Durante la huelga general del 29 de marzo de aquel año se produjeron más de 200 detenciones de trabajadores en todo el Estado.
Bajo fue condenada, junto a Carlos Cano, a tres años de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros por participar en uno de los piquetes de la huelga en Granada.
En la noche previa a la huelga, uno de los piquetes, formado por entre 50 y 70 trabajadores, recorrieron los bares de Granada. La Champagnería fue el segundo local que visitaron. “La idea era llegar y presionar un poco a la dueña para que cerrara el bar, y si no, pues irnos”, explicó Carlos Cano, el otro condenado por estos hechos.
La última reforma del Código Penal, en vigor desde julio de 2015, endureció los castigos contra los trabajadores que participen en huelgas, piquetes y luchas obreras.
El Código Penal español, aprobado en 1995, es tan fascista que califica a los piquetes como delitos “contra los trabajadores”. Sin embargo, el único testigo que la acusó en el juicio fue la empresaria dueña del bar.
Los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son tan vagos que ni se han molestado en argumentar ni justificar su decisión de no admitir el recurso.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha anunciado que el gobierno no tiene ninguna intención de indultar a la huelguista, que tendrá que entrar en la cárcel.