Hace dos semanas tuvo lugar una audiencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso Pfizergate, que investiga el intercambio de mensajes entre Ursula von der Leyen y Albert Bourla, el director de Pfizer, durante la negociación del contrato de compra de vacunas contra el “covid”.
El Tribunal se lavó las manos. Dice que no tiene competencia para incautar o pedir a la Comisión Europea que entregue los mensajes de texto entre von der Leyen y Bourla, sobre todo porque el Ejecutivo comunitario se negó a confirmar o desmentir la existencia de estos mensajes, lo que complica las investigaciones.
La decisión queda en manos de los tribunales belgas.
El querellante, Frederic Baldan, afirmó que durante la audiencia habían surgido nuevos datos. La Comisión Europea afirma que no es propietaria de los respectivos mensajes, y la Secretaría General y el gabinete de Ursula von der Leyen afirman que no tienen conocimiento de su ubicación o formato (SMS, WhatsApp, Signal).
Es una tomadura de pelo. Ursula von der Leyen habría declarado que en 2022 su teléfono fue reemplazado sin que se transfirieran los datos. Sin embargo, en otra declaración afirmó que su sobrina había eliminado “por error” esos mensajes.
Baldan asegura que Von der Leyen parece haber configurado las aplicaciones de su móvil para eliminar automáticamente los mensajes, lo que podría interpretarse como un intento de destruir documentos administrativos. Además, la Comisión Europea invocó un concepto jurídico inventado (“mensajes breves de permiso”) para justificar que no quedaran registrados.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que solo la jurisdicción criminal belga puede investigar este caso. Aunque el Tribunal Administrativo de la Unión Europea puede revocar la negativa de la Comisión a entregar los mensajes, eso solo podría desencadenar una nueva ronda de decisiones que terminarían de nuevo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un bucle interminable.
En el caso Pfizergate, Ursula von der Leyen está acusada de violar el código de conducta de los comisarios europeos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a la transparencia. Baldan cree que la única solución correcta sería suspenderla de su cargo, en un contexto en el que sus acciones han socavado la confianza en las instituciones europeas.
En marzo del año pasado Baldan presentó una denuncia criminal contra Ursula von der Leyen, Albert Bourla y Pfizer, acusándolos de usurpación de títulos, destrucción de documentos y corrupción. A la denuncia se sumaron Polonia, Hungría y casi mil denunciantes más. La próxima audiencia de este procedimiento está prevista para el 6 de diciembre en el Tribunal de Lieja.
El New York Times, que solicitó acceso a los mensajes SMS intercambiados entre Von der Leyen y Albert Bourla, no se unió a la querella criminal, aunque podría haberlo hecho en virtud del artículo 151 del Código Penal belga.
