El ‘sistema de crédito social’ no es un invento chino, sino una pieza esencial del capitalismo occidental

El Sistema de Crédito Social viene siendo definido por multitud de publicaciones como una calificación crediticia nacional y una lista negra que estaría siendo desarrollada por el gobierno de la República Popular China con el fin de ahogar económicamente a la disidencia.

Como es habitual en la prensa occidental, la paja siempre se mira en el ojo ajeno. Este sistema, que es utilizado en España, por ejemplo, por los agregadores financieros de todos los bancos, a la hora de conceder o vender productos de cualquier entidad, forma parte de la cultura capitalista desde hace décadas y no es ninguna novedad.

La prensa fascista lo vende como ejemplo del “estado totalitario comunista”, pero silencian que más bien es al contrario. Se trata de sistemas aplicados en toda la órbita del capitalismo mundial como garantía de estabilidad del sistema financiero, esto es, como una forma de garantizar la rentabilidad de los grandes bancos e instituciones capitalistas.

El Sistema de Crédito Social es una extensión del sistema de calificación crediticia financiera promovido desde 1975 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que tuvo como finalidad evaluar los riesgos de las fusiones de los bancos de inversión y la banca de depósitos. Al incrementarse los riesgos de falta de liquidez de los bancos al invertir con el dinero de los depositantes, se hacía necesario que las entidades afinaran todo lo posible el destino de sus inversiones. Esto implicaba rastrear a los destinatarios de las mismas, su solvencia, sus aficiones o incluso su ideología.

Uno de los países primerizos en institucionalizar el Sistema de Crédito Social no fue China, sino el régimen fascista del general Augusto Pinochet, en Chile. En 1976, a propuesta del entonces presidente del Banco Central, Pablo Baraona, se implementó una base de datos de deudores de préstamos (Directorio de Información Comercial, DICOM) para evaluar el riesgo financiero y comercial de una persona o empresa.

A las personas que figuraban en DICOM les resultaba más difícil encontrar vivienda, iniciar negocios, obtener nuevos préstamos y, aunque no era el uso previsto del sistema, encontrar trabajo, ya que los empleadores tienden a verificar los puntajes como parte del proceso de selección. Obviamente, los que tenían peor calificación financiera eran las personas que tenían antecedentes políticos, o los familiares de personas detenidas o desaparecidas por la dictadura.

Sistemas similares, aunque no centralizados, se implantaron también durante la dictadura militar en Argentina, donde para encontrar trabajo había que aportar un expediente «limpio» de actividad política o sindical. El director de cine Adolfo Aristarain reflejó hasta donde podía llegar la influencia de estos sistemas en su película Tiempo de revancha (1981), donde el protagonista, Federico Luppi, tiene que falsificar su informe de antecedentes para trabajar en una importante multinacional minera.

En Chile, la situación se agravó tanto que el gobierno de Michelle Bachelet tuvo que hacer reformas legales legales para reducir el impacto negativo del sistema en las personas, como prohibir el uso del estado DICOM para determinar el acceso a la atención médica o prohibir la exigencia de presentar el estado DICOM para acceder a préstamos educativos.

Otro ejemplo fue el de Estados Unidos, donde la discriminación por razón de raza u origen de clase impedía a la población el acceso a determinados servicios financieros. De hecho, se tuvo que promulgar la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, que prohibió negar crédito por género o estado civil en 1974, junto con la raza, nacionalidad, religión, edad o recepción de asistencia pública en 1976, aunque los bancos siguieron haciéndolo veladamente.

En el caso de China, país que siempre se observa como un bloque monolítico donde las personas van todas a una, la situación es muy diferente. Principalmente porque no existe como tal ningún «Sistema de crédito social». Tal denominación, que es una muy mala traducción de lo publicado en algunos medios chinos, es el equivalente a los registros de antecedentes de infractores de muchos países, aparte de sus utilidades financieras.

Por ejemplo, en 2019, Beijing aprobó un registro de antecedentes de infracciones de tráfico o de orden público (como poner música a todo volumen) que aparte de las sanciones, implicaba la inclusión de los sancionados en un registro oficial, equivalente a cualquiera de los registros de infractores existentes en todos los países de la Unión Europea. O la provincia de Guangzhou, que en 2019 tuvo la osadía de crear un registro de infractores donde se sancionaría a quien haga trampa en los exámenes nacionales, provinciales o municipales.

Si entendemos esto como un «sistema de vigilancia», y a pesar de las intenciones de algunos propagandistas del gobierno chino de utilizar big data e inteligencia artificial, el método regulatorio de este sistema es en general bastante tosco, ya que ni existen «bases de datos unificadas» ni tampoco registros de identidad que almacenen tal cantidad de habitantes. Y siendo sinceros, seria más preciso concebir el llamado «crédito social chino» como un ecosistema de iniciativas que comparten una lógica subyacente similar (la de establecer ciertos códigos de conducta similares a cualquier país occidental -no orinar en la calle, tirar la basura en un horario determinado, etc.), que una máquina unificada e integrada de control social.

La literatura anticomunista que se ha desatado con este tema es tan burda, que incluso el Washington Post tuvo que salir al paso en 2018 con un editorial de opinión insinuando que se estaban dando exageraciones sobre este tema en las que primaban «cuestiones ideológicas» más que otra cosa.