Día: 10 de enero de 2020 (página 1 de 1)

Es un asunto que concierne tanto a la censura como al fascismo, si es que ambas cosas se pueden analizar por separado; pero ahora pasaré por encima del primer aspecto.

Han pasado más de 40 años desde la aprobación de una nueva Constitución y, sin embargo, parece que fue ayer. El fascismo vuelve a la actualidad, unas veces como pesadilla, como un mal sueño, aunque sobre todo vuelve como realidad.

¿Cómo es posible que 40 años después este tipo de asuntos salten recurrentemente, una y otra vez?

Porque no ha cambiado nada, porque España sigue siendo el mismo Estado que se creó en 1939 tras una guerra civil.

El fascismo en España se presenta hoy con dos caras: la de quienes niegan que España sea un Estado fascista y la de quienes lo dicen, pero no saben lo que es fascismo.

No es muy complicado de entender: si hoy España fuera un país democrático no volverían a ponerse encima de la mesa a cada paso ninguno de los problemas de la memoria histórica. Pero como no lo es, es decir, como este país alardea de algo que carece, las trampas salen a relucir a cada paso.

Como, además, los antifascistas no han sido capaces de acabar con el fascismo en la realidad, trasladan su impotencia desde la lucha de clases hacia los tribunales. Quieren que la legalidad (que sigue siendo fascista) les entregue en un juicio lo que no han logrado en las calles.

Esos antifascistas plantean el problema del revés: un Estado (y un país) no se democratiza a golpe de leyes, juicios y sentencias. Es más, si este Estado fuera democrático, no serían necesarias leyes, ni juicios, ni sentencias porque en todo pleito hay dos partes y en un país democrático no es posible un juicio sobre la memoria histórica en el que alguien defienda a la otra parte: al fascismo.

De ahí que todos los juicios sobre la memoria histórica sean como la pescadilla que se muerde la cola, para unos, los fascistas, y para los otros, los antifascistas.

Si España hubiera cambiado, si hubiera habido una transición, no serían necesarias leyes, como la de la memoria histórica. Todos los cargos públicos harían reverencias a quienes como Puig Antich lucharon contra el fascismo, habría monumentos a su memoria, habría calles con su nombre, los juicios franquistas se tendrían por nulos y habrían indemnizado a las víctimas y a sus familiares.

Los verdugos, como Utrera Molina, serían denostados y sería un delito hacer apología de ellos y enaltecerlos.

Sin embargo, está ocurriendo al revés. Los que se sientan en el banquillo son siempre los antifascistas. La ley, los jueces y las sentencias amparan a los verdugos, hasta el punto que la fiscalía considera que el odio al nazismo es un crimen. El Tribunal Supremo condena a los independentistas catalanes por un delito, el de sedición, que es el mismo que imponía el Tribunal de Orden Público a los trabajadores en huelga en los viejos tiempos.

Este tipo de fenómenos ocurren en pleno siglo XXI no por las leyes, ni por los jueces, ni por los fiscales sino porque seguimos viviendo bajo el fascismo, por más que intenten disimularlo.