Desde entonces, las faltas de respeto se han convertido en el segundo motivo de sanción impuesta por la aplicación de la Ley Mordaza, solo por debajo del consumo o tenencia de drogas en lugares públicos, que acumula 18.000 sanciones desde julio.
Los datos proceden de los de expedientes sancionadores tramitados por la Administración General del Estado a través del Ministerio de Interior. Estos datos no incluyen las denuncias de las fuerzas de seguridad que todavía no han sido elevadas o fueron desestimadas por el órgano sancionador. Tampoco incluyen las de las policías autonómicas independientes, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. Por tanto, los datos de Cataluña y País Vasco están infrarrepresentados.
El artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana establece como infracción leve “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones”, con multas de entre 100 y 600 euros. Las multas impuestas por este motivo desde la llegada de la Ley Mordaza promedian 145 euros por sanción.
“Ahora el Gobierno es juez y parte sobre una serie de infracciones que antes estaban en manos de jueces independientes”, explica Joaquin Bosch, portavoz de Jueces por la Democracia. El artículo 52 de la ley establece que la “denuncia” del agente constituirá “base probatoria suficiente” para adoptar la resolución que proceda. “En el ámbito judicial la palabra del agente no es suficiente, hay que probarlo”, critica Bosch.
Gracias a estas sanciones, el Gobierno podría recaudar más de 900.000 euros con las sanciones impuestas por “faltar el respeto” a las fuerzas de seguridad. Un cálculo que no tiene en cuenta los posibles pagos voluntarios de los ciudadanos, que solo abonarían el 50% si lo hacen antes de los 15 días de conocer la sanción, o las denuncias presentadas que todavía no han sido elevadas.
Hasta el 28 de enero se han tramitado en España más de 40.000 sanciones en virtud de la nueva normativa. La recaudación por esas sanciones podría alcanzar los 18,3 millones de euros solo en los últimos siete meses.
Respecto a otros artículos polémicos y contestados de la ley, hay 18 sanciones por utilizar fotos de policías o de objetos que puedan identificar a un miembro de las fuerzas de seguridad. Además, se han puesto 71 sanciones por obstruir a la autoridad en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales, que incluye, por ejemplo, las personas que traten de impedir un desahucio.
“España es uno de los países menos violentos de la UE”, argumenta Alba Villanueva, portavoz de la plataforma No Somos Delito, que agrupa a más de 70 organizaciones de activistas, ciudadanos y juristas. Denuncia que con la nueva ley de seguridad ciudadana muchas conductas que antes iban por la vía penal -donde hay un juez- ahora pasan o se duplican en la vía administrativa -son los funcionarios los que valoran-.
Los datos se muestran por cada 100.000 habitantes. Incluye los datos de sanciones tramitadas por las Delegaciones del Gobierno desde julio de 2015 hasta el 28 de enero de 2016.
Desde el 1 de julio de 2015 se han tramitado 3.700 sanciones por desobediencia o resistencia a la autoridad o por negarse a identificarse. Villanueva critica que este artículo, al no especificar, permite sancionar conductas de resistencia pasiva, por ejemplo, en sentadas de protesta. “Ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión”, sentencia Joaquim Bosch.