De ser el arma top secret del Ejército estadunidense a inspirar incluso los coches voladores autónomos que en breve surcarán las ciudades, los drones hoy son utilizados para el tráfico de drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México, realizar atentados y recabar información de inteligencia valiosa para el crimen organizado.
Entre 2012 y 2017 los drones operados por los cárteles mexicanos efectuaron 850 incursiones a Estados Unidos, según informa la oficina de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hoy los operativos de las fuerzas mexicanas y estadunidenses no tienen efectividad. Con sus flotillas de drones, las organizaciones criminales –principalmente el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación– han rebasado a las autoridades.
También conocidos como VANT (por la sigla de “vehículos aéreos no tripulados”), los drones constituyen auténticos ejércitos de organizaciones criminales para el trasiego de enervantes y atentados.
Los drones son eficaces para recolectar información de inteligencia de áreas estratégicas del gobierno y no tardan en incursionar como herramientas del crimen organizado para realizar actos de extorsión.
El uso oficial de los drones para el combate a la delincuencia organizada no está dando resultados, merced a que no es un tema de tecnología, sino de complicidades.
La misma agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) está vinculada con los cárteles de México. Hace 3 años por dejar pasar contenedores con revisión o sin ella la tarifa era de 500 y 1.000 dólares, respectivamente. Ahora las ganancias se han incrementado en 1.000 por ciento con el uso de drones.
El uso de drones por parte de los grupos del crimen organizado ha desarrollado exponencialmente sus capacidades. Hoy están cruzando más droga a Estados Unidos debido a que el modelo de inteligencia de los agentes antidrogas de ese país se ha vuelto anacrónico.
La estrategia de la DEA de “dame una ruta a cambio de quitarte años de cárcel”, cada vez les funciona menos, porque en México ya no hay una estructura piramidal de los cárteles; sus integrantes sólo se van enlazando en términos de operación para el paso de drogas.
En México las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) crearon sus centros de ciberseguridad, uno de cuyos elementos es la administración de drones, en Chihuahua y Sonora, desde donde se monitorea flujo de datos, análisis para ciberataques y, sobre todo, vigilancia con el uso de drones en sitios donde no puede acceder el ser humano.
Los resultados de la vigilancia con el uso de drones están muy vinculados a Estados Unidos, donde iniciaron con este tipo de modalidad, a través del comando sur en Baja California que abarca toda la península y hay más control, pero en el resto de la frontera con México aún es vulnerable.
La estrategia de ciberseguridad del gobierno de López Obrador será operada a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), debido a que actualmente no hay un órgano rector, y la Dirección de Aeronáutica Civil en materia de drones sólo interviene en los que se mueven en cierta altura.
El tema central de los drones es el control, la venta, su utilización y las ganancias de los cárteles de la droga. No está fácil la respuesta oficial a este fenómeno delictivo, ya que los drones se pueden constituir en una ruta para futuras extorsiones mediante amenazas de artefactos en casas de gente políticamente expuesta, como ocurrió recientemente en Baja California.
Se refiere al incidente del 10 de julio pasado, en Tecate, Baja California, donde un par de drones adaptados con granadas de fragmentación sobrevolaron el municipio, hasta llegar al domicilio particular del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Sosa Olachea. Uno de los drones –equipado con cámara de vídeo y audio– cayó durante la noche en el patio sin que detonaran los artefactos.
Hasta ahora la delincuencia organizada no ha utilizado drones para limpiar territorios, pero cuando lo hagan va a ser complicado combatirlos porque sólo algunas zonas y áreas estratégicas del país están protegidas para evitar incursiones de aeronaves no tripuladas, como Los Pinos e instalaciones de la Sedena y la Marina, entre otras.
Zánganos al alcance del crimen
Los drones cada vez incrementan su popularidad y empleo en actividades de la sociedad, su desarrollo y producción en masa satisface a un variopinto de clientes, desde el uso militar, policial, industrial, académico, recreativo, hasta organizaciones criminales que incursionan en esta tecnología para el tráfico de drogas.
Los drones –adaptación al español del sustantivo inglés “drone” (literalmente zángano, macho de las abejas), para referirse a una aeronave no tripulada–, tienen funciones muy avanzadas y capacidades de vuelo automático, menos habilidades para operarlos, condición que los pone al alcance de las organizaciones criminales.
El empleo de los drones por las organizaciones criminales se ha registrado en la frontera de México con Estados Unidos donde grupos delictivos los utilizan para operaciones de tráfico de drogas, obtener vídeo en tiempo real sobre la posición de la patrulla fronteriza y autoridades de seguridad.
Al tener vídeo en tiempo real, los narcotraficantes siguen el movimiento de agentes fronterizos o autoridades, para establecer cruces ilegales en la frontera. Ante esta situación se pierde la efectividad de las patrullas y la capacidad de respuesta por parte de las autoridades.
Los drones se usan en el contrabando ya que pueden transportar de 1 a 3 kilogramos en la frontera o introducir artículos prohibidos a las prisiones, en operaciones en las que los criminales ni siquiera se preocupan por recuperarlo, pues la droga transportada cuesta más que el dron y eso los hace desechables, y con un bajo riesgo para los infractores de ser detenidos.
Las organizaciones criminales utilizan tecnología de vanguardia para satisfacer sus necesidades, desde equipos de comunicación para sus embarcaciones, balizamiento de carga a la deriva para su recuperación, hasta drones con sistemas de control de vuelo, pilotos automáticos y cámaras digitales, fácil de operar por cualquier persona con sólo seguir instrucciones sencillas.
Un ejemplo se produjo cuando la Policía Federal detuvo en junio de 2016 a cuatro hombres a bordo de un vehículo robado en Guanajuato, detectó un arma larga AK-47, cuatro celulares, así como un dron-bomba con detonador remoto, hallazgo que cambió la actitud de las autoridades mexicanas hacia las mafias criminales.
La región donde se hizo la detención –la carretera de Salamanca a Morelia– se ha convertido en laboratorio de cárteles que experimentan con nuevas tecnologías y armas: el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se trata de una copia de los métodos violentos del Califato Islámico, que ha recurrido a drones suicidas. Los cárteles ya utilizaban las papas-bombas, pero el hecho de que las crucen con tecnología de drones, que se compran en internet por 229 dólares, cambia la consideración de sus acciones.
Entre 2012 y 2017 las Fuerzas Armadas y la fiscalía han documentado al menos 850 intrusiones de drones en la frontera México-Estados Unidos, por parte de los cárteles para traficar drogas, y donde grupos criminales también los utilizan para recolectar información y operaciones de vigilancia para la trata de personas.
La fiscalía señala que entre los operativos realizados durante 2017 destaca la detención de un hombre junto con su dron, un DJI Matrice 600 quien intentaba cruzar 6 kilos de metanfetaminas a Estados Unidos. En el momento de su detención se encontraba a 1.83 kilómetros del muro fronterizo de Tijuana.
Los drones constituyen un complemento importante en el uso de tecnología por parte de la delincuencia organizada, para reforzar la vigilancia en tierra que realizan personas (halcones) al servicio de los cárteles de la droga en México.
Pueden ser usados para realizar pedidos a narcomenudistas, al estilo de Amazon, para servicio a domicilio sin ser detectados por las autoridades, lo que resulta de vital importancia para los grupos criminales en la obtención de ganancias y evitar detenciones.
Los drones comerciales de utilidad para las organizaciones criminales trasnacionales tienen que ver con vigilancia y reconocimiento, pues un dron puede identificar objetivos potenciales o vigilar acciones o movimientos de un grupo de individuos, ya sea de una instalación privada, pública o militar.
Por su capacidad de recolectar imágenes, un dron en tan sólo 23 minutos puede tomar cientos de fotografías a baja altura en una muy alta resolución que permite apreciar detalles topográficos a menos de 1 metro cuadrado. Esto le permitiría a un oponente la realización de mapas sobre áreas que se encuentren fuera de sus límites de territorio.
Tienen capacidad de soportar cámaras térmicas o multiespectrales que generan mapas de fuentes de calor en el terreno. La observación por medio de transmisión de vídeo en tiempo real, le permite a un grupo de personas delinquir al planear la incursión a un área restringida mientras se oculta de las fuerzas de seguridad.
A diferencia de México, la estrategia de la Guardia Costera de Estados Unidos ha optimizado sus recursos de vigilancia mediante el empleo de sistemas aéreos no tripulados (Sants). De noviembre de 2017 a enero de 2018, había participado en 23 operaciones de interdicción de embarcaciones con droga y había asegurado 47.000 libras de clorhidrato de cocaína en aguas internacionales.
Jorge Edwin Rivera era el dueño de un DJI Matrice 600 de 5.000 dólares, un dron de enormes dimensiones con capacidad de carga de con 15 kilogramos, alcanzar una altitud de 2.500 metros y diseñado para ver fotografía aérea y aplicaciones industriales.
La policía fronteriza lo detuvo a 1.83 kilómetros del muro cuando pilotaba su dron con 6 kilogramos de metanfetamina. El cristal, cuya venta le habría reportado a Rivera unos 46.000 dólares en Estados Unidos, fue decomisado junto al dron.
El marco legal sobre el uso de drones es de risa
Para preservar la seguridad de ciudadanos y operadores de drones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en abril de 2015 la renovación de criterios para regular el vuelo civil de aeronaves no tripuladas.
La circular establece que los VANT, sólo pueden ser operados durante el día, en áreas no clasificadas como prohibidas, restringidas o peligrosas, y a una distancia de 9.2 kilómetros de aeropuertos controlados, de 3.7 kilómetros con aeródromos no controlados, y de 900 metros con helipuertos. Prohíbe también el lanzamiento de objetos desde el aire que puedan causar daños a personas o bienes.
La norma establece distinciones en función del peso de los sistemas de tres tipos de drones: de 2 kilogramos de peso o menos; de 2 a 25 kilogramos, y de más de 25 kilogramos.
Señala que los drones de un máximo de 2 kilos pueden ser operados sin que el piloto necesite una autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la SCT. Pero si se usan para actividades comerciales, es obligatorio que el operador cuente con un seguro de daños a terceros.
Para aeronaves de más de 2 kilos de peso y para uso recreativo, no es necesaria la autorización de la DGAC, aunque solo pueden volar en clubes de aeromodelismo. Si el fin es comercial, es obligatoria para el operador la autorización de la DGAC.
Y para drones de más de 25 kilos, el operador debe contar con una licencia de piloto, y el vuelo se limitará a las condiciones establecidas por la DGAC.
Esta regulación es de risa. La legislación no sólo está desfasada sino que ha sido rebasada por las bandas criminales. Por ello es urgente que el Congreso de la Unión legisle sobre el uso de drones en el espacio aéreo nacional.
México está en la lona en materia de leyes de aeronáutica civil y del uso de drones por parte de civiles y militares, hueco que aprovechan los grupos delincuenciales para usarlos como parte de las herramientas para el trasiego de drogas y recopilación de información, por lo que se requiere que el Congreso legisle desde luego para controlar el espacio aéreo nacional.
Si bien se requiere regular el uso de naves no tripuladas, resulta difícil aplicar la legislación y sobre todo controlar la amalgama de rutas y zonas donde operan los cárteles de la droga, además de que el Estado carece de infraestructura y equipo humano para contrarrestar esta actividad.
Drones y Fuerzas Armadas
La Sedena está empeñada desde hace 10 años en combatir diversos grupos delincuenciales por todo el país. De ahí que su enfoque principal en este tema se haya centrado en conseguir herramientas que faciliten la obtención de inteligencia en apoyo a sus tropas mediante el uso de drones. No obstante, la dependencia nunca ha hecho público el número exacto de drones que opera del fabricante local Hydra Technologies.
Se ha producido un significativo aumento del uso de vehículos aéreos no tripulados tanto militares como civiles en Latinoamérica, aunque no todos los Estados de la región han logrado establecer con éxito programas de investigación y desarrollo de esta tecnología.
La implantación de sistemas en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad está más avanzada que en el entorno civil.
La Armada de México, a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico, apostó por la creación de VANT propios, para satisfacer sus necesidades operativas, sin depender de proveedores externos. Hasta 2018 ha concluido dos programas de desarrollo: el llamado VANT y el Sistema de Patrullaje Autónomo y Reconocimiento Táctico de la Armada o Spartaam.
Algunos programas de vinculación académica de la Sedena y la Fuerza Aérea Mexicana han dejado ver que existe algún tipo de proyecto de desarrollo de drones con una universidad especializada en aeronáutica, sin que existan avances significativos hasta el día de hoy, por lo que considera que resulta factible esperar que ambas instituciones generen en el futuro algún tipo de VANT a través de distintos canales de desarrollo interno.
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/08/03/drones-los-nuevos-ejercitos-del-crimen-organizado/