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Día: 25 de agosto de 2019 (página 1 de 1)

La precariedad laboral afecta ya a más de la mitad de la fuerza de trabajo

La estabilidad laboral hace una década que dejó de existir en España. En ese tiempo, la calidad del trabajo se ha ido deteriorando paulatinamente de tal manera que ahora mismo más de la mitad del empleo es precario.

El 52 por ciento de los trabajadores no tiene un contrato indefinido a jornada completa, es decir, subsisten con empleos temporales, parciales o ambos al mismo tiempo.

Estos contratos, además, son de una duración muy corta, no superior a un mes en el 38 por ciento de los casos. La contratación sigue marcada por la precariedad y lastrada por los efectos negativos de la reforma laboral de 2012: se firman más contratos que antes de la crisis, pero son más precarios.

La duración media de los contratos inscritos en los servicios públicos de empleo durante el mes de julio este año fue de 47,05 días, el peor dato desde 2006, cuando inició la serie de esta estadística.

Según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, uno de cada cuatro contratos firmados en el séptimo mes del año tenía una duración igual o inferior a siete días.

Cada empleo ligado a contratos de muy corta duración ha requerido firmar una media de 5,5 contratos temporales para trabajar todo 2018. Esto es reflejo de la alta rotación laboral de la población con contrato temporal.

Sin embargo, la rotación y la precariedad no son exclusivas de la contratación temporal. Desde que se impulsó la reforma laboral en 2012, la contratación indefinida se ha precarizado y cada vez sirve menos para acceder a un empleo estable.

Al cierre de 2018 solo se mantenían el 63 por ciento de los contratos indefinidos firmados en 2018 y el 50 por ciento de los firmados en 2017.

https://www.elboletin.com/noticia/175323/nacional/la-precariedad-laboral-afecta-ya-a-mas-de-la-mitad-del-empleo-asalariado.html

‘Estamos dispuestos a todo’: la lucha de los trabajadores estadounideses por la subida del salario mínimo

Manifestación de trabajadores de hostelería
Esta historia empieza en los sofás de amigos; el lugar en el que dormían miles de trabajadores del sector de la comida rápida, incapaces de alquilar una habitación. Empieza usando máquinas sin guantes protectores, quemándose al filtrar la grasa de las patatas fritas, o tocando una bandeja de galletas al rojo vivo. Empieza con un consejo del gerente: colócate mayonesa en la quemadura, dado que no hay, en el restaurante, ningún botiquín de primeros auxilios. Y empieza, sobre todo, con el salario mínimo de 7,25 dólares la hora. Brutos. En Nueva York.

«Un día estaba en el metro, e iba rezándole a Dios: tengo 31 años y trabajo en McDonald’s, ¿qué estoy haciendo? Por favor, ayúdame a encontrar una dirección», recuerda Jorel Ware, empleado de la mayor cadena de hamburgueserías del mundo. Ware cavilaba una mañana de 2012. Horas después, según su testimonio, unos activistas entraron en el McDonald’s y le preguntaron: «¿Estás cansado de ganar 7,25 dólares la hora?». «¿Que si estoy qué? ¡Por supuesto!».

Jorel Ware trabajaba 30 horas semanales; después de impuestos, recibía un salario de 720 dólares al mes. En una ciudad donde un piso de una habitación cuesta, de media, casi 3.000 dólares, y un cartón de leche, si quieres que sepa como en Europa, ronda los cinco o seis. ¿Y el seguro sanitario? «Ofrecían uno. Pero te descontaban 75 dólares a la semana».

Los trabajadores se pluriempleaban, pedían todo tipo de ayudas sociales, para comer o pagar la calefacción, y concebían estrategias de ahorro. Por ejemplo, compartían el bono mensual de transporte. «Con el billete de viajes ilimitados, si lo pasas, tienes que esperar 18 minutos, y luego puedes pasarlo otra vez. Así que nos organizábamos. Vivíamos así».

Había otras quejas aparte del dinero. La maquinaria vieja y defectuosa y la falta de adiestramiento, causaban accidentes constantes. Según una encuesta, elaborada por Hart Research Associates en 2015, el 87% de los trabajadores de comida rápida habían sufrido algún accidente al año anterior. Ocho de cada diez se habían quemado.

Junto al aumento del salario mínimo, la otra gran exigencia de Fight for $15, el grupo al que se unió Jorel Ware, era el derecho a formar un sindicato. Algo que McDonald’s y otras cadenas han logrado impedir desde hace décadas. «Estos establecimientos ni siquiera nos daban comida, teníamos que comprarla, y mi cheque semanal era de 180 dólares netos», recuerda Ware.

Si era tan terrible, ¿por qué no cambiar de trabajo? «¡Esto está en todas partes! Es la mentalidad de los dueños. No solo en el sector de la comida rápida. Barnes & Nobles, Whole Foods…» y señala a su alrededor, pues estamos tomando un café en el Whole Foods de Union Square, una cadena de supermercados con sede en Texas, dedicada a los productos orgánicos y desde 2017 propiedad de Amazon. Su CEO libró una campaña denodada contra Fight for $15.

La primera protesta de este grupo, formado por activistas de New York Communities for Change y Make the Road New York, con apoyo del sindicato internacional de servicios, reunió apenas un centenar largo de personas. Trabajadores de McDonald’s, Wendy’s, Burger King, Pizza Hut y otros establecimientos dejaron sus puestos de trabajo para exigir un aumento de salario y el derecho a sindicalizarse sin ser hostigados por la empresa. Pese a su limitado alcance, se trató de la mayor huelga del sector de la comida rápida en la historia de Estados Unidos. Solo era el principio.

«Empecé a organizarme con otros trabajadores de la comida rápida, y con el sindicato del sector servicios. Estábamos disparados», recuerda Ware. «Tras la primera protesta, emprendimos acciones por toda la ciudad, frente a las franquicias, dentro de las franquicias. Conseguimos la atención de los medios de comunicación. Fueron los medios los que ayudaron a extender la voz».

Seis meses después, en abril de 2013, hubo huelgas similares en Chicago, Detroit, San Luis, Milwaukee y Seattle. Centenares de activistas, incluido Jorel Ware, se presentaban en la reunión anual de la junta de accionistas de McDonald’s, en Chicago. Había helicópteros, policía, cámaras de televisión. Cada año participaba más gente, hacían más ruido.

En septiembre de 2014 la huelga se dio en 150 ciudades de Estados Unidos. Además de su alcance, también cambió la estrategia. Aquel fue el verano de Ferguson, cuando la muerte de un joven afroamericano desarmado a manos de la policía desencadenó fuertes disturbios y Fight for $15 empezó a usar tácticas de desobediencia civil: a montar piquetes y a parar el tráfico en las principales avenidas. «A veces es necesario. Estamos dispuestos a todo».

Los políticos tomaban nota. «Una vez lograda la atención de los medios, empezamos a lograr la atención de los congresistas, del gobernador, del alcalde. La gente empezó a hacer muchas preguntas», dice Ware. En 2015 varios senadores, entre ellos el aspirante presidencial Bernie Sanders, apoyaron públicamente el aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora. En octubre, el presidente de entonces, Barack Obama, invitó a los líderes de Fight for 15$ a la Casa Blanca.

Las empresas contraatacaron. Amazon elaboró un vídeo interno, filtrado a Gizmodo, en el que enseñaba a los gerentes de Whole Foods cómo vigilar a los trabajadores y descabezar las revueltas. «No somos antisindicatos, pero tampoco somos neutrales», decía el narrador, un dibujo animado vestido con el chaleco de la empresa. Luego recomendaba algunas tácticas, bajo el acrónimo, por sus siglas en inglés, de TIPS («consejos»): «Amenazar, interrogar, prometer, espiar».

Lo más importante, según el narrador, era estar atentos a las primeras señales de rebeldía. Por ejemplo, las reuniones de trabajadores en los descansos, la aparición de chapas o gorras con mensajes sospechosos, o el uso de términos tóxicos, como “living wage”: un salario para vivir.

McDonald’s efectuó despidos, muchas veces injustificados, como reflejan los procesos legales que siguieron a continuación. Al propio Jorel Ware le enseñaron la puerta; el gerente lo acusó de haber faltado un día. Ware denunció a la empresa, ganó y fue readmitido.

Poco a poco empezaron a llegar los resultados. El estado de California subió el salario mínimo en 2016, primero a 10 dólares la hora, con el plan de llegar a los 15 en 2022. A día de hoy, nueve estados han aprobado el aumento. Desde el 31 de diciembre del 2018, los trabajadores de la comida rápida en la Ciudad de Nueva York cobran 15 dólares brutos por hora.

Los militantes, que han ido sumando fuerzas con otros grupos de izquierda, como Black Lives Matter, o el ala socialista demócrata, celebraron la victoria. No solo en la cuestión salarial. «Ahora ya no pueden mandarnos a casa sin paga», dice Jorel Ware. «Si lo hacen reciben una multa, 40 dólares, y además nos queda el resto del día libre pagado. Nuestros turnos ahora tienen que tener, al menos, 11 horas de diferencia. Tenemos familia, hijos, citas médicas. Somos humanos».

McDonald’s anunció el pasado abril que tiraba la toalla en esta lucha. «No usaremos nuestros recursos, incluidos lobistas y personal, para oponernos a los aumentos del salario mínimo a nivel federal, estatal o local», dijeron en un comunicado, «ni participaremos en esfuerzos de abogacía diseñados expresamente para evitar aumentos de salario».

Jorel Ware mantiene su empleo en McDonald’s. Sigue siendo un trabajador raso, de los que atienden en caja y echan sal a las patatas fritas. «Tengo 38 años, y esto va a sonar ridículo, pero me gusta el punto de vista del trabajador. No quiero ser un gerente, o director general, no quiero escuchar al dueño. Además», dice, «no me ascenderían».

Este neoyorquino del Bronx, que ya no vive con su madre, todavía visita las otras franquicias de la ciudad, si es posible de incógnito. Entrevista a los trabajadores para comprobar que todo está en orden. Si le cuentan alguna irregularidad, pide hablar con la persona encargada. A veces, dice, le tratan de mala manera y tiene que «volver con poder»: una nueva protesta a la puerta de algún McDonald’s. «Que te respeten y te paguen lo que mereces, es algo maravilloso».

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-08-24/salario-minimo-macdonalds-restaurantes-empleo_2191175/

Los pigmeos africanos acusan a la Comisión Europea de robarles sus bosques

Cientos de pigmeos baka de la selva del Congo han escrito a la Comisión Europea instando a los funcionarios a que los visiten y les pidan su consejo y orientación antes de proporcionar más fondos para el polémico parque Messok Dja en su tierra.

La Comisión Europea es uno de los principales donantes del proyecto en la República del Congo, pero los baka aseguran que han estado “esperando su visita durante muchos años, pero nunca han venido”.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Comisión Europea saben desde hace tiempo que las poblaciones locales se oponen al proyecto Messok Dja, pero han seguido financiándolo en violación de sus propias políticas. Ambos grupos han estado financiando la creación del parque por lo menos desde 2014, pero no iniciaron la consulta europea hasta este año.

La Comisión también ha negado repetidamente que los guardabosques maltraten a la población local, pero nunca ha tomado ninguna medida para investigar las atrocidades denunciadas por Survival International y otras organizaciones.

En su carta, los baka dicen: “Han pasado años y años desde que los ecoguardas financiados por WWF llegaron aquí. Nos prohíben cazar para alimentar a nuestras familias. Nos prohibieron entrar al bosque… Nos hablaron del límite del parque. Pero nadie vino a pedir nuestro consentimiento”.

Los baka son expulsados de sus tierras debido a la persecución de los guardabosques y son excluidos de los bosques de los que dependen para su alimentación y curación.

“El bosque es nuestro hogar. Vivimos del bosque […] Pero tú, tú nos robaste el bosque y qué vamos a hacer nosotros?, ¿cómo vamos a sobrevivir?

“No entendemos por qué no acuden a nosotros en busca de consejo y orientación sobre cómo proteger nuestro bosque. ¿No pensasteis en eso?

“¡Si el bosque es tan hermoso, es porque estamos aquí! Deberías estar colaborando con nosotros”.

Stephen Corry, Director de Survival, dijo que “la Comisión Europea y WWF sienten un profundo desprecio por los baka. Los miembros del personal de la Comisión ni siquiera se han molestado en dejar sus oficinas para hablar con ellos, pero están contentos de seguir contribuyendo con millones de euros a un proyecto que está robando las tierras de Baka y arruinando sus vidas”.

“En lugar de seguir malgastando enormes cantidades de dinero público, la Comisión Europea y el personal de WWF deberían reconocer finalmente que el proyecto de Messok Dja está fracasando irrevocablemente y debe ser abandonado; y luego preguntar a los baka cómo se les puede ayudar a proteger su tierra, como verdaderos amos y guardianes del bosque”.

Bajo las rampas de los misiles nucleares de la OTAN en Europa

Manlio Dinucci

La base de misiles de la OTAN en Deveselu, Rumanía, que forma parte del sistema de defensa antimisiles Aegis de Estados Unidos, completó la actualización que comenzó el pasado mes de abril. La OTAN lo comunica, asegurando que no ha conferido ninguna capacidad ofensiva al sistema, que sigue siendo puramente defensivo, centrado en amenazas potenciales desde fuera del área euroatlántica.

El emplazamiento de Deveselu tiene (según la descripción oficial) 24 misiles, instalados en lanzadores subterráneos verticales, para la interceptación de misiles balísticos de corto y mediano alcance.

Otro emplazamiento, que estará operativo en 2020 en la base polaca de Redzikowo, también estará equipado con este sistema. Lanzadores similares se encuentran a bordo de los cuatro buques de la Armada estadounidense desplegados en la base española de Rota, que cruzan el Mediterráneo, el Mar Negro y el Mar Báltico. El propio despliegue de los lanzadores demuestra que el sistema no está dirigido contra la amenaza iraní (como afirman Estados Unidos y la OTAN), sino principalmente contra Rusia.

Que el llamado «escudo» no es puramente defensivo se explica por la misma industria de guerra que lo hizo, Lockheed Martin. Documenta que el sistema está diseñado para instalar “cualquier misil en cualquier plataforma de lanzamiento”, por lo que es adecuado para “cualquier misión de guerra”, incluido el “ataque contra objetivos terrestres”. Lockheed Martin señala que las rampas de lanzamiento más grandes pueden lanzar «los misiles más grandes, como los misiles de defensa contra misiles balísticos y los misiles de ataque de largo alcance». Por lo tanto, acepta, en esencia, que las instalaciones de Rumanía y Polonia y los cuatro buques del sistema Aegis puedan equiparse no sólo con misiles antimisiles, sino también con misiles de crucero de armas nucleares Tomahawk capaces de alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia.

Como documenta el Servicio de Investigación del Congreso (24 de julio de 2019), los cuatro buques estadounidenses que operan en aguas europeas para defender a Europa de posibles ataques con misiles balísticos forman parte de una flota de 38 buques Aegis que en 2024 ascenderán a 59.

En el año fiscal 2020 se asignarán 1.800 millones de dólares para el desarrollo de este sistema, incluyendo sitios en Rumania y Polonia. Otras instalaciones terrestres y buques de Aegis se desplegarán no sólo en Europa contra Rusia, sino también en Asia y el Pacífico contra China. Según los planes, el Japón instalará dos emplazamientos de misiles en su propio territorio proporcionados por Estados Unidos; Corea del Sur y Australia comprarán buques del mismo sistema a Estados Unidos.

Además, en los tres meses en que el equipo de Deveselu fue traído a Estados Unidos para ser actualizado, una batería de misiles móviles Thaad del Ejército de Estados Unidos fue desplegada en el sitio en Rumania, con la capacidad de derribar un misil balístico dentro y fuera de la atmósfera, pero también con la capacidad de lanzar misiles nucleares de largo alcance.

Con el sistema Aegis de nuevo en funcionamiento -anuncia la OTAN- Thaad ha sido redesplegado. No especifica dónde. Pero se sabe que el ejército estadounidense ha trasladado baterías de esos misiles de Israel a la isla de Guam en el Pacífico.

A la luz de estos hechos, en un momento en que Estados Unidos está rompiendo el Tratado FNI para instalar misiles nucleares de mediano alcance en las costas de Rusia y China, no será ninguna sorpresa que el senador Viktor Bondarev, jefe del Comité de Defensa, anunciara en Moscú que Rusia ha trasladado los bombarderos Tu-22M3 a Crimea.

Pero a casi nadie le importa porque, en Italia y en la UE, todo esto está oculto por el aparato político-mediático.

https://www.globalresearch.ca/sotto-lo-scudo-missili-nucleari-usa-in-europa/5686775

Las 4.000 trabajadoras del calzado de Villena denuncian la precariedad laboral en el sector

La Asociación de Aparadoras del Calzado de Villena se dio a conocer en Caudete hace unos días para informar sobre la problemática de un sector en el que denuncian que existe una gran precariedad laboral.

Isabel Moreno, presidenta de esta asociación, puso de manifiesto la multitud de problemas que sufren las aparadoras, muy numerosas en Villena, pero que también existen en Caudete. Expuestas a productos tóxicos, a enfermedades profesionales no reconocidas, sin contrato de ningún tipo, cobrando poco más de un euro por cada par de zapatos que luego verán en algún escaparate por cerca de setenta… Forman parte de esa economía sumergida que asola la cadena productiva del calzado.

La precariedad laboral y la economía sumergida van de la mano. Se calcula que en Villena trabajan unas 4.000 aparadoras, de las que muy pocas se atreven a dar la cara y denunciar su situación por miedo a represalias.

Isabel Moreno indicó que las trabajadoras de este sector tienen que dar un paso adelante y luchar por sus derechos. “No es posible”, dice, “que después de trabajar un montón de horas al día, llegue el final de mes y cobren sueldos miserables, que a veces no pasan de los 600 euros”. Por ello, Moreno define como “tercermundistas” las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado y como “pésimos” sus salarios.

A pesar de las dificultades para su creación, la Asociación de Aparadoras del Calzado de Villena pudo constituirse a finales de 2018, y desde entonces está denunciando las condiciones laborales del sector, e informando a las trabajadoras sobre sus derechos.


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