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La Fundación Rockefeller preconiza la militarización de la sociedad con el pretexto de la pandemia

La Fundación Rockefeller ha presentado un “Plan de Acción Nacional para el Control de Covid-19” en el que esbozan “medidas pragmáticas para reabrir nuestros lugares de trabajo y comunidades”. Pero estas no son, como dice el título, simplemente medidas de salud. El Plan -al que han contribuido algunas de las más prestigiosas universidades (Harvard, Yale, Johns Hopkins y otras)- prefigura un modelo social verdaderamente jerárquico y militarizado.

En la parte superior, el “Consejo de Control de Pandemias, análogo al Consejo de Producción de Guerra que Estados Unidos creó en la Segunda Guerra Mundial”. Estaría compuesto por “dirigentes de los negocios, el gobierno y el mundo académico” (enumerados así por orden de importancia, con los representantes del gobierno no en la parte superior, sino los de las finanzas y la economía). Este Consejo Supremo tendría la facultad de decidir sobre la producción y los servicios, con una autoridad similar a la conferida al Presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra por la Ley de Producción para la Defensa. El Plan establece que 3 millones de ciudadanos estadounidenses deben ser examinados semanalmente del Covid-19, y que el número se debe aumentar a 30 millones por semana en seis meses. El objetivo, que se debe alcanzar en un año, es llegar a la capacidad de probar a 30 millones de personas diarias de Covid-19.

Para cada prueba debe haber “un reembolso adecuado a un precio de mercado de 100 dólares”. Por lo tanto, se necesitarán “miles de millones de dólares al mes” en dinero público.

La Fundación Rockefeller y sus socios financieros ayudarán a crear una red para la provisión de garantías de crédito y la firma de contratos con los proveedores, es decir, con las principales empresas productoras de medicamentos y equipo médico. Según el Plan, la “Junta de Control de Pandemias” también está autorizada a crear un “Cuerpo de Respuesta a Pandemias”, una fuerza especial (no denominada incidentalmente “Cuerpo” como los Marines) con una plantilla de 100.000 a 300.000 miembros. Se reclutarían de voluntarios del Cuerpo de Paz y de Americorps (creado por el gobierno de Estados Unidos oficialmente para “ayudar a los países en desarrollo”) y de la Guardia Nacional.

Los miembros del “Cuerpo de Respuesta ante Pandemias” recibirían un salario bruto medio de 40.000 dólares al año, para lo cual se espera que el gobierno gaste entre 4.000 y 12.000 millones de dólares anuales. El “Cuerpo de Respuesta ante Pandemias” tendría la tarea principal de controlar a la población con técnicas de tipo militar, mediante sistemas digitales de rastreo e identificación, en lugares de trabajo y de estudio, en barrios residenciales, en lugares públicos y en movimiento. Sistemas de este tipo -recuerda la Fundación Rockefeller- los realizan Apple, Google y Facebook.

Según el Plan, la información sobre las personas, relativa a su salud y actividades, permanecería reservada “en la medida de lo posible”. Sin embargo, todos ellos estarían centralizados en una plataforma digital cogestionada por el Estado Federal y las empresas privadas.

Sobre la base de los datos proporcionados por el “Consejo de Control de Pandemias”, se decidirá a su vez qué zonas estarían sujetas a confinamiento y por cuánto tiempo. Este, en resumen, es el plan que la Fundación Rockefeller quiere implementar en Estados Unidos y en otros lugares. Si se llevara a cabo aunque fuera parcialmente, habría una mayor concentración del poder económico y político en manos de élites aún más pequeñas, en detrimento de una mayoría creciente que se vería privada de los derechos democráticos fundamentales.

El operativo se ejecutaría en nombre del “control del Covid-19”, cuya tasa de mortalidad, según datos oficiales, ha sido hasta ahora inferior al 0,03 por ciento de la población de Estados Unidos. En el Plan de la Fundación Rockefeller, el virus se utiliza como un arma real, incluso más peligrosa que el propio Covid-19.

(*) https://www.rockefellerfoundation.org/national-covid-19-testing-action-plan/

Manlio Dinucci, https://www.investigaction.net/fr/la-fondation-rockefeller-preconise-un-controle-militarise-de-la-population-pour-lutter-contre-le-covid-19/

El FBI no necesita autorización judicial para rastrear el historial de navegación de los internautas

El FBI ya no necesita obtener una autorización judicial para consultar el historial de navegación de los usuarios de internet.

El Senado ha rechazado por un voto una enmienda a la Ley Patriótica y la Ley FISA (Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera) para que la policía se pueda entrometer en la intimidad de millones de estadounidenses.

La enmienda pretendía exigir que ciertas fuerzas policiales, como el FBI, obtuvieran una orden para consultar el historial de navegación de los usuarios de internet.

La votación formaba parte de un intento de reforma de la Ley Patrótica y la Ley FISA, algunas de cuyas habilitaciones expiraron el 15 de marzo.

La enmienda sobre el historial de navegación fue presentada por el senador demócrata Ron Wyden y el republicano Steve Daines. Este último dio como ejemplo el reciente caso Trump-Zelensky para poner de relieve los abusos que han hecho posible la Ley Partiótica y la Ley FISA.

“Hemos visto lo que un puñado de burócratas del gobierno despectivos han hecho al Presidente Trump cuando abusan de la FISA para servir a sus propios planes políticos. Lo que le pasó al Presidente Trump le puede pasar a cualquiera”, dijo Steve Daines.

La enmienda fue finalmente derrotada por un voto, aunque varios senadores no estuvieron presentes durante la votación. La ausencia del senador de Vermont Bernie Sanders, que había declarado su apoyo a la enmienda, fue particularmente notable.

Además del rechazo de la enmienda, la ley todavía tiene que ser votada por los diputados en los próximos días. El texto tendrá que ser firmado por Trump.

La idea de permitir el acceso sin orden judicial al historial de navegación no es nueva. En 2016 Obama apoyó al antiguo director del FBI, James Comey, en una enmienda de la Ley sobre la Confidencialidad de las Comunicaciones Electrónicas para permitirlo.

Contagio: si aplaudimos la ley marcial, también aplaudiremos la censura total

La histeria del coronavirus es una maniobra para imponer el fascismo, la ley marcial, el toque de queda y la anulación definitiva en todo el mundo de las reliquias que quedaban de derechos y libertades fundamentales. Dos siglos después, todo aquello se viene abajo, con el aplauso entusiasta de los propios afectados.

Si un país puede sacar al ejército a la calle, también imponer la censura típica de toda guerra, aunque ya no necesitará hacerlo por decreto, ya que para eso están las empresas tecnológicas que manejan las redes sociales a su antojo.

Esas multinacionales ya han empezado a censurar noticias sobre el coronavirus, e incluso están eliminando cuentas completas de sus usuarios. Quien censura ya no es el Estado o los jueces sino empresas privadas, con el pretexto de poner coto a las informaciones “falsas”.

Los grandes monopolios digitales quieren que Ustedes sólo puedan leer noticias veraces, objetivas, rigurosas y contrastadas sobre cualquier materia. La paranoia del coronavirus les está sirviendo como entrenamiento para futuras cribas.

YouTube ha amenazado con cambios frente a la pandemia: la llamada “inteligencia artificial” se encargará de la censura de contenidos. Nos quieren convencer de que es así de aséptico: no somos nosotros los que censuramos, sino un algoritmo. Pero, ¿quién ha sido el mequetrefe que ha escrito el algoritmo?, ¿quién se lo ha ordenado?, ¿qué instrucciones le han dado para que lo haga?

La propia pandemia tiene la culpa de la censura: “A medida que COVID-19 evoluciona, hacemos todo lo posible para apoyar a los que ven, crean y se ganan la vida en YouTube. Muchos de nosotros aquí y en nuestro personal ampliado no podemos trabajar como de costumbre, por lo que estamos reduciendo algunas oficinas, causando trastornos”, dice Youtube en un post de Twitter.

“Con menos gente para revisar el contenido, nuestros sistemas automatizados intervendrán para mantener seguro a YouTube. Se eliminarán más vídeos de lo habitual durante este período, incluyendo contenidos que no violen las directrices de nuestra comunidad. Sabemos que esto será difícil para todos ustedes”, advierten.

Hasta los propios censores reconocen que su “inteligencia artificial” no es tan espabilada y que van a eliminar muchos contenidos.

Huele a podrido porque YouTube no explica por qué no pueden seguir como hasta ahora de manera remota.

Otras grandes empresas tecnológicas como Facebook y Twitter también han aprovechado la paranoia para implantar un sistema de censura automatizado.

Facebook ha hecho el paripé. La semana pasada los sindicalistas de pacotilla le criticaron porque exigía a sus trabajadores que acudieran a sus puestos a pesar de la histeria. Ahora ha cedido: envía a los trabajadores a casa y la censura será automática. “Podríamos ver tiempos de respuesta más largos y cometer más errores como resultado”, también advirtió Facebook.

Lo mismo que antes: la “inteligencia artificial” no es tan lista como nos quieren hacer creer y se equivocará, nos advierten de antemano.

Como Ustedes sospechan, los algoritmos atacan especialmente a los medios alternativos porque así han sido diseñados. En el pasado, Facebook ha eliminado cuentas antimperialistas, antifascistas, proputin, propalestinas, procubanas y alternativas, en general, como el Informe de la Agenda Negra, por poner un ejemplo.

A principios de febrero, Twitter no sólo bloqueó la cuenta de Maduro sino que borró las de 2.000 de sus seguidores. Lo mismo ha ocurrido con cuentas asociadas al Eje del Mal, como Irán.

El medio de comunicación alternativo 21st Century Wire ha sido suprimido.

A MintPress le han censurado un artículo sobre la respuesta de Cuba al coronavirus.

Los algoritmos promueven a las grandes y pequeñas cadenas mundiales de intoxicación, las que blanquean a los fondos buitre, encubren la represión y jalean las guerras imperialistas.

Es normal porque redes sociales, como Twitter, están en manos de fondos buitre, como Elliott.

Por su parte, Facebook se ha asociado a la OTAN y a los sionistas con el propósito de justificar los crímenes imperialistas.

Pero la censura no la promueven sólo los grandes monopolios sino también mequetrefes reformistas, como un tal Pablo García, que públicamente ha pedido en Twitter que le quiten la licencia y censuren a una médico que ha denunciado el alarmismo sobre la pandemia. Los inquisidores y los torquemadas están por todas partes. Como decía la III Internacional, los fascistas no son muy distintos de los socialfascistas.

Contagio: las paranoias masivas siempre han justificado el terrorismo de Estado

Mary Mallon fue una de las muchas personas que a lo largo de la historia, a pesar de estar sanas, se la consideró como “portadora de una enfermedad infecciosa” y por lo tanto, transmisora de ella.

Mallon era una trabajadora que no cometió ningún delito, pero fue encarcelada y confinada durante 23 años en un hospital que había en una isla cercana a Nueva York, donde murió. Fue una cuarentena de por vida.

Hace una semana el reportaje de un periódico contaba otra historia parecida, la de Chan Bao, una enfermera de un hospital de Wuhan que fue diagnosticada de coronavirus sobre la base de una exploración torácica. Por lo tanto, no estaba probado que el virus estuviera presente y tampoco presentaba ningún síntoma de ninguna enfermedad. A pesar de estar sana, la confinaron en su casa y la ordenaron que tomara un medicamento antiviral llamado Oseltamivir, más conocido como Tamiflú (que por cierto es un neurotóxico).

Lo mismo que los agotes, Mallon y Bao son mujeres sanas pero las tratan como si estuvieran enfermas, no por ellas mismas sino “por los demás”. En consecuencia, este tipo de situaciones permiten a “los demás” imponerse sobre uno mismo de manera brutal.

Las declaraciones solemnes de derechos humanos dicen que no se puede condenar a nadie que no haya cometido un crimen, pero la letra pequeña dice: excepto si te ponen la etiqueta de que puedes contagiar a otro. Quizá… es posible… Son las consecuencias de la llamada “medicina preventiva”, que se preocupa más por los sanos que por los enfermos.

“Soy inocente. No he cometido ningún crimen… Es injusto. Parece increíble que una mujer indefensa pueda ser tratada así en una comunidad cristiana. ¿Por qué me destierran como un leproso?”, protestó Mallon. Sus quejas no le sirvieron de nada.

Es una condición equívoca que la medicina moderna maneja sin sonrojarse. Los llaman “portadores asintomáticos”, es decir, que no padecen ninguna enfermedad. Sin embargo, la doctrina dice que “transmiten” algo que no tienen, la enfermedad, que es tanto como si nos dicen que pueden vender una vivienda que no es suya.

Según algo que hoy es comúnmente aceptado, a pesar de ser paradójico, la causa no siempre produce el efecto. Según dicen, Mallon tenía la causa (la bacteria Salmonella typhi), pero no tenía el efecto: la enfermedad llamada fiebre tifoidea, que está catalogada como “contagiosa”.

Lo que la doctrina quiere decir es algo distinto a lo que dice, a saber: lo que se contagia no es la enfermedad, sino la bacteria o el virus. Al transmitirla a otras personas, éstas enferman, aunque el “enfermo número 1” no sea tal enfermo sino que esté sano.

Lo malo de este tipo de concepciones equívocas sobre la salud, la enfermedad y el contagio es que la causa (el microbio) no es tal, ya que son muchos en los que aparece y no todos enferman. Por eso a varios científicos del siglo XIX les atribuyen la frase “el microbio no es nada, el terreno lo es todo”.

A ese lema se le ha dado una vuelta de 180 grados: hoy el terreno no es nada, el microbio lo es todo. El terreno somos nosotros mismos, nuestro cuerpo, que es nuestra responsabilidad, pero si echamos la culpa a un microbio, nos quitamos el problema de encima. Aún mejor si ese microbio es de origen chino, mexicano o africano porque nos permite sacar a relucir nuestro racismo y nuestro odio a lo que viene “de fuera”.

Por razones de salud pública, hay que imponer el toque de queda, impedir los contactos, las migraciones, los viajes, el turismo… Todo tipo de reunión colectiva. Hay que cerrar las fronteras, poner barricadas en las carreteras… Volvamos a instalar lazaretos en los puertos… Que cada cual se quede en su casa, en su país…

A lo largo de la historia los contagios siempre han justificado todo tipo de brutalidades, e incluso crímenes, no sólo contra los contagiosos sino contra cualquiera, contra las minorías y los marginados. Ayer un periódico informaba de que en Madrid van a considerar “positivos”, es decir, enfermos, a pacientes sin necesidad de realizarles ninguna clase de pruebas (*). Directamente se les impondrá el confinamiento, como a Mary Mellon, dijo el jueves el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa.

No necesitan “pruebas“ de nada. A ellos les importa un bledo si estás sano o enfermo. Aquí no hay ningún problema de salud. La cuestión es si te consideran de una manera o de la otra. Eso es muy funcional porque es la mejor manera de inflar la cifra de enfermos, de muertos y de contagios exponencialmente. Así es como se crea una paranoia de manera artificial.

(*) https://www.eldiario.es/madrid/Comunidad-Madrid_0_1005100590.html

Circulan por Twitter miles de fotos del terror que la policia de Nueva York ejerce contra los vecinos

La policía de Nueva York inició una campaña de imagen invitando a los vecinos a enviar fotos sobre ellos a su cuenta oficial de Twitter (@NYPDnews) y el experimento resultó contraproducente: miles de imágenes sobre torturas y palizas.

La campaña pretendía mejorar las relaciones entre la policía y los ciudadanos y, desde luego, ha tenido una repercusión inaudita en las redes sociales, pero no de la manera que esperaban.

Los vecinos tienen muy claro que la policía es el terror y la campaña es “trending topic” a causa de ello y no hay manera de frenarla.

Después de la frenética actividad en Twitter de ayer, los vecinos de Nueva York siguen hoy enviando imágenes de actos policiales terroristas, como es el caso de una ciudadana que enseña en una fotografía un moratón en el ojo que, según reivindica, le hizo un policía.

Entre las miles de imágenes compartidas se pueden ver actos brutales como una imagen de un policía que coge impulso para pegar con la porra a un joven encapuchado de negro.

“A menudo nosotros desempeñamos actividades legales, aunque tengan un aspecto horrible”, se excusa el jefe de la policía de Nueva York, Bill Bratton, en una rueda de prensa convocada para hoy.

Desde ayer se puede ver en Twitter tirones de pelo, sacudidas, patadas o, por poner otro ejemplo, la imagen de un hombre ensangrentado de 84 años mientras cruza la calle.

“A lo mejor no lo sabéis, pero la policía de Nueva York no puede ayudar retorciendo el cuello”, explica un usuario de la red social al subir una fotografía que muestra a un policía estrujando el cuello de un manifestante en Nueva York.

Naturalmente, la cuenta de la policía no muestra ninguna de las imágenes del terror que circularon ayer en Twitter. Se llama censura. Sólo quieren imágenes amables de ciudadanos felices y contentos.

Hasta el último aliento: informe sobre el caso Georges Ibrahim Abdallah

Georges Ibrahim Abdallah es un preso político libanés condenado en Francia a cadena perpetua por la ejecución en 1982 de dos diplomáticos, uno estadounidense y otro israelí. Encarcelado en 1984, es el preso político más antiguo que hay en Europa, un caso de laboratorio del funcionamiento de la represión en el Viejo Continente y del papel de los jueces como sicarios del Estado.

El caso muestra también el encarnizamiento para mantener a Abdallah encarcelado y ayuda a entender determinados aspectos del imperialismo que no se suelen tener en cuenta.

La ejecución de los dos diplomáticos fue obra de Jacqueline Esber, alias “Rima”, una militante comunista libanesa que vivió toda su vida en la clandestinidad y falleció en Beirut en 2016 como consecuencia de una larga enfermedad.

Su identidad se conoció 34 años después de la ejecución, pero la verdad no condujo a una revisión de la condena de Abdallah porque un Estado imperialista como Francia, “patria de los derechos humanos”, vive de la mentira y el fraude, a costa de lo que sea, incluso de mantener a una persona condenada de por vida en la cárcel.

Tras condenarle en 1987, uno de sus abogados, Jean Paul Mazurier, publicó un libro en el que confesaba que trabajaba por cuenta del espionaje francés, un argumento más que suficiente para anular el juicio y, naturalmente, tambien la condena. No ha sido así.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Libano (FARL) secuestraron a Sydney Peyrolles, un diplomático francés destinado en Líbano para canjearlo por Abdallah. En la negociación subsiguiente las FARL liberaron a Peyrolles, pero Francia no cumplió con su parte del trato: liberar a Abdallah.

Al mismo tiempo que ambas partes llegaban a un acuerdo, apareció la pistola con la que se había producido una de las ejecuciones, envuelta en un periódico árabe con una fecha posterior en dos años al encarcelamiento de Abdallah.

Los diplomáticos ejecutados fueron dos. Uno de ellos se llamaba Charles E. Ray y era miembro de la CIA. El otro, Yaacov Barsimentov, era israelí y miembro del Mosad. Sus muertes se producen a comienzos de los ochenta, en un contexto dramático para Líbano, Israel y Oriente Medio que podemos resumir de la siguiente manera:

  1. En diciembre de 1981 Israel se anexiona los altos del Golán, pertenecientes a Siria
  2. Israel proclama a Jerusalén como su capital
  3. En 1982 el jefe de las milicias cristianas libanesas, Bachir Gemayel, aliado de los israelíes, alcanza la presidencia y es ejecutado casi inmediatamente
  4. Beirut es ocupado militarmente por Israel y la OLP tiene que abandonar sus bases
  5. Matanza en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, cometida por las milicias cristianas apoyadas por las tropas israelíes
  6. Primera Guerra del Golfo: Irak ataca a Irán con el apoyo de los imperialistas, incluida Francia

En los ochenta la situacion en Oriente Medio estaba cambiando tras el triunfo de la revolución en Irán. El protagonismo de la resistencia antimperalista cambia. Los palestinos han sido expulsados de sus tierras y ya ni siquiera pueden contar con apoyos efectivos en Líbano, ocupado militarmente por Israel.

En ese contexto, Abdallah era el chivo expiatorio perfecto: era comunista, era libanés, era de origen cristiano y formaba parte de la resistencia palestina. No sólo tenía que ser culpable sino que reunía todas las cualidades del culpable perfecto, que no ha perdido en absoluto porque 35 años después sigue manteniendo sus mismas convicciones políticas revolucionarias, es decir, es otro ejemplo más de coraje y resistencia en las condiciones más difíciles que cabe imaginar.

Su caso aparece en los correos electrónicos capturados a Hillary Clinton: cuando el gobierno francés deliberaba sobre la posibilidad de concederle la condena condicional, el padrino de Washington selló las puertas. Naturalmente, los israelies estaban detrás de esa negativa. Los imperialistas muestran mucho interés en que Abdallah no esté en la calle.

Los franceses juegan con fuego hasta el punto de que puede reproducirse la situación de Beirut en los ochenta. En 2014 el diario libanés Al-Ajbar, portavoz de la resistencia antimperialista, planteaba la posibilidad de que un francés pudiera ser secuestrado para canjearlo por Abdallah.

No estaría de más que quienes tanto recuerdan a Mumia Abu Jamal, dedicaran un poco de su tiempo a hacer lo propio con Abdallah y otros presos políticos que también merecen toda nuestra solidaridad y apoyo.

A nosotros cualquier otra actitud discriminatoria siempre nos ha parecido muy sospechosa…

Los campos de concentración en Estados Unidos: de los indios a los emigrantes pasando por los vietnamitas

La diputada Alexandria Ocasio-Cortez ha provocado una ola de críticas, tanto en la “izquierda” como en la “derecha”, así como en los medios de comunicación, al describir los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos como “campos de concentración”. A pesar de ello Ocasio Cortés no se retractó, citando a expertos académicos y acusando al gobierno de Trump de detener por la fuerza a los emigrantes indocumentados en lugares “donde son maltratados, en condiciones deshumanizantes y donde mueren”.

“Estados Unidos ya organizó campos de concentración cuando reunimos a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial”, escribió en Twitter. “Es una historia tan vergonzosa que la ignoramos en gran medida. Estos campos aparecen en el curso de nuestra historia. Igual que ahora”. Lo que sigue es un resumen de los campos de concentración civiles en Estados Unidos a lo largo de los años. Los campos de prisioneros de guerra, por horribles que sean, han sido excluidos debido a su condición jurídica en virtud de los Convenios de Ginebra.

Medio siglo antes de que el presidente Andrew Jackson firmara la Ley de Traslado de Indios en 1830, un joven gobernador de Virginia, Thomas Jefferson, proclamó el genocidio y la limpieza étnica como la “solución” a lo que más tarde se llamaría el “problema indio”. En 1780 Jefferson escribió “debemos hacer campaña contra estos indios y el objetivo debe ser su exterminio o desplazamiento a través de los lagos del río Illinois”. A partir de Jackson se introdujeron los llamados “depósitos de emigración” como parte integrante de la política oficial de traslado de los indios de Estados Unidos. Decenas de miles de Cherokis, Muscoguis, Seminolas, Chickasaw, Choctaw, Ponca, Winnebago y otros pueblos indígenas fueron forzados a punta de pistola a abandonar sus hogares y trasladados a campos de prisioneros en Alabama y Tennessee.

El hacinamiento y la falta de instalaciones sanitarias provocaron brotes de sarampión, cólera, tos ferina, disentería y tifus, mientras que la falta de alimentos y agua y la exposición a los elementos causaron muertes e inmensos sufrimientos. Miles de hombres, mujeres y niños murieron de frío, hambre y enfermedades en los campos y en las marchas de la muerte, incluida la famosa ruta de las lágrimas, que tenía cientos y a veces incluso más de 1.600 kilómetros de largo. El presidente Jackson explicó que esta traslado genocida fue una “política benévola” del gobierno de Estados Unidos y que los amerindios “no tienen ni la inteligencia, ni la industria, ni los hábitos morales, ni el deseo de mejorar” necesarios para vivir en paz y libertad. “Establecidos en medio de una… raza superior, y sin apreciar las causas de su inferioridad… deben necesariamente ceder a la fuerza de las circunstancias y a la larga desaparición”, dijo Jackson en su discurso sobre el Estado de la Unión en 1833, el hombre al que Donald Trump nombró su presidente favorito.

Décadas después, cuando los sioux y otros pueblos indígenas resistieron la invasión blanca y el robo de sus tierras, el gobernador de Minnesota, Alexander Ramsey, respondió con un nuevo llamamiento al genocidio y la limpieza étnica. “Los indios sioux de Minnesota deben ser exterminados o expulsados permanentemente más allá de las fronteras del estado”, dijo en 1862, ofreciendo una bonificación de 200 dólares (más de 5.000 dólares en dinero actual) por el cuero cabelludo de cualquier indio fugitivo o resistente. Alrededor de 1.700 mujeres, niños y ancianos de Dakota fueron llevados a la fuerza a un campo de concentración construido en un lugar sagrado. Muchos nunca llegaron. Según Jim Anderson, presidente de la tribu Mendota Dakota, “muchos de nuestros seres queridos murieron durante aquella marcha. Fueron asesinados por los colonos cuando cruzaban pueblos pequeños. Los bebés fueron sacados de los brazos de sus madres y asesinados, luego las mujeres… fueron fusiladas o perforadas con bayonetas”, los supervivientes tuvieron que sufrir severas tormentas invernales, enfermedades y hambre. Muchos no sobrevivieron al invierno”.

Dos años después, el general de la Guerra Civil James Henry Carleton, un asesino indio, obligó a 10.000 navajos a caminar 480 kilómetros en pleno invierno desde su tierra natal en el área de Four Corners hasta un campo de concentración en Fort Sumner, Nuevo México. Formaba parte de una campaña de tierra quemada durante la cual el famoso pionero Kit Carson trató de eliminar a los navajos, cientos de los cuales murieron o fueron esclavizados por colonos blancos y tribus rivales durante lo que se conoció como la Larga Marcha. Los que sobrevivieron a la marcha de la muerte a Fort Sumner sufrieron hambre, falta de leña para calentar y cocinar, frío extremo y enfermedades devastadoras. Las humillaciones diarias incluían la prohibición de las oraciones, las ceremonias espirituales y los cantos.

Se estima que aproximadamente 1.500 personas murieron durante su internamiento en Fort Sumner, muchas de ellas bebés y niños.

Más o menos al mismo tiempo, el ejército de la Unión [nórdico, “antiesclavista”] buscaba esclavos liberados en los territorios confederados y los obligaba a trabajar en los llamados “campos de contrabando” asolados por las enfermedades porque los soldados del norte consideraban a los esclavos fugados o liberados como botín de guerra. “Hay muchas enfermedades, sufrimiento y miseria”, escribió James E. Yeatman, de la Comisión de Salud, después de visitar uno de estos campos cerca de Natchez, Mississippi, en 1863. “No hay una casa en la que no haya entrado la muerte… 75 personas murieron en un solo día… algunas regresaron a sus amos a causa de su sufrimiento”. En un campamento ubicado en Young’s Point, Louisiana, Yeatman de las “terribles enfermedades y muertes”, con 30 a 50 personas muriendo cada día de enfermedad y hambre. Un campamento cerca de Natchez, Mississippi, albergaba hasta 4.000 refugiados negros en el verano de 1863; para el otoño, ya habían muerto 2.000 personas, la mayoría niños infectados con viruela y sarampión.

Los suburbios del infierno

Después de que los pueblos indígenas dejaron de obstaculizar su “destino manifiesto”, Estados Unidos se propuso convertirse, por medio de la conquista y la expansión en el extranjero, en una potencia imperial hegemónica. Tras el derrocamiento de la monarquía en Hawai y la anexión de sus islas, se libró una guerra contra España, que llevó a la toma de las primeras colonias americanas en Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Cuando los filipinos se resistieron, los comandantes estadounidenses reaccionaron con extrema crueldad. Haciéndose eco de Andrew Jackson, el presidente William McKinley llamó a esta operación “una asimilación benévola” de Filipinas al creciente imperio estadounidense.

Mientras que el general, “Infierno” Jake Smith ordenó a sus tropas “matar a todos los mayores de 10 años”. En Samar, el futuro presidente William Howard Taft, administrador colonial norteamericano del archipiélago, lanzó una campaña de “pacificación” que combinaba tácticas contrainsurgentes de tortura y ejecuciones sumarias con la deportación y el encarcelamiento en los llamados campos de concentración reconcentrados, que un comandante denominó “los suburbios del infierno”. El general J. Franklin Bell, que espera ansiosamente su nuevo puesto como comandante de las infames batangas reconcentradas, dijo que “toda consideración y respeto por la gente de este lugar cesará desde el día en que me convierta en comandante”.

Lo decía en serio. En diciembre de 1901 Bell dio a los habitantes de los batangas dos semanas para que dejaran sus casas y fueran al campo. Todo lo que dejaron atrás. Sus hogares, granjas, ganado, suministros de alimentos y herramientas, fue robado o destruido por las tropas estadounidenses. Los que se negaron a presentarse en el campo fueron asesinados a tiros, al igual que los prisioneros al azar, cuando los insurgentes mataron a un estadounidense. Las condiciones fueron más allá del horror en muchos reconcentrados. El hambre, las enfermedades y la tortura, incluido el submarino, una simulación de ahogamiento, eran frecuentes. En algunos campamentos, hasta un 20 por ciento de los internados murieron.

Cuando trataron de apoderarse de comida, 1.300 prisioneros batangas fueron forzados a cavar fosas comunes antes de ser fusilados, 20 a la vez, y enterrados allí. “Para mantenerlos prisioneros, los soldados tenían que recibir raciones más reducidas”, explicó un soldado. “No había más remedio que matarlos”.

Durante las dos guerras mundiales, miles de alemanes, germano-americanos y latinoamericanos fueron encarcelados en campos de concentración a lo largo de Estados Unidos. Sin embargo, su raza y su grado de asimilación relativamente alto los salvó. El internamiento y las condiciones de la mayoría de los estadounidenses de origen alemán eran mucho mejores que en los campos estadounidenses anteriores. Los estadounidenses de origen japonés no tuvieron tanta suerte.

Tras el ataque a Pearl Harbour, Roosevelt emitió el Decreto 9066 en virtud del cual todas las personas de ascendencia japonesa que vivían en la costa oeste debían ser reunidas y encarceladas en docenas de centros de reunión civiles, donde estaban hacinadas, a menudo obligadas a dormir en establos sobre el estiércol, centros de realojamiento, bases militares y “centros de aislamiento ciudadano”, campamentos de cárceles oscuras en el desierto, donde se encarcelaba a los “prisioneros problemáticos”, incluidos aquellos que se negaban a jurar lealtad a Estados Unidos-. Las condiciones variaban de un campamento a otro, pero el hacinamiento, la falta de agua, la escasez de combustible y el racionamiento de los alimentos eran comunes. Muchos campos estaban ubicados en desiertos aislados, infestados de escorpiones y serpientes.

Curiosamente, miles de estadounidenses de origen japonés se ofrecieron como voluntarios para luchar por el país que los encarceló por su origen étnico. Fueron algunas de las tropas estadounidenses más condecoradas de la guerra. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo se unió al gobierno en tres casos presentados por estadounidenses de origen japonés para impugnar la constitucionalidad de su detención. Atrapado en la histeria racista del “peligro amarillo”, la población estadounidense consintió claramente un encarcelamiento inconstitucional masivo. El internamiento duró toda la guerra, a veces más tiempo, ya que muchos detenidos descubrieron que sus casas, negocios y propiedades habían sido robados o destruidos tras su liberación definitiva. El presidente Ronald Reagan se disculpará oficialmente y firmó una indemnización de 20.000 dólares anuales para los ex detenidos en 1988.

Además de japoneses y algunos alemanes, un número menor de italianos e italo-americanos también fueron encarcelados durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo ocurre con los nativos aleutianos de Alaska, que fueron evacuados por la fuerza antes de que sus aldeas fueran completamente quemadas para evitar que cualquier invasión de las fuerzas japonesas las utilizara. Casi 900 alemanes fueron encarcelados en fábricas abandonadas y otras instalaciones, sin agua, electricidad ni retretes; la comida decente, el agua potable y la ropa de abrigo eran escasos. Cerca del 10 por ciento de los detenidos en los campos murieron. Otros fueron esclavizados y obligados a cazar focas.

Campos de concentración para los comunistas

En los primeros años de la Guerra Fría, el Congreso aprobó la Ley de Control de Actividades Subversivas de 1950 sobre el veto del Presidente Harry Truman, que condujo a la construcción de seis campos de concentración para contener a comunistas, pacifistas, defensores de los derechos civiles y otros que podrían representar una amenaza en caso de que el gobierno declarara el estado de emergencia. Esta ley fue confirmada por el Tribunal Supremo durante los años de McCarthy del “pánico rojo”, aunque en la década de 1960, el Tribunal Supremo dictaminó que las disposiciones que exigían a los comunistas que se registraran con el gobierno y que les prohibían tener un pasaporte o un empleo en el gobierno eran inconstitucionales. Los campos, que nunca se utilizaron, se cerraron a finales de la década.

En una atrocidad poco conocida, al menos 3.000 okinawenses murieron de malaria y otras enfermedades en campos establecidos por las tropas estadounidenses después de conquistar las islas japonesas en los violentos combates en 1945. Durante y después de la guerra, las tierras y hogares de los pueblos indígenas, las armas de fuego y las granjas fueron demolidas o quemadas para dejar paso a docenas de bases militares estadounidenses. Unos 300.000 civiles se vieron obligados a ingresar en esos campos; el superviviente Kenichiro Miyazato recordó entonces que “había muerto demasiada gente, por lo que los cuerpos tuvieron que ser enterrados en una sola fosa común”.

Por su alcance, ningún régimen de campos de concentración de Estados Unidos podría competir con el Programa Estratégico de Hamlet. En 1961, el presidente John F. Kennedy aprobó el traslado forzado, a menudo a punta de pistola, de 8,5 millones de campesinos de Vietnam del sur a más de 7.000 campos fortificados, rodeados de alambre de púas, campos minados y guardias.

Esto se hizo para matar de hambre a la creciente insurgencia del Vietcong, privándola de alimentos, refugio y nuevos reclutas. Sin embargo, pocos “corazones y mentes” se ganaron, y muchos se perdieron, cuando las tropas estadounidenses y vietnamitas del sur prendieron fuego a los hogares de sus habitantes ante sus ojos antes de que los alejaran de sus tierras y de sus lazos espirituales más profundos con sus venerados antepasados.

Aunque la investigación de los campos de concentración estadounidenses no incluye los campos de prisioneros de guerra, la guerra mundial contra el terrorismo que comenzó durante el gobierno de George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos ha desdibujado las fronteras. Detención de combatientes y civiles. Según el coronel Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del entonces secretario de Estado de Bush, Colin Powell, la mayoría de los hombres y niños encarcelados en la prisión militar de Guantánamo eran inocentes, pero estaban detenidos por razones políticas o para obtener un “mosaico” de inteligencia. Civiles inocentes también han sido encarcelados en prisiones militares, algunas de ellas secretas, en Irak, Afganistán y otros lugares. Muchos detenidos fueron torturados y murieron bajo la custodia de Estados Unidos. Algunos de estos hombres han estado detenidos sin cargos ni juicio durante 17 años, mientras que otros, considerados demasiado inocentes para ser acusados, siguen encarcelados en GITMO, a pesar de podían haber sido liberados hace muchos años.

Ahora es el turno de los migrantes, y a pesar de las feroces protestas de quienes cometen o justifican el crimen de capturar a bebés y niños de los brazos de sus padres y encarcelarlos en celdas gélidas, que los funcionarios del gobierno de Trump han descrito eufemísticamente como “campamentos de vacaciones”, no cabe duda de que los campos de concentración están de nuevo operativos en suelo estadounidense. El intento del gobierno de Trump de describir el encarcelamiento de niños como algo feliz recuerda inmediatamente a las películas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial que muestran a los prisioneros de origen japonés felices de vivir… detrás de un alambre de púas.

El actor George Takei, que fue internado con su familia durante la guerra, era todo menos feliz. “Sé lo que son los campos de concentración”, dijo en medio de la controversia actual. “Me internaron en dos de ellos. En Estados Unidos. Y sí, de nuevo estamos abriendo ese tipo de campos”. Takei observó una gran diferencia entre ayer y hoy: “Al menos durante el internamiento de estadounidenses de origen japonés, nosotros y los demás niños no fuimos privados de nuestros padres”, escribió, añadiendo que “‘al menos durante el internamiento’ eran palabras que pensé que nunca más tendría que repetir”.

—https://www.counterpunch.org/2019/06/21/a-brief-history-of-us-concentration-camps/

Vuelven la cámara de gas y los ahorcamientos a los corredores de la muerte de Estados Unidos

El martes estaba previsto que en Nebraska, Estados Unidos, un condenado a la pena capital fuera ejecutado mediante una inyección letal. Pero el laboratorio alemán que fabrica los productos químicos que le iban a inyectar, Fresenius Kabi, no quiere que asocien su marca comercial con una ejecución y demandó judicialmente al Estado por utilizar ilegalmente sus productos.

La muerte por medios químicos se estrenó en 1982 en Texas y gradualmente ha ido reemplazando a la silla eléctrica y la cámara de gas. Pero los 31 Estados americanos que todavía practican la pena de muerte tienen cada vez más dificultades para obtener las sustancias letales. Muchos laboratorios prohíben el uso de sus productos para otros propósitos que no sean médicos.

Para evitarlo, los Estados garantizan la confidencialidad de sus proveedores, los buscan en el extranjero e incluso los compran ilegalmente, a pesar de lo cual cada vez les resulta más difícil ejecutar la pena de muerte por medios químicos.

Las inyecciones letales causan muchos dolores a los ejecutados y el derecho internacional prohibe infligir castigos “crueles o inhumanos”. En 2014 en Oklahoma un condenado no pudo la inyección y murió de una manera que no era la prevista por las normas legales: le dio un ataque al corazón 40 minutos después de la inyección.

En Estados Unidos ya no saben qué inventar para matar a sus convictos y, mientras los descubren, algunos han restablecido los métodos antiguos. Si bien la inyección letal sigue siendo el método más difundido (y el único autorizado por todos los Estados), los condenados a muerte pueden solicitar que se les ejecute de otra manera, pero en determinadas condiciones, como su estado de salud o la fecha de su condena.

Cinco de ellos, por ejemplo, todavía permiten el uso de cámaras gas. En Washington, los convictos que temen sufrir demasiado a causa de la inyección letal, pueden pedir que los ahorquen y Utah ha vuelto a poner en práctica el pelotón de fusilamiento. No se había prohibido nunca, pero se usaba cada vez menos.

En ocho Estados los presos todavía tienen la posibilidad de pedir la silla eléctrica. En los últimos meses ha aparecido un nuevo método, hasta ahora reservado para matar animales: la inhalación mediante una máscara de gas nitrógeno que priva a la sangre de oxígeno. Alabama anunció en marzo pasado que permitiría esta técnica de ejecución, uniéndose así a Oklahoma y Mississippi.

El 4,1 por ciento de las condenas a muerte que se ejecutan en Estados Unidos matan a personas cuya inocencia se demuestra posteriormente.

Palos, torturas y hambre en una ‘cárcel modelo’ (o sea, gestionada por empresas comerciales)

La nueva cárcel de Punta de Rieles, en Uruguay, que entró en funcionamiento en enero, es el buque insignia de un modelo penitenciario diferente, donde las funciones represivas del Estado se adjudican a empresas privadas con el mismo resultado de siempre: palizas, torturas, hambre y muertes.

Juan Andrés Castro Jiménez tiene 40 años recién cumplidos y otro nombre. En 2016 cayó preso en el Comcar, pero desde fines de febrero de 2018 está en lo que llama “el laboratorio del gobierno”: la cárcel nueva de Punta de Rieles, conocida oficialmente como Unidad de Internación de Personas Privadas de Libertad N°1 (Uippl N°1); la única de las 29 cárceles para adultos del país que fue diseñada en el marco de la Ley de Participación Público-Privada y que es cogestionada por una empresa.

Juan Andrés no quiere volver al “cantegril”, como le dicen al sector del módulo 11 del Comcar, ni a estar recluido 24 horas con cinco más en una celda desde la que ve llover excrementos porque da a las cloacas de los pisos de arriba. Pero tampoco quiere seguir siendo “rata” en la prisión que el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) promocionó como “modelo” penitenciario.

Desde que se inauguró a fines de enero, la nueva cárcel no ha sido noticia por las “oportunidades de estudio, de trabajo” ni por las “diferentes propuestas” que, según autoridades del INR, iba a brindar al recluso y marcarían la diferencia respecto a los demás centros de reclusión. Quizá sea porque la prisión “modelo” todavía no reúne “las imprescindibles actividades de rehabilitación, educación e integración para cumplir con lo mandado por las normas internacionales y nacionales”, como advirtió el comisionado penitenciario parlamentario, Juan Miguel Petit, en su informe anual presentado en mayo. Quizá porque los puestos laborales que iba a ofrecer la empresa hasta el momento han sido solo 30 para una población de 900, que seguirá aumentando hasta completar el total de plazas con 1060 hombres más.

Sin embargo, la Uippl N°1 sí fue noticia porque en menos de seis meses hubo dos hombres que murieron de forma violenta. La primera muerte fue la de Nicolás Alexander Díaz García, un joven de 23 años que el 31 de marzo se ahorcó en el sector de castigo de celdas individuales. Había sido trasladado a la cárcel nueva el 7 de febrero. El joven, que desde los siete años era tratado por psiquiatras por “problemas de conducta”, el 3 de marzo había solicitado ver a uno, pero el INR no obtuvo autorización judicial para trasladarlo. Doce días antes de que se matara había sido sancionado por una “falta leve” y le habían prohibido jugar al fútbol por 10 días, que era la única actividad que realizaba. Dos meses y medio después, el 19 de junio, asesinaron a Cristopher Bryan Salina Medina, que tenía 29 años. Murió desangrado en las escaleras del módulo ME 08, apuñalado por otro preso.

Aunque no pasó, la nueva cárcel también podría haber ocupado los titulares de los medios porque hubo y sigue habiendo intentos de suicidio; tres operadoras penitenciarias fueron sumariadas por hacer “favores” a reclusos; hubo violaciones sexuales entre presos; robos de las pertenencias de los lockers que están al ingreso de la cárcel, donde familiares y allegados de los presos deben dejar las cosas antes de ingresar a la visita; presos que lograron ingresar celulares; golpes de policías a los presos; peleas en las filas de la visita; peleas entre presos…

También porque en la cárcel “modelo” ya hubo policías que propinaron severos castigos físicos a los que están presos.

Pasó durante requisas en las que el Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) golpeó a más de 100 hombres que están recluidos en los módulos MB03 y MB04. La primera vez incluyó horas de tortura en el patio; la segunda llegó después de varias amenazas y como castigo por haber denunciado la primera.

Menos de 12 horas después de que Bonomi saliera de la Cámara de Senadores, donde había estado casi medio día hablando sobre “seguridad pública” y defendiendo la labor policial, agentes del GEOP ingresaron a los módulos para inspeccionar las celdas en busca de elementos prohibidos. Las requisas son habituales en las cárceles y deberían realizarse de forma no violenta y con diálogo mediante. Sin embargo, el jueves 19 de abril la Policía llegó sin mediar palabra y a los golpes. Los que estaban en el MB03 la pasaron peor.

Los testimonios anónimos de una operadora penitenciaria, de uno de los golpeados a través de cartas, de dos familiares de presos en el MB03, y de funcionarios de otros organismos que también están trabajando allí, permitieron construir el siguiente relato.

Ese día el personal policial de la Uippl N°1 pidió refuerzos al GEOP para realizar la requisa. Como apoyo llegaron los agentes que trabajan en el Comcar. Segundos antes de que entraran a los módulos, alrededor de las 9:00, se escuchó por los altoparlantes del MB03 una orden: que las “PPL” (personas privadas de libertad) que estaban en el comedor, en la planta baja, se retiraran hacia el fondo del salón, “lejos de los rastrillos”, las puertas corredizas con cerrojo electrónico de ingreso a los espacios comunes. Entre la orden y la obediencia, los policías y agentes del GEOP ingresaron al sector, subieron las escaleras hacia el primer y segundo piso donde están las celdas, y bajaron con “forcejeos y apuros” a los que todavía estaban durmiendo. Uno de los presos se quejó y un agente del GEOP lo “agredió”. Algunos presos que estaban viendo “fueron a apoyarlo para que lo dejaran en paz”. Pero fue peor. “Abrieron fuego con gas lacrimógeno y empezaron a dar palo a diestra y siniestra”. Ordenaron que se tiraran al piso. Los arrastraron hasta el patio y los “pusieron de rodillas con las manos en la nuca”. Ese día llovió, así que bajo el agua los escupieron, los insultaron. Así estuvieron por varias horas hasta que regresaron a las celdas y se encontraron con sus cosas tiradas y rotas. La Policía rompió, incluso, los lentes de aumento de algunos reclusos. Algunos operadores penitenciarios se retiraron. Otros, como la jefa del área, identificada por los presos como la “señora Alicia”, permanecieron en silencio.

Unos 30 reclusos del MB03 comunicaron lo vivido a operadores y funcionarios. La dirección de la cárcel labró actas. Los hechos también fueron denunciados ante el equipo de Petit, quien en estos días dijo públicamente que había presentado dos denuncias penales “por malos tratos y abusos sistemáticos por parte de personal policial a los reclusos”. La fiscal Mónica Ferrero aclaró que aún está “diligenciando pruebas” y todavía no dirá “nada sobre dicha investigación”. Petit prefirió no entrar en detalles pero aseguró que su oficina ha elevado “recomendaciones y notas a las autoridades del centro, del INR, del Ministerio del Interior y del Parlamento”. “Estamos siguiendo de cerca la situación, estamos yendo varias veces por semana, estamos en contacto con los internos. Estoy muy preocupado. Estamos elevando más planteos para tratar de que esto no empeore, seguiremos trabajando”, agregó.

Los días siguientes a la requisa hubo calma en el sector; los presos no se podían “ni levantar”. El viernes 27 de abril, ocho días después, trasladaron a algunos ante una perita para que constatara las lesiones. Los hematomas ya eran color amarillo verdoso.

Un día de junio, los que estaban presos en el sector que habían recibido la peor paliza tuvieron una visita especial: la del jefe del GEOP. Ese hombre había estado en la requisa del 19 de abril, y fue a advertirles que se había enterado que habían denunciado a su grupo. Los retó a que se animaran a denunciar otra vez sus maltratos a “Petitito”. Los días pasaron, y aunque no se olvidaron de la amenaza, todo marchó sin golpes hasta el 5 de julio, cuando los policías de la Uippl N°1 volvieron a pedir refuerzos a la GEOP. Los agentes llegaron recargados. Esta vez los reclusos no contaron qué pasó ni a los funcionarios ni a Petit.

No obstante, hay otra denuncia penal del comisionado sobre la cárcel nueva en Fiscalía. Esta segunda denuncia tiene que ver con una situación cotidiana que se estaba dando en el sector MI, el de castigo de celdas individuales. Personal de la guardia externa de la prisión maltrataba y golpeaba a los reclusos cada vez que los trasladaban. Al ser un sector de “seguridad”, aumentan los controles, entre ellos los de constatación de lesiones. Los presos que están detenidos allí van dos veces al día al médico, y a la vuelta era el problema: los policías agredían y abusaban de su poder insultando a los reclusos, o directamente pegándoles, de forma cotidiana.

Esta semana la cárcel nueva ha vuelto a ser noticia: tres cuartas partes de los reclusos estuvieron en huelga de hambre. No fue la primera, pero sí la que lograron llevar a cabo más masivamente y por más tiempo. Empezaron el domingo 22 en reclamo de más comida y que vuelvan a permitir que las visitas ingresen con alimentos, que se dejen de aplicar castigos generales por malas conductas individuales, más horario de visita, y que se instalen más teléfonos públicos.

En algunos sectores la huelga había comenzado el sábado 21 (día en que se prohibió que los familiares y allegados entraran con “paquetes”, obligándolos a comprar la comida y artículos de higiene personal y limpieza en el economato de la cárcel). El jueves 26 la levantaron.

Ante el reclamo de los reclusos, dos días antes el INR emitió un comunicado que decía que “la principal reivindicación de los internos refiere al régimen de funcionamiento de la unidad que cumple con estándares internacionales”.

—https://www.elpais.com.uy/que-pasa/palo-tortura-hambre-carcel-modelo.html

Minority Report(8): el panóptico ya es una realidad, el ojo que todo lo ve

PredPol es el típico montaje publicitario para multiplicar los beneficios de la empresa emergente californiana. En 2011 la revista Time dijo que era uno de los 50 inventos más importante de aquel año. Los embobados por las nuevas tecnologías se hacen eco de esta propaganda: más vale prevenir que curar.Varias ciudades estadounidenses ya lo utilizan: Los Ángeles, Memphis, Charleston (Carolina del sur), Santa Cruz y Nueva York. Según Time, entre noviembre de 2011 y mayo de 2012 PredPol contribuyó a una caída del 33 por ciento en las agresiones y del 21 por ciento en los crímenes violentos de Los Ángeles.

Naturalmente las cifras son absolutamente falsas, pero el programa se sigue vendiendo. La policía no escatima en gastos. Por pura prevención. El programa se ha vendido a Gran Bretaña, donde la policía de Kent lo utiliza. También a Alemania.

El nuevo gerente de la empresa planea abrir pronto una oficina de ventas en otros países europeos. En Zurich ya se está utilizando un sistema similar llamado Precobs (Pre Crime Observation System).

Hace unos años Francia siguió los pasos de Estados Unidos. El Servicio Central de Inteligencia Criminal (CISC) ha desarrollado un programa de predicción para anticiparse a las principales tendencias de la delincuencia.

Según sus promotores, la delincuencia no es aleatoria, sino el resultado de componentes deterministas, por lo que basta con introducir un número suficiente de criterios para predecir sus próximas manifestaciones.

El método es siempre el mismo: integrar los datos de los hechos observados por la policía y las estadísticas del INSEE (como la tasa de desempleo, el número de pensionistas o de beneficiarios del RSA), y luego proporcionar mapas para analizar la delincuencia y predecir su evolución, del mismo modo que los mapas meteorológicos.

El procedimiento es sencillo: un modelo basado en los delitos callejeros más frecuentes contra personas o bienes -robo, hurto, carterismo, narcotráfico- registrados durante un período de 5 años se prueba con los datos estadísticos del año anterior. Si se valida, se aplica para el año en curso.

Se define luego una escala de riesgo y la información recogida se transmite a los gendarmes sobre el terreno para que aumenten la frecuencia de las patrullas, por ejemplo, en un sector definido en el que es probable que los robos aumenten en las próximas semanas.

El método revela vínculos entre ciertos delitos. Por ejemplo, los robos y el tráfico de drogas. También otorga prioridad a unos delitos por encima de otros. Por ejemplo, al robo frente al allanamiento de morada.

En Estados Unidos la policía recibe predicciones directamente en el tablero de mandos de sus coches patrulla, mientras que en Francia los nuevos datos sólo se transmiten a los jefes de departamento. Les corresponde a ellos adaptar sus medios y hacer el mejor uso posible de esa información en sus zonas.

El campo de la investigación de la policía predictiva, vinculado al de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, está en marcha. El SCRC (Servicio Central de Información Criminal de la Gendarmería) está trabajando actualmente en un nuevo proyecto de análisis y predicción de la delincuencia, denominado Horizon o Anticrime. Lo define de la siguiente manera:

“El SCRC tiene previsto desarrollar un proyecto de análisis y predicción de la delincuencia como parte de su actividad de inteligencia. Será conveniente utilizar datos endógenos y exógenos del ámbito penal para llevar a cabo un análisis espacio-temporal dinámico que integre los niveles comunitario, departamental, regional y nacional. El proyecto pretende proporcionar en forma demostrativa una herramienta de toma de decisiones a nivel estratégico y táctico”.

Propuesto por el laboratorio Teralab del Instituto Minero-Telecom especializado en grandes bases de datos, se llevaría a cabo en colaboración con Morpho, la filial electrónica del grupo de defensa Safran, es decir, una empresa de carácter militar.

Mas información:
— ‘Minority Report’: delincuentes en potencia y policías del futuro
— La policía predictiva de Los Ángeles ya está en marcha
— La policía predictiva se concentra en los ‘puntos calientes’ de la ciudad
— El funcionamiento de la policía en una sociedad dividida en clases sociales
— Cómo detener a los futuros manifestantes antes de que cometan actos violentos
— El panóptico ya es una realidad, el ojo que todo lo ve
— La represion fascista con algoritmos matemáticos (PredPol)

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