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En la década de los setenta casi toda América Latina fue empujada por Estados Unidos, a través de complots y golpes de estado, a dictaduras militares fascistas que practicaban una feroz represión contra las fuerzas progresistas y antimperialistas.

En Bolivia el presidente Juan José Torres fue derrocado mediante un golpe de estado enabezado por el general Hugo Banzer y la CIA el 19 de agosto de 1971. Aunque militar, Torres consideraba el capitalismo como un factor de subdesarrollo. Nacionalizó las industrias azucareras, creó una Asamblea Popular e hizo de la educación una prioridad. También fue uno de los principales instigadores de la nacionalización en 1969 de Gulf Oil Company, una empresa estadounidense a la que los dirigentes, a menudo militares, de Bolivia habían seguido otorgando condiciones operativas muy ventajosas. “¡Viva Bolivia gratis!” exclamaron con alegría el día de la nacionalización los trabajadores de la industria petrolera se reunieron en la Plaza Murillo frente al palacio presidencial.

Con el dictador fascista Hugo Banzer a la cabeza, Bolivia prohibió los partidos políticos, la corrupción se extendió, se impuso una política económica que favorecía escandalosamente los intereses de las empresas estadounidenses, menudearon las desapariciones, los asesinatos y las torturas, el tráfico de drogas explotó y, en cierto modo, la guinda del pastel: la contratación del antiguo jefe de la Gestapo en Francia, Klaus Barbie, conocido como “el verdugo de Lyon”, para aportar su “experiencia” (tortura de combatientes de la resistencia, ejecuciones de rehenes, redadas y deportaciones, masacres de campesinos sospechosos de apoyar a los combatientes de la resistencia, etc.).

Argentina

Pero Bolivia no es el único país que en la década de los setenta padeció a un dictador fascista puesto por los estadounidenses. En Argentina será Jorge Rafael Videla, tras el golpe militar de 1976, llevado a cabo bajo la dirección de la CIA y el cálido apoyo del presidente estadounidense Gérald Ford. Henry Kissinger aconsejó inmediatamente a Videla que reprimiera a los oponentes progresistas lo más rápido posible.

Videla se apresura a hacerlo con generosidad en el esfuerzo. Su “proceso de reorganización nacional”, tal como describió su política, resultará en el asesinato de 15.000 opositores y la desaparición de otros 30.000, particularmente arrojando a las víctimas al mar desde un helicóptero o avión). El proceso también obliga a 1,5 millones de argentinos al exilio. El régimen respaldado por Estados Unidos y la Iglesia católica sienten una gran admiración por el nazismo, los discursos de Hitler se transmiten en los centros de detención y el país colabora activamente con el régimen del apartheid en Sudáfrica. Los capitalistas lo celebran y, cuando los trabajadores no agradan a su patrono, como es el caso de la filial argentina de Ford, la empresa elabora una lista y se la entrega a la inteligencia militar, que se apresura a detener y torturar a los trabajadores dentro de la propia fábrica.

La participación de la educación en el presupuesto estatal se reduce a la mitad porque, como dijo el arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, la universidad es el lugar por excelencia donde los progresistas organizan sus “planes satánicos de subversión”.

Uruguay

Uruguay, por su parte, se vio sometido a la dictadura de Juan María Bordaberry, elegido presidente en 1971, derrotando a Líber Seregni, candidato del Frente Amplio, una coalición que unía a las fuerzas progresistas y a un general que había renunciado al ejército en 1969 para protestar por la represión ordenada por el presidente Pacheco.

Al igual que su predecesor Pacheco, Bordaberry apoyó a los grupos paramilitares Comando Caza Tupamaros y Juventud Uruguaya de Pie, escuadrones de la muerte vinculados a la CIA y responsables de numerosos atentados y asesinatos de periodistas y activistas políticos. Tres semanas antes de las elecciones de noviembre de 1971, un comado de pistoleros disparó varias veces contra el autobús que transportaba a Seregni, pero no logró asesinarlo. Bordaberry tuvo que recurrir a un fraude masivo para ser elegido. El golpe militar del 27 de junio de 1973, que mantuvo a Bordaberry en el poder, transformó a Uruguay en una dictadura: prohibieron los partidos políticos y sindicatos, censuraron los medios de comunicación, torturaron y asesinaron a los opositores y privatizaron las empresas públicas, un verdadero paraíso para el capitalismo más despiadado y las multinacionales estadounidenses.

Honduras

En Honduras, en diciembre de 1972 un golpe de Estado llevó al poder al general Oswaldo Arellano, hombre de confianza de la infame United Fruit Company. Tras las revelaciones de sobornos recibidos por la empresa estadounidense (“Bananagate”), fue reemplazado en abril de 1975 por el general Juan Alberto Melgar. Posteriormente, el general Policarpo Paz García asumió la junta militar tras un golpe de Estado en agosto de 1978, conocido como el “Golpe de la Cocaína” por sus vínculos con el narcotraficante Matta-Ballesteros.

La junta militar estaba completamente subordinada a los intereses estadounidenses, convirtiendo a Honduras en una retaguardia para la Contra que luchaba contra la guerrilla sandinista en Nicaragua.

Nicaragua

En Nicaragua fue el dictador proestadounidense Anastasio Somoza quien tomó el poder en 1937 tras un devastador terremoto, declaró la ley marcial y desvió la mayor parte de la ayuda internacional para su propio beneficio. Somoza era propietario de Plasmaféresis, una empresa que recolectaba sangre comprada a precios casi irrisorios a los nicaragüenses más pobres y revendida a buen precio en Estados Unidos.

Somoza mantuvo el control de Nicaragua a través de la represión y el apoyo de Estados Unidos, que veía en él un aliado en la región. Su régimen duró hasta su asesinato en 1956, pero la influencia de la familia Somoza se extendió hasta 1979.

La familia Somoza contaba con el apoyo de Israel, que suministraba, entre otras cosas, las armas utilizadas para combatir a la guerrilla sandinista. Sin embargo, los sandinistas pondrían fin a la dictadura en 1979, obligando a la familia a abandonar Nicaragua y exiliarse en territorio amigo: Florida, un puesto avanzado del “mundo libre”.

El Salvador

En El Salvador las elecciones de 1972 fueron ganadas por una coalición que incluía al Partido Comunista. Entonces el ejército instauró una junta militar encabezada por su candidato previamente derrotado, el coronel Arturo Armando Molina, con el evidente apoyo entusiasta de Washington.

En Perú el general Francisco Morales Bermúdez había estado al mando del país desde el golpe de Estado del 29 de agosto de 1975, y en Ecuador, el general Guillermo Rodríguez había estado en el poder desde el golpe de Estado del 15 de febrero de 1972. Sin embargo, fue inmediatamente reemplazado por el vicealmirante Alfredo Poveda tan pronto como comenzó a demostrar independencia de Estados Unidos y, lamentablemente, consideró exigir una mayor participación en los ingresos de la extracción petrolera de Texaco Gulf.

La Operación Cóndor

Esta sucesión de golpes de Estado y la omnipresencia de militares supeditdos a Estados Unidos al mando de la mayoría de los países latinoamericanos no pueden entenderse sin conocer lo que implicó la Operación Cóndor en aquel momento.

La Operación tenía como objetivo coordinar los servicios de inteligencia de las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Obviamente, contó con el apoyo de Estados Unidos, que vio con buenos ojos un plan destinado a la asistencia mutua entre regímenes fascistas al servicio del imperialismo.

El objetivo del plan era desatar el terrorismo de Estado contra grupos que luchaban contra el capitalismo, en particular, por supuesto, los círculos comunistas. También organizó el asesinato de dirigentes en el exilio, como Juan José Torres, expresidente socialista de Bolivia, derrocado por un golpe de Estado en 1971 y asesinado en Buenos Aires en 1976, y Orlando Letelier, exministro de Salvador Allende, muerto en un atentado con coche bomba en Washington el 21 de septiembre del miso año.

El asesinato en París del general boliviano Zenteno Anaya, quien había caído en desgracia con el dictador Hugo Banzer, es particularmente interesante. El servicio secreto boliviano intentó inicialmente una operación de falsa bandera.

La policía secreta chilena, la DINA, se convirtió en una de las organizaciones más despiadadas involucradas en la Operación Cóndor, en particular con su centro de tortura en Villa Grimaldi.

También Argentina se llenó de centros clandestinos de detención, lo que permitió una vigilancia asfixiante. Entre los más conocidos se encontraban el sótano de la Escuela Naval de Mecánica y el taller mecánico El Olimpo, ambos en Buenos Aires. Reciben visitas regulares del arzobispo de La Plata, monseñor Antonio José Plaza, y del sacerdote y capellán de la policía Christian von Wernich, quien participa en actos de tortura.

Estos centros de detención suelen estar supervisados ​​por oficiales del ejército: el comandante Guillermo Suárez Mason, apodado «el Carnicero del Olimpo», por el taller mecánico Olimpo, y el teniente Alfredo Ignacio Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”, por la Escuela de Mecánica Naval.

También participaron en las torturas miembros de la Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A, un escuadrón de la muerte asociado a los neofascistas italianos y miembros del grupo terrorista francés OAS (Organización del Ejército Secreto), fundada por José López Rega, ministro y miembro de la logia masónica italiana P2, vinculada a redes de narcotráfico y a la red Gladio de la OTAN, responsable de innumerables atentados de falsa bandera en Europa.

Los opositores eran detenidos y luego torturados, especialmente con descargas eléctricas y pinzas electrificadas aplicadas en los genitales. Se realizaron grabaciones de audio durante estas sesiones de tortura, que luego se enviaban a los familiares. Se utilizaron “vuelos de la muerte” para deshacerse de los cuerpos. El Golfo del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay, recibió numerosos cuerpos arrojados desde helicópteros y aviones.

La Noche de los Lápices

Otra hazaña notable atribuida a sus benefactores en el mundo libre fue la “Noche de los Lápices”, durante la cual el Batallón 601 (bajo el control de los servicios de inteligencia argentinos) y la policía de Buenos Aires secuestraron a unos diez estudiantes de secundaria y preparatoria que luchaban por la gratuidad de los autobuses escolares. Solo cuatro sobrevivieron, tras meses, incluso años, de tortura.

Los gobiernos civiles que sucedieron a la junta militar argentina se apresuraron a aprobar leyes de amnistía para estos crímenes: la Ley de Obediencia Debida y la Ley del Punto Final. Pero los horrores cometidos fueron tan atroces que finalmente obligaron al Tribunal Supremo a declarar la inconstitucionalidad de estas leyes el 14 de junio de 2005.

Documentos descubiertos en una comisaría de Paraguay en 1992, conocidos como los “archivos del terror”, revelaron que la Operación Cóndor fue responsable en toda Sudamérica de 50.000 asesinatos, 30.000 desapariciones y 400.000 detenciones, generalmente con tortura. Cuando el nuevo presidente estadounidense, Jimmy Carter, suspendió temporalmente las operaciones de la CIA, especialmente en Latinoamérica, la junta militar argentina tomó el relevo de la Operación Cóndor con la Operación Charlie.

El objetivo seguía siendo el mismo: organizar los servicios de inteligencia de las diversas dictaduras militares en el poder en Latinoamérica para llevar a cabo la represión de las fuerzas revolucionarias en todo el continente. Sin embargo, en 1980 Carter volvió a ordenar a la CIA que apoyara a las bandas paramilitares de la reacción, conocidos como la Contra, que luchaban contra la revolución sandinista en Nicaragua.

Estos grupos eran esencialmente milicias de matones contratados por terratenientes, que cometían innumerables masacres de campesinos, acompañadas, por supuesto, de las peores formas de tortura, un pasatiempo muy popular entre estos grupos neofascistas que dedicaban sus vidas a la causa de los capitalistas y a la masacre de los combatientes. Bajo un nombre diferente, y aún bajo el patrocinio de Estados Unidos, la Operación Cóndor continuó su labor de muerte y terror.