En agosto Francia promulgó una ley llamada “de clima y resiliencia” que impone una especie de transición ecológica en el sector inmbiliario y la construcción de edificios.
Lo mismo que el coronavirus, el clima es un pretexto perfecto para justificar cualquier cosa. El sector inmobiliario no podía ser una excepción.
Si las temperaturas del planeta van a subir, una ley de la edificación debería diseñar viviendas bien ventiladas para que las corrientes de aire bajen los termómetros.
Sin embargo, la ley francesa pronostica todo lo contrario, algo muy poco “ecológico”: en el futuro unas temperaturas bajas harán necesario un mayor aislamiento.
La ley pretende luchar contra los “coladores”, esos edificios con malos revestimientos y peores cerramientos. Los propietarios tendrán que realizar auditorías térmicas de sus viviendas y no las podrán alquilar si el aislamiento no es bueno.
4,4 millones de viviendas se verán afectadas en un plazo de 12 años, incluidas 600.000 en los próximos tres años.
La situación inmobiliaria en Francia no es tan distinta a la de España. Los trabajadores no pueden pagar los precios de los alquileres y cada vez hay más desahucios. A pesar de ello, la ley aumentará los precios aún más y, sin duda, dejará a miles de familias obreras en la calle.
Los pequeños propietarios también van a perder sus viviendas, es decir, se va a producir una concentración de la propiedad en favor de las grandes inmobiliarias y los fondos buitre porque muy pocos van a poder pagar el coste de las reformas de las viviendas.
El 75 por ciento de los pequeños propietarios confiesa que no puede pagar el coste de la rehabilitación. Un 43 por ciento de ellos dice que no aplicará la nueva, es decir, que no hará las reformas impuestas y un 32 por ciento tirará la toalla.
El cambio climático ya ha subido el precio de los carburantes. También ha subido el precio de los vehículos y ha puesto peajes en carreteras que antes no tenían. Los viajes son un artículo de lujo que, además, sólo están al alcance de los que tengan un pasaporte sanitario.
La supervivencia es cada vez más difícil con unos salarios que pierden poder adquisitivo por momentos.