El gobierno venezolano inicia un «giro pragmático» de su economía y su política exterior

Tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez parece haber emprendido un viraje económico pragmático y calculado. Su estrategia, presentada bajo el lema de «defender la soberanía frente a la agresión», busca abrir puertas que estuvieron cerradas durante años, especialmente hacia Estados Unidos.

El motor de este cambio es, sin duda, el sector petrolero. El gobierno ha lanzado una reforma de la Ley de Hidrocarburos cuyo objetivo es formalizar y blindar, a través de los llamados Contratos de Participación Productiva, la entrada de capital y tecnología extranjera. Se trata de un giro radical, pues hasta ahora habían existido muchas reticencias hacia formas de economía mixta (pública y privada) en el ámbito de los hidrocarburos.

Según el gobierno venezolano, esta reforma pretende generar confianza jurídica para que empresas, particularmente estadounidenses como Chevron o ExxonMobil, inviertan masivamente en la revitalización de los campos venezolanos. La primera señal concreta de esta nueva orientación fue la firma de un contrato para exportar Gas Licuado de Petróleo (GLP), un producto nuevo en la canasta exportadora del país. Este movimiento no es ingenuo: responde directamente al interés expresado por Donald Trump de que compañías de Estados Unidos lideren la reactivación energética venezolana.

Paralelamente, Rodríguez busca atender la emergencia social y domar la inflación mediante una ingeniería financiera de alto impacto. La pieza clave son dos nuevos fondos soberanos. El Fondo de Protección Social está diseñado para inyectar recursos directamente en el bolsillo de los trabajadores y en servicios como salud y educación. El Fondo de Infraestructura, por su parte, apunta a la rehabilitación urgente de agua, electricidad y carreteras.

Estos fondos se nutrirían de los ingresos petroleros. Para contener la espiral de precios, el gobierno prometió una inyección sostenida de divisas provenientes del petróleo al mercado cambiario, una medida dirigida a reducir la enorme brecha entre el dólar oficial y el paralelo que tanto alimenta la inflación.

Este giro se completa con un paquete de reformas legales y un cambio de tono con el sector privado. Se han presentado proyectos de ley como la Ley de Derechos Socioeconómicos —para control de precios— y la Ley de Aceleración de Trámites —contra la burocracia—, mientras se fusionan ministerios en busca de eficiencia.

Quizás uno de los gestos más simbólicos fue la convocatoria de Rodríguez al Consejo Nacional de Economía Productiva, un espacio de diálogo con empresarios que había estado fracturado durante años, señalando una apertura tácita para reactivar la producción nacional.

En esencia, la narrativa del gobierno de Delcy Rodríguez es un ejercicio de equilibrio: mantiene una retórica de firmeza soberana frente a Washington, pero en la práctica ejecuta un manual de emergencia económica que depende crucialmente del capital y el beneplácito del mismo «imperio» que denuncia, pero sin ideología e incluso renunciando a principios históricos.

Una prueba de ello es la reciente «sugerencia» del hijo de Nicolás Maduro de restablecer relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Si bien no es un anuncio oficial, su valor es simbólico y de sondeo: sirve para medir reacciones internas del chavismo y enviar una señal potente a Washington e Israel sobre la disposición al cambio.