El control de las fronteras ha creado una gigantesca industria de la vigilancia que en 2016 representaba un mercado anual de 18.000 millones de dólares y en 2022 dio un salto formidable hasta los 53.000 millones de dólares. Estados Unidos e Israel dominan el negocio.
En 2012 la Comisión Europea admitió su retraso en un plan de acción, identificando el sector de la seguridad como particularmente prometedor. Según Bruselas, “las empresas estadounidenses que dominan el mercado siguen siendo las más avanzadas desde el punto de vista tecnológico”. Considera necesario “establecer un mercado interior europeo más eficaz para las tecnologías de seguridad” con el fin de aprovechar mejor, frente a la competencia extranjera, este mercado en plena expansión”.
La Comisión Europea creó Frontex, una fuerza de guardias fronterizos y guardacostas y ha aumentado su presupuesto anual de 6,3 millones de euros en 2005 a 238,7 millones de euros diez años después. También han tendido cientos de kilómetros de muros y concertinas en los bordes del espacio Schengen, y en particular a lo largo de la “Ruta de los Balcanes“, la vía migratoria que conecta Grecia con el oeste de Europa.
Los muros, vallas y barreras no impiden la entrada de emigrantes: 150 personas cruzaron la valla de Melilla el año pasado, compuesta de tres cortinas de acero y vigilada por 650 guardias civiles. El 17 de febrero 500 personas cruzaron la de Ceuta.
Los muros no impiden la emigración sino que cambian las rutas de entrada. Como consecuencia del cierre de la ruta de los Balcanes tras el acuerdo firmado en marzo de 2016 entre Europa y Turquía, Italia ha vuelto a convertirse en una puerta de entrada principal para los refugiados.
Las vallas son caras de mantener. La de Melilla mide entre seis y siete metros de altura y tiene once kilómetros de longitud. Costó 33 millones de euros: 3 millones de euros por kilómetro, sin contar diversos gastos de mantenimiento. Un reciente informe del Ministerio del Interior los cuantifica en 14 millones de euros desde 2005, es decir, 154.000 euros por año y por kilómetro.
Extender la valla de Melilla a los 7.700 kilómetros de fronteras terrestres del espacio Schengen costaría al menos dos billones de euros y quedarían abiertos 42.000 kilómetros de costas.
Las fronteras electrónicas
Las fronteras electrónicas pueden ser el nuevo cerrojo que sustituya a las vallas y los muros. En 2002 Europa desplegó el Sive (“Sistema Integrado de Vigilancia Exterior”), que tiene su sede en Algeciras, a la sombra del peñón de Gibraltar. Con sus cámaras térmicas, sus sensores, sus radares y sus satélites, el Sive es la primera frontera virtual, que la industria dice en sus catálogos comerciales que es capaz de detectar cualquier intento de intrusión a treinta kilómetros.
El dispositivo se extiende desde la ciudad de Tarragona, al sur de Catalunya, hasta la frontera portuguesa, e incluye también las Islas Canarias. El Sive ha consumido cientos de millones de euros que, al menos en parte, ha ido a parar a los bolsillos de Indra.
En la estela del Sive han surgido otras fronteras virtuales como Spationav, en Francia, la red de vigilancia finlandesa-sueca Sucfis o el Sivicc (Sistema Integrado de Vigilancia Comando y Control) a lo largo de las costas portuguesas.
Pero mientras los europeos vigilan las fronteras terrestres y marítimas, los emigrantes llegan en avión provistos de un visado, antes de que el visado expire.
La Comisión Europea ya no sabe qué hacer y ha creado el programa de investigación europeo FP7-Seguridad que, entre 2007 y 2013 ha financiado 321 proyectos, uno de ellos el desarrollo de perros-robot dotados de un olfato artificial, herramientas de análisis de comportamientos sospechosos, sensores de sustancias químicas o incluso una arquitectura europea integrada de vigilancia marítima…
El programa de investigación Aeroceptor consiste en equipar drones de vigilancia en las fronteras con armas “no letales” para inmovilizar vehículos. Es el primer paso para fabricar drones con autonomía para dirigirse contra las personas.
La vigilancia como negocio
En la carrera tecnológica lo de menos son los emigrantes. Lo realmente importante es que se empieza a mover mucho dinero. En Europa los presupuestos invertidos en “seguridad fronteriza” se han triplicado desde 2010, alcanzando más de cuatro mil millones de euros en 2016.
Las empresas se llevan el mayor bocado y el mejor pretexto para aumentar los presupuestos públicos son las nuevas tecnologías, presentadas como el “arma definitiva” que va a acabar con los sin papeles.
Hasta ahora la tecnología de vigilancia fronteriza se ha comercializado como “dual”, es decir, capaz de satisfacer tanto las necesidades del ejército como las de la policía. En otras palabras, en los últimos años la industria militar se ha desplazado hacia el sector civil.
Para devorar los presupuestos públicos, las empresas de vigilancia tienen grupos de presión trabajando por los pasillos de Bruselas a jornada completa. Han creado organismos dentro de la Comisión y han sentado en ellos a sus peones. Ha sido una verdadera estrategia de infiltración.
A las órdenes de Javier Solana, el ‘señor de la guerra’ en Europa
En 2004 las empresas armamentistas europeas crearon la Agencia Europea de Defensa (AED) a través de Javier Solana, dirigente del PSOE, un personaje siniestro que de 1999 a 2009 dirigió de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea.
Los principales grupos de presión militaristas que operan en Bruselas, comenzando por la European Organization for Security (EOS), que agrupa a unas 40 empresas, desde armamento hasta electrónica pasando por la ciberseguridad, se jactan de haber creado un tinglado burocrático más para gastar más.
Por ejemplo, por iniciativa de los “señores europeos de la guerra”, en 2004 se creó el FP7, un programa europeo de investigación, dotado con 1.400 millones de euros. Entre 2007 y 2013 los caciques del armamentismo formaron parte de las comisiones del FP7, redactaban las licitaciones, luego se las adjudicaban y el dinero acababa en sus bolsillos.
No hay que sorprenderse de las conclusiones de un informe sobre el funcionamiento del FP7 publicado en 2014 a petición del Parlamento Europeo: empresas de armamento como EADS y Thales ganaban las licitaciones que habían redactado.
