastos en servicios externos (consultoría, campañas, comunicación) representaron la partida más significativa, con 5.394.182 euros (más del 40% del total), siendo que además muchos de estos servicios externos eran empresas vinculadas a personalidades y dirigentes del propio partido. El año 2019 destacó especialmente, con 2.332.153 euros destinados a estos conceptos, una cifra que casi igualaba el total recaudado en cuotas de afiliados durante todo el periodo de siete años.

El análisis financiero del PCE entre 2017 y 2023 pinta el retrato de una organización en transición hacia la liquidación. La venta de su patrimonio histórico inmobiliario ha funcionado como un mecanismo de supervivencia temporal, permitiendo compensar las pérdidas crónicas de su actividad ordinaria. Sin embargo, esta estrategia tiene límites evidentes: el patrimonio es finito, y su valor residual, aunque todavía significativo (7.813.809 euros en 2023), no constituye una solución estructural.

El futuro del PCE aparece así condicionado por una doble dependencia: por un lado, de los activos acumulados durante décadas de historia, que se van consumiendo progresivamente (valorados en 7.813.809 euros en 2023); por otro, de su integración en formaciones políticas más amplias (IU, Sumar) que le proporcionan acceso a los circuitos de financiación pública de los que carecería por sí solo.

Fuente: Tribunal de Cuentas y Diario Socialista