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Día: 3 de febrero de 2020 (página 1 de 1)

Nuevos documentos confirman el expolio de las tierras palestinas por la fuerza de las armas en 1948

Un documento de hace 60 años publicado recientemente por el diario Haaretz revela (*) las intenciones secretas del gobierno israelí tras la imposición de una administración militar a los ciudadanos árabes de Palestina en 1948 para asegurar el control los sionistas sobre las tierras.

Lo que eufemísticamente los historiadores califican como “administración militar” no es otra cosa que un estado de guerra permanente impuesto contra los palestinos desde el mismo momento del nacimiento del Estado de Israel.

Durante años el ejército israelí ha tratado de ocultar la documentación histórica en varios archivos, como también reveló el año pasado el diario Haaretz. Desde hace casi 20 años un departamento secreto del Ministerio de Defensa israelí, ha escondido bajo llave los documentos relativos a la historia del Estado de Israel y la guerra israelo-palestina.

La ocultación se hizo sin autorización legal. Hubo una protesta por el artículo y docenas de investigadores e historiadores pidieron al entonces ministro de defensa, Netanyahu, que pusiera fin a esta actividad clandestina ilegal. Su petición no fue respondida.

¿Qué clase de documentos ordenaron esconder? Los que versaban sobre las condiciones de vida de los ciudadanos árabes en Israel durante 18 años, los testimonios sobre el saqueo y la destrucción de las aldeas árabes durante la guerra, los comentarios de los ministros sobre la situación de los refugiados árabes después de la guerra, el confinamiento en los campos de prisioneros y la información sobre el proyecto nuclear de Israel, entre otros.

La protesta ha logrado que en los últimos seis meses se reabran expedientes previamente clasificados, lo que aumenta el conocimiento de la historia de Palestina. Uno de los documentos es un informe preparado por la Comisión Ratner, creada por el gobierno en 1955 para estudiar la posibilidad de suprimir la administración militar sobre los palestinos.

En 1948 había unos 156.000 palestinos en Palestina y la administración militar que les impuso el Estado de Israel no fue abolida hasta 1966.

El 60 por ciento de los palestinos de Israel vivían en Galilea. En la práctica, alrededor del 85 por ciento de ellos estaban bajo el control de la administración militar, sujetos a los toques de queda nocturnos y a los reglamentos que les exigían obtener un permiso de viaje antes de abandonar su zona de residencia.

El informe secreto describe al gobierno militar israelí como una herramienta en la lucha contra los “intrusos” palestinos. “De los 200.000 árabes y otras minorías que residen actualmente en Israel, no hemos encontrado ni uno solo que sea leal al Estado”, concluía el informe.

La existencia del Estado de Israel dependía de la presencia de la administración militar sobre los palestinos. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que lo que realmente interesaba a la administración militar no era la seguridad sino el control de la tierra. Es un ejemplo típico de colonialismo. Una ley militar de emergencia de 1945 permitía a los comandantes militares israelíes acordonar “cualquier zona o lugar”.

En 1962 en una reunión a puerta cerrada Ben Gurion reconoció que sin esa ley militar “no hubiéramos podido hacer lo que hicimos”. En el norte de Galilea no hay judíos, advirtió el dirigente sionista. “Estaremos en esta situación durante muchos años si no impedimos por la fuerza administrativa y militar la entrada en las zonas prohibidas. Y a los ojos de los árabes, estas zonas prohibidas son suyas. Porque la tierra del valle de Ayalon es tierra árabe”.

Según la Comisión Ratner, por sí solo el ejército no podía salvaguardar la tierra del Estado: sólo una colonia judía, la llamada “colonia de seguridad”, podía hacerlo a largo plazo. Por lo tanto, era esencial establecer asentamientos judíos en las tres zonas geográficas supervisadas por la administración militar. Según los autores del codicilo, “el debilitamiento [de los árabes] en la recuperación de estas zonas se debe principalmente al hecho de que han sido selladas por la administración militar o puestas bajo su supervisión”. Añadían que sólo “la vigilancia de los representantes del gobierno militar ha evitado en gran medida una anarquía más grave en la recuperación de tierras”. Fue este gobierno el que impidió que los árabes regresaran a sus tierras.

Pinhas Lavon, que sustituyó a Ben Gurion como Ministro de Defensa a principios de 1954, no aceptaba la administración militar impuesta a los palestinos y revocó la división de Galilea en 46 áreas separadas y cerradas en las que los palestinos necesitaban permisos para trasladarse de una a otra. Una división en tres o cuatro zonas sería suficiente, dijo, y haría la vida más fácil a los ciudadanos árabes.  Los miembros de la comisión se opusieron a Levon, argumentando que había dado lugar a una excesiva libertad de circulación para los árabes, lo que tuvo como efecto “aumentar el control de las tierras del Estado”.

Ocho años después de la fundación de Israel, a la Comisión Ratner le preocupaba que, en el plazo de dos años, gran parte de la tierra se perdiera y se transfiriera a los palestinos. Por lo tanto, su recomendación fue la de abolir el límite de tiempo para permanecer en la tierra.

Una de las principales tareas de la administración militar era actuar como medio de control de las tierras del Estado hasta que se regularizara su estatuto permanente y hasta que se pudiera iniciar el asentamiento de los judíos en las antiguas zonas árabes. “Hasta que se estabilice la seguridad en las pocas zonas de reserva que aún pueden ser colonizadas, es esencial mantener la administración militar en esos lugares y fortalecer su aparato… para que la administración militar pueda asegurar, directa e indirectamente, que la tierra no se pierda para el Estado”.

La Comisión Ratner añadió que sin la administración militar “muchas más áreas corren el riesgo de perderse para el Estado”.

Al final, el informe de la Comisión nunca se presentó al gobierno, aunque sirvió de base para la política de los años siguientes.

¿Por qué Israel ha seguido ocultando un informe escrito hace más de seis décadas? La explicación está en una reunión del gobierno de 1959, durante la cual el Ministro de Educación Zalman Aranne dijo que “la cosa debe hacerse, pero no revelarse, como por ejemplo la judaización de Galilea”.

(*) https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-secret-israeli-document-reveals-plan-to-keep-arabs-off-their-lands-1.8473226

‘Nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público’

María Paz Canales y Pablo Viollier

Frente a la represión que el Estado chileno ha ejercido sobre la legítima protesta social, nos oponemos a la implementación de tecnologías de vigilancia masiva y reconocimiento facial en el espacio público. Está demostrado que estas tecnologías no nos protegen: su implementación nos vulnera y entrega al Estado capacidades que menoscaban nuestros derechos.

Mientras que en mayo del año pasado la ciudad de San Francisco (cuna de este tipo de tecnologías) prohibió la utilización de tecnología de reconocimiento facial en espacios públicos, la Unión Europea pondera seguir este camino o al menos implementar una moratoria de cinco años a la utilización de estos mecanismos en espacios públicos; en Chile se ha anunciado una licitación para la compra de equipamientos para un  Sistema de Teleprotección Nacional  por más de 14 mil millones de pesos que incluye tecnología de reconocimiento facial. Este sistema forma parte del programa “Calle Segura”, la iniciativa más ambiciosa para aumentar de capacidad de vigilancia del Estado desde la vuelta a la democracia.

En el contexto de protesta social en el que el país se encuentra sumido desde octubre del año pasado y ad portas de un proceso constituyente, donde las necesidades de expresarse públicamente y manifestarse pacíficamente mantendrán movilizada a parte importante de la población: ¿Qué podría salir mal?

Las razones que han llevado a la prohibición o moratoria de uso del reconocimiento facial en espacios públicos son claras y compartidas: este tipo de tecnologías entregan al poder político una capacidad ilimitada, desproporcionada e injustificada para identificar, perfilar y vigilar a sus ciudadanas; aún cuando la ejecución de estas actividades es incompatible con el Estado democrático de Derecho.

Una de las principales críticas a las tecnologías de reconocimiento facial es su tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que el sistema reconoce de forma equivocada al afectado. La policía londinense reportó que un sistema de estas características identificó erróneamente a los individuos en un 92% de los casos, en Nueva York se obtuvo un 80% de falsos positivos y en nuestro país, el sistema del Mall Plaza resultó en un 90% de casos erróneos ¿Existe alguna otra industria que pueda mantenerse lucrativa con esos resultados?

Más allá de su efectividad -y la cuestionable justificación económica de esa inversión por el Estado, frente a las múltiples demandas sociales que requieren urgente atención- lo que resulta realmente espeluznante del reconocimiento facial, para aquellos que amamos y defendemos la libertad, es que estamos ante una tecnología que entrega una capacidad completamente desproporcionada al Estado y le permite ampliar su poder político para identificar a sus ciudadanas en el espacio público, un verdadero estado policial de control que trata a las personas como permanentes sospechosas. Este es el Estado del que nos habló Orwell en 1984.

Hoy estamos, entonces, ante una paradoja. El reconocimiento facial es una mala inversión para los recursos del Estado porque no sirve -ya se ha demostrado que es incapaz de entregar el resultado que promete- y el precio lo pagarán con sus derechos y libertades aquellos erróneamente identificados por el sistema. Aún si fuese capaz de alcanzar su objetivo, las consecuencias en el ejercicio de los derechos de las personas serían irreversiblemente más graves; es por esto que la implementación de este tipo de tecnologías resulta incompatible con un Estado de Derecho.

El anuncio de este sistema de vigilancia masiva ocurre en un momento particular, a la mitad de la revuelta social y política más importante que ha vivido Chile en los últimos 30 años. En un escenario en donde al menos tres organismos internacionales han constatado la existencia de gravísimas y generalizadas violaciones a los derechos humanos de la población.

La implementación de este sistema de vigilancia masiva se produce, entonces, en un contexto en el que se constata una progresiva criminalización al legítimo derecho de la población a la protesta social. El sistema propuesto entrega una herramienta tecnológica adicional para acrecentar la capacidad de control del Estado sobre la expresión y la manifestación, como un ejercicio de poder sin contrapesos ni obligación de rendición de cuentas en su uso. Si previo al estallido social vivimos situaciones como la Operación Huracán o la vigilancia policial revelada por el Paco Leaks ¿qué garantiza que un sistema de vigilancia masivo con reconocimiento facial no será utilizado para perfilar a dirigentes sociales, perseguir a activistas, medios independientes u hostigar a oponentes políticos?

Las bases de licitación son claras en entregar al sistema la mayor discrecionalidad y arbitrariedad posible, describiendo las cámaras como un mecanismo legítimo incluso para perseguir incivilidades . En otras palabras, se proponen como una solución para perseguir conductas que van desde cometer delitos hasta botar papeles en la calle, contraviniendo uno de los principios básicos de la disciplina jurídica de protección de datos personales: el principio de proporcionalidad.

Las bases de licitación son además ambiciosas, pero poco precisas. Se establece que el sistema de vigilancia tiene que ser capaz de reconocer rasgos faciales, patrones de comportamiento y contar con algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine learning); sin embargo, no establece definición alguna de qué parámetros técnicos deberán cumplir ni provee información acerca de los datos que serán usados para su entrenamiento. Tampoco hay mención a cualquier mecanismo de control o resguardo de los derechos de las personas sujetas a este sistema de vigilancia masiva.

La pretensión del gobierno por generar mecanismos de vigilancia masivos en espacios públicos se basa en una premisa errada que nuestros tribunales superiores de justicia han sido claros en descartar: que «no existe» la privacidad en el espacio público. Claro que las personas no gozan del mismo nivel de privacidad en la calle que en la sala de estar de sus casas, pero eso no quiere decir que uno renuncie totalmente a la privacidad al cruzar el umbral de la puerta.

Y es que la privacidad y el anonimato son además condiciones necesarias para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a reunión, petición, la libertad de culto y la no discriminación. De esta forma la implementación de sistemas de vigilancia masiva genera un efecto inhibidor donde, por miedo a represalias ulteriores, las personas podrían sentirse presionadas a no ejercer sus derechos o ejercerlos de forma limitada.

¿Podrán los chilenos seguir manifestándose con tranquilidad y libertad sabiendo que sus rostros están siendo identificados y que cada uno de sus patrones de comportamiento están siendo analizados por el mismo gobierno que los reprime? La respuesta es obvia.

Desde Derechos Digitales nos oponemos a la implementación de este sistema de vigilancia incompatible con el Estado democrático de Derecho, que vulnera los derechos fundamentales de la población.

La Subsecretaría de Prevención del Delito debe rendir cuenta a las chilenas de su actuar, y es por eso que tal como lo hemos hecho nosotros, invitamos a todos nuestros lectores a utilizar el mecanismo de acceso a la información pública para requerir información de cómo este plan de vigilancia masiva pretende ser implementado y les afecta. Para ello les compartimos un modelo de solicitud que pueden bajar acá. La solicitud se debe ingresar en el portal de transparencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, de forma que exijamos al gobierno transparentar los detalles de este sistema de vigilancia masiva a todas sus ciudadanas interesadas en proteger el respeto de los derechos humanos que les hizo salir a la calle en 2019: para exigir que la dignidad se haga costumbre.

https://www.derechosdigitales.org/14182/contra-la-vigilancia-masiva-hasta-que-la-dignidad-se-haga-costumbre/

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