Fue hace 57 años, en plena dictadura, cuando se inició esta huelga donde la democracia resultó victoriosa, y además fue el germen de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha. El 9 de mayo de 1962, y pese a la represión del régimen franquista, la industria minera se puso en pie de guerra para reclamar condiciones laborales y salariales dignas. La dictadura prohibía el derecho a huelga, pero aun así, los mineros de Asturias no se arredraron y echaron un pulso que zarandeó las estructuras del régimen franquista.
El 25 de abril de 1962, en el grupo Nicolasa de Fábrica de Mieres, unos 25 picadores redujeron deliberadamente su ritmo de trabajo; el día 6 de abril siete de ellos quedaron suspendidos de empleo y sueldo. Aquello catalizó una respuesta obrera inédita en la época y el conflicto se extendió por toda Asturias y otras 25 provincias españolas.
El paro se prolongó durante dos meses, unos 60.000 mineros asturianos participaron así como miles de ellos en el resto del territorio nacional. Fue el caso de Puertollano, donde los mineros de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, impelidos por lo que estaba sucediendo en los pozos mineros de Asturias, iniciaron lo que se conoció como la ‘Huelga de los 30 duros’ . El 10 de mayo, los mineros puertollanenses en asamblea crearon una “Comisión Obrera” para reclamar un salario mínimo para el peón de 150 pesetas, aunque el verdadero trasfondo era la exigencia de un cambio en las condiciones de trabajo.
La empresa nacional Calvo Sotelo-Encaso, los trabajadores de la actual Repsol, así como los talleres metalúrgicos, mineros, de la construcción y otros sectores de la ciudad se sumaron a esta huelga, alcanzando un paro de 12.000 trabajadores, la mayor movilización obrera que tuvo lugar desde la República.
Dicho movimiento tuvo gran calado internacional. Los sindicatos europeos, entre ellos IG Metal Alemán, donaron 40.000 pesetas.
Durante la huelga, los obreros permanecieron unidos a las puertas de sus empresas, y una semana después eran dispersados por la Guardia Civil. Más de 800 agentes de Guardia Civil y Policía llegaron desde Madrid, Córdoba y Sevilla para acabar con la huelga, lo que provocó represión, detenciones y encarcelamientos.
A pesar de todo, la lucha obrera dio sus frutos. El 24 de mayo de este mismo año el Gobierno publicaba la subida salarial, principal reivindicación de los trabajadores.
Las secuelas de esta huelga del 62 fueron las siguientes: los mineros volvieron al trabajo entre el 4 y el 7 de junio, tras dos meses de huelga habían ingresado en prisión 356 trabajadores, se deportaron 126 mineros y se despidió a 198 trabajadores. Sin embargo, desde aquel momento, la clase obrera perdió el miedo a las protestas.
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