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Día: 20 de septiembre de 2019 (página 1 de 1)

China – Estados Unidos: de la guerra comercial a la guerra tecnológica

Desde 2017 China ocupa el segundo lugar en número de registros de patentes a nivel mundial adelantando en ese puesto a Japón y sólo por detrás de Estados Unidos, siendo Huawei la que ocupa ese puesto a nivel de empresas. Con un crecimiento en registro de patentes de 13,4 en 2017 y 9,1 en 2018 es muy probable  que el gigante asiático pueda alcanzar el primer puesto en un par de años

Uno de los principales ejes de actuación en la guerra comercial chino-norteamericana, está siendo el sector de las tecnologías y la información donde la preocupación se ha extendido a otros gobiernos de los “Five Eyes”- Australia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido- en la futura implementación de la tecnología 5G.

Siendo los semiconductores la piedra angular sobre el que se apoya la tecnología de la era de información, China se ha marcado dentro del ambicioso objetivo “Made in China 2025” una producción que alcance 305 billones de dólares que supondría un 80 por ciento de la demanda doméstica. En 2019, China depende de la importación de una gran cantidad de semiconductores y el gobierno del país está dispuesto a revertir la situación.

Los semiconductores se usan en aplicaciones electrónicas, en especial para la fabricación de componentes como transistores, diodos y circuitos integrados. También son usados como accesorios o complementos de sensores ópticos, como láseres de estado sólido, y algunos dispositivos de potencia para sistemas de transmisión de energía eléctrica. En la actualidad, este tipo de elementos está siendo empleado para desarrollos tecnológicos en los ámbitos de las telecomunicaciones, sistemas de control y procesamiento de señales, tanto en aplicaciones domésticas como industriales.

En el verano del 2018, el gobierno de Estados Unidos presentó una nueva ley de Defensa, que incrementaba  el presupuesto destinado a seguridad hasta la cifra récord de 715.000 millones de dólares (unos 635.000 millones de euros) aumentando los poderes del gobierno y del Congreso para revisar y bloquear cualquier tipo de inversión extranjera en su economía bajo el argumento de la amenaza a la seguridad nacional. Aunque la ley no menciona a ningún país en concreto, los expertos coinciden en que el destinatario de semejante reforma no es otro que China.

Esa es, en realidad, la verdadera guerra que oculta la guerra comercial que libran estos dos gigantes. En juego están el dominio tecnológico del futuro y el control de la alta velocidad que viene: el 5G. Esta tecnología que tiene como potencial año de lanzamiento el 2020 tiene en su campo de actuación cuestiones tan futuristas pero reales como vehículos que se conducen solos, la realidad virtual, las ciudades inteligentes y los robots que trabajen en red.

El número de usuarios de las redes 5G en China alcanzará los 460 millones en el 2025, superando el número de usuarios de Europa y América del Norte en conjunto lo que convertirá al país asiático en el mayor mercado para esta nueva tecnología, según el informe de la Asociación de operadores móviles GSM. Se espera que el monto de las inversiones en el desarrollo de las redes 5G alcance en el 2019 y 2020 unos 58.000 millones de dólares y en ese periodo.

Las dos principales potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China, han evolucionado su guerra comercial para convertirla en una guerra que también es tecnológica.

https://economy.blogs.ie.edu/archives/category/economia-global/

La lucha popular logra la aprobación de la ley de emergencia alimentaria en Argentina hasta diciembre de 2022

El Senado argentino ratificó por unanimidad el proyecto aprobado la semana pasada en el Congres de los Diputados. Fuera del Congreso, miles de manifestantes exigían la sanción de la ley que extiende la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y fija un incremento del 50 por ciento de las partidas destinadas a programas de alimentación y nutrición.

Desde las 11 horas, la CTA Autónoma, CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y gremios aguardaban frente al Congreso que Senadores alcanzara el quórum para tratar la sanción de la Emergencia Alimentaria.

Finalmente, alrededor de las 18 horas y luego de tres horas y media de debate, la cámara alta sancionó la iniciativa de los distintos bloques opositores que ya había pasado por el Congres de los Diputados.

De esta manera, los legisladores nacionales extendieron la Emergencia Alimentaria hasta diciembre de 2022 y destinaron entre 8.000 y 10.000 millones de pesos a planes sociales, a partir de un aumento de hasta el 50 por ciento de los fondos que se destinan en la actualidad a programas de alimentación y nutrición.

A pesar de la reticencia inicial del oficialismo y recientes declaraciones que desconocían la difícil situación económica y social, la dura derrota electoral de Mauricio Macri y el poder de movilización de las organizaciones sociales hicieron posible la aprobación de la norma.

El texto dispone “un incremento de emergencia como mínimo del 50 por ciento de las partidas presupuestarias de créditos vigentes al momento de la promulgación de la presente ley, correspondientes al Programa N° 26 (Políticas Alimentarias) y el Plan Nacional de Protección Social, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, como así también del Programa Pro Bienestar del PAMI” (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionistas).

Asimismo, faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a actualizar trimestralmente los montos desde el 1 de enero de 2020, tomando como referencia el IPC y la Canasta Básica Alimentaria establecida por el INDEC.

Según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la inseguridad alimentaria total llegó al pico máximo del 35,8 por ciento, con niveles de falta de comida severos del orden del 17,4 por ciento y déficit de nutrientes alimentarios que, en sectores bajos del país, llegan hasta el 44 por ciento.

El propio INDEC arroja datos alarmantes: en el primer semestre de 2019, la tasa de pobreza alcanzó al 35,5 por ciento de la población. El índice resulta casi 10 puntos por encima del mejor registro de Cambiemos, correspondiente al segundo semestre de 2017 (25,7 por ciento).

Por otra parte, la presentación del ministro Lacunza del proyecto oficialista de Presupuesto 2020 resulta esclarecedor a los fines de entender un posible -aunque improbable- segundo mandato macrista. Del texto, surge que el pago de la deuda para 2020 (más de un billón de pesos) supera con creces la suma de las partidas de salud, educación, agua potable y varios ítems sociales sensibles.

Ya son tres las iniciativas que los movimientos sociales lograron vehiculizar hacia un tratamiento legislativo. El primero, en diciembre de 2016, la Emergencia Social. El segundo, en julio de 2018, la Integración de Barrios Populares.

https://canalabierto.com.ar/2019/09/18/la-movilizacion-popular-logro-la-aprobacion-de-la-emergencia-alimentaria/

Los movimientos sociales se han organizado para ofrecer puestos de comida en los barrios más necesitados de Buenos Aires

Mueren tres manifestantes durante enfrentamientos y motines con la policía en Argelia

Tres personas murieron el miércoles por la noche durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la región de Relizane, a 300 kilómetros al oeste de Argel.

Los choques se produjeron a causa de la muerte de un adolescente de 15 años que fue atropellado por un vehículo de la policía, un accidente que también causó heridas graves a un hombre de 25 años que viajaba con él en un vehículo de dos ruedas.

En represalia, los disturbios estallaron alrededor de las 10 de la noche, cuando varios vecinos cortaron el camino de la ciudad con piedras y barricadas incendiarias con neumáticos.

Los manifestantes saquearon los edificios públicos e intentaron asaltar la comisaría de la ciudad para capturar al policía que causó el accidente, según ha reconocido la fiscalía.

El diario El Khabar afirma que los policías comenzaron a disparar desde el interior de la comisaría de policía, causando la muerte de tres manifestantes.

Al dia siguiente por la mañana, los vecinos realizaron una sentada para protestar por las muertes.

El Ministerio argelino de Interior ha abierto una investigación oficial, según ha informado en un comunicado de prensa.

Los manifestantes asaltan una comisaría y matan a un jefe de policía en Mali

Los vecinos de Niono, en la región de Segou, llevaron a cabo ayer un levantamiento sin precedentes. Atacaron la comisaría de policía, la saquearon y mataron al comisario Idrissa Tounkara.

En internet un vídeo ha mostrado el cuerpo sin vida del policía en el patio de la comisaría. El balance provisional es de dos muertos, un policía y un civil, y varios heridos.

Hace una semana el comisario de policía ya tuvo que abandonar la ciudad por la presión popular. Según los vecinos, todo comenzó por un control policial durante el cual un policía pateó a un ciudadano.

Los vecinos atacaron al comisario al que consideran como responsable de no castigar al policía maltratador. Ayer los manifestantes irrumpieron en la comisaría de policía donde se encontraban el comisario y sus hombres.

En respuesta a la determinación de los vecinos, la policía disparó, hirió y mató a uno de los manifestantes que había logrado acceder hasta el patio de la comisaría. El comisario Idrissa Tounkara fue ejecutado por la multitud que destruyó la comisaría y los demás policías huyeron.

La información se ha difundido ampliamente en redes sociales africanas con imágenes de apoyo. Durante varios días la tensión ha sido muy alta, según el jefe de los “griotes” (*) de Segou, Mamadou Kouyaté. Unos delegdos trataron de mediar entre los vecinos y la policía, pero no logró su objetivo.

En Fana, otra ciudad de Mali, los vecinos también se quejan del hostigamiento de la policía, que practica continuos controles por la noche.

En Mali la población considera a la policía como su enemigo, un factor de opresión, lo que ha exacerbado la crisis en el norte y el centro del país.

(*) En las culturas africanas el “griot”, también llamado “djeli” o “jali”, es un bardo o persona que recita viejos relatos de la tradición oral entre los vecinos.

‘La criminalización de las protestas es una política de Estado’

La disertación más aplaudida durante el segundo día de la Cumbre de los Pueblos Afectados por la Minería que se celebra en Perú, fue la que abordó la criminalización de las protestas. En ella se afirmó que es una política de Estado frente a las luchas sociales.

El trasfondo es un asunto de persecución política y penal en contra de los manifestantes y dirigentes, expuso Jorge Tacuri Aragón, abogado de comunidades y pueblos originarios.

Debido a que las acciones que se realizan en una protesta pueden ser calificadas como criminales, señala que debe considerarse que quien realiza la manifestación lo está haciendo por defender un derecho o bien jurídico mayor.

Según explicó Tacuri, en las manifestaciones donde se bloquean las pistas, por ejemplo, no tendrían que tomarse como actos criminales “por lo que no existiría lugar para una denuncia penal contra los manifestantes”, dijo.

“Siempre existe un sesgo en las protestas a nivel nacional. Se cree que porque alguien se paró en medio de la pista a impedir el paso de algún vehículo ya está cometiendo un delito. Ya es un delincuente y ya debería estar en la cárcel”.

Los 24 detenidos durante los dos meses de paro indefinido en Cocachacra, fueron intervenidos bajo el cargo de disturbios en contra de la tranquilidad pública. Así lo informó Arturo Dueñas Segura, abogado defensor de la mayoría de manifestantes del Valle de Tambo,

Dijo que antes de las 48 horas fueron liberados debido a que no existen pruebas contundentes para sustentar las denuncias que pesan en su contra. “Esto sucede porque la policía interviene en el momento de las protestas. Pero cuando se les pide sus declaraciones, la mayoría de las veces se contradicen, y yo he estado presente durante esas diligencias”

Este caso fue utilizado como ejemplo de las exposiciones sobre la criminalización de las protestas. Explicó que, por las acusaciones por las que se detuvo a los manifestantes, se les podría haber enviado a la cárcel entre 8 y 15 años.

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