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Día: 19 de agosto de 2019 (página 1 de 1)

Un asesinato judicial de la Guerra Fría: crónica del proceso contra los Rosenberg

El 19 de junio se cumplió el 66 aniversario del asesinato judicial de Ethel y Julius Rosenberg, una joven pareja de Nueva York, cuya supuesta condición de espías soviéticos nunca se probó, a pesar de las mentiras, falsificaciones y engaños propagandísticos lanzados contra ellos desde entonces.

Acusados de espionaje, Ethel y Julius Rosenberg fueron electrocutados en nombre de lo que el director del FBI, J. Edgar Hoover, llamó “el crimen del siglo”. Fue el apogeo de la era McCarthy y la caza de brujas.

Todo había comenzado en 1948, comienzo de la histeria anticomunista en Estads Unidos. El propio gobierno había establecido un programa de vigilancia de la lealtad de los funcionarios y se habían creado muchos grupos, como el Comité Estadounidense para la Libertad Cultural, para encontrar a presuntos comunistas en el gobierno y los medios de comunicación.

Pero el senador Joseph McCarthy quería ir más allá. Era miembro del subcomité permanente de investigaciones del Senado y buscaba información sobre los comunistas que trabajaban en el gobierno de Truman. Con la ayuda del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes, McCarthy quería demostrar que el gobierno de Truman estaba infestado de comunistas que espiaban para Moscú.

En medio de la histeria, en 1949 el general George C. Marshall, del Departamento de Estado, fue acusado de haber “perdido” China a manos de Mao Zedong.

Lo que convirtió en particularmente infame al senador McCarthy fue su papel activo en la persecución y el encarcelamiento de miles de comunistas estadounidenses, entre ellos casi 150 dirigentes del Partido Comunista de los Estados Unidos (CPUSA), acusados de conspiración para derrocar el sistema constitucional estadounidense mediante una revolución comunista violenta.

Bajo la acusación de “comunistas” había de todo, incluso comunistas de verdad, aunque la mayor parte de las víctimas no sabían ni siquiera lo que era el comunismo. Muchos eran progresistas, pacifistas y sindicalistas, personas que se habían destacado en diferentes luchas.

Al amparo de la Ley Smith, cualquier miembro estadounidense del Partido Comunista podía ser procesado como traidor y espía soviético. Ni siquiera Hollywood se libró de la caza de brujas. Cientos de actores y actrices, directores, guionistas, productores, compositores de música, publicistas e incluso editores de teatro fueron incluidos en la “lista negra”, despedidos de sus trabajos o -como los “Diez de Hollywood”- encarcelados por sus simpatías y afiliaciones “comunistas”. Algunos famosos, como Charlie Chaplin y Bertolt Brecht, optaron por huir al extranjero en lugar de ir a la cárcel.

En 1945 Truman había asegurado repetidamente a los estadounidenses que la URSS no podría fabricar un arma nuclear durante los próximos 10 ó 20 años. Cuando en agosto de 1949 los soviéticos demostraron lo contrario, se buscaron traidores que espiaban para Moscú. Los soviéticos estaban tan atrasados que no eran capaces de fabricar la bomba atómica por sí mismos; alguien les había entregado el secreto desde dentro.

El senador McCarthy y el igualmente infame fiscal adjunto, Roy Cohn, que era el asesor principal de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado, acusaron públicamente a muchos conocidos y desconocidos “comunistas” de espionaje. Uno de los acusados era el oscuro propietario de un pequeño taller mecánico de Nueva York, David Greenglass, un joven sargento del ejército asignado al Proyecto de Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, donde se desarrollaron las primeras bombas atómicas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Las acusaciones de Cohn contra Greenglass eran absolutamente infundadas ya que no había ni un solo testigo ni ninguna prueba que apoyara la acusación de espionaje. Era puro terrorismo legal; el fiscal lo utilizó para intimidarle y, temiendo por su suerte, Greenglass se prestó al típico cambalache judicial: implicó falsamente a su hermana Ethel y a su marido Julius, como admitió muchos años después. Mediante el terror el fiscal fabricó un testigo para la ocasión, alguien que iba a decir en el juicio lo que estaban buscando.

Basándose únicamente en el testimonio de Greenglass, los fiscales detuvieron, encarcelaron y llevaron a los estrados a Julius y Ethel Rosenberg por robar los secretos de la bomba atómica estadounidense y transmitirlos a Moscú. La joven pareja se negó a confesar que habían espiado para la URSS, que era el verdadero objetivo de la farsa judicial. Estados Unidos quería demostrar que los soviéticos no eran capaces de disponer de tecnología tan avazada.

Ante su negativa a confesar, comenzó la farsa. La fiscalía fabricó la mayoría de las pruebas. En flagrante violación de la ley estadounidense, Cohn, el fiscal Irving Saypol y el juez Irving Kaufman se pusieron de acuerdo entre ellos en secreto y con otros altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el Fiscal General, Herbert Brownell. Jr., para llevar a los acusados a la silla eléctrica de la cárcel de Sing Sing, en Nueva York.

El presidente Eisenhower se negó a conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua. Por presiones políticas, el Tribunal Supremo se negó a revisar las sentencias de espionaje de los Rosenberg y rechazó la suspensión de sus ejecuciones para reabrir el caso, a pesar de las protestas nacionales e internacionales y de los llamamientos a su apoyo. Sólo dos meses después, un bombardero soviético lanzó la primera bomba de hidrógeno operativa del mundo (termonuclear) en una prueba de superficie que demostró lo absurdo de la idea de que la URSS necesitara que robar los secretos atómicos de Estados Unidos para producir sus propias armas nucleares.

A lo largo de 66 años no ha aparecido ninguna prueba contra los Rosenberg y, por el contrario, se ha descubierto todo lo contrario. Ha quedado claro que la fiscalía ocultó o retuvo pruebas que confirmaban la inocencia de los Rosenberg. Ahora se acepta ampliamente que Ethel Rosenberg nunca fue una espía soviética y que los fiscales eran plenamente conscientes de ello. Madre de dos hijos pequeños, fue detenida y encarcelada como rehén por el FBI de J. Edgar Hoover, con el único propósito de chantajear a su marido, a fin de que confesara su culpabilidad y denunciara a otros espías soviéticos.

Aparte de una gran cantidad de “pruebas de referencia”, la fiscalía nunca presentó ningún hecho tangible que probara la existencia de una red de espionaje dirigida por Julius Rosenberg, alegando que estas pruebas documentales debían permanecer secretas por razones de seguridad nacional.

Incluso si las acusaciones de espionaje contra Julius hubieran sido verdaderas, se hicieron en nombre del aliado soviético estadounidense en tiempos de guerra y no tenían absolutamente nada que ver con el robo de información atómica. Pero el argumento jurídicamente ridículo del juez era que los Rosenberg habían puesto la bomba atómica en las “sangrientas manos” de Stalin, lo que habría conducido a la muerte de 54.000 soldados estadounidenses durante la Guerra de Corea (1950-1953), lo que importaba más a la furiosa opinión pública estadounidense y sellaba el destino de la pareja acusada.

Pero lo más trágico de este crimen judicial es que los británicos ya habían detenido y encarcelado al científico nuclear alemán Klaus Fuchs, quien les confesó que había enviado información secreta sobre la bomba atómica estadounidense a Moscú mientras trabajaba en el Proyecto Manhattan en Los Álamos durante la Segunda Guerra Mundial.

El frío asesinato de Ethel y Julius Rosenberg es un ejemplo de la atmósfera extremadamente cargada de la Guerra Fría de los años cincuenta. No sirvieron de nada las manifestaciones, las peticiones y las protestas de todo el mundo, plenamente conscientes del crimen que se estaba cometiendo.

Los Rosenberg fueron un chivo expiatorio fabricado para la ocasión. Cuando hacia 1958 la histeria se calmó un poco, los dirigentes del Partido Comunista, condenados y encarcelados al amparo de la Ley Smith, fueron puestos en libertad uno por uno por los tribunales. Es más, el Tribunal Supremo revocó sus condenas porque se habían obtenido de la misma manera que las de los Rosenberg.

El asesinato de los Rosenberg es muy diferente: hasta hoy la fiscalía y los tribunales se han negado obstinadamente a reconocer la inocencia de los dos acusados y a anular su sentencia de muerte.

Más información:
– La caza de brujas contra los comunistas en Estados Unidos
 

La cultura de las armas siempre ha sido propia de los racistas blancos de Estados Unidos

Ryu Spaeth

El tiroteo masivo en El Paso revela las corrientes oscuras que subyacen al debate sobre el control de armas. La muerte del juez John Paul Stevens [juez del Tribunal Supremo de 1975 a 2010, considerado uno de los más progresistas] a principios de este verano (16 de julio), revirtió lo que consideraba su derrota más cruel en 35 años en el Tribunal Supremo: la sentencia de 2008 en el caso District of Columbia v. Heller, que afirmaba, por primera vez en la historia del Tribunal, el derecho a portar un arma (1). Más que eso: esta decisión asume (como Stevens señaló en su desafortunado voto particular) que los autores de la Constitución querían limitar, para siempre, la capacidad de los funcionarios electos para regular el uso civil de armas de fuego mortales, armas con capacidad para mutilar y matar que serían totalmente inidentificables para los autores de la Constitución.

La última prueba de su poder devastador proviene de El Paso, Texas, donde un hombre armado mató a 20 personas [22 después de morir dos heridos] en un Walmart en lo que parece ser un ataque rabia de inspiración racista, y Dayton, Ohio, donde un hombre armado que llevaba un chaleco antibalas mató a nueve y hirió a docenas con un rifle de asalto.

El paisaje post-Heller está lleno de cuerpos acribillados a balazos. Desde la masacre de Sandy Hook en 2012, ha habido más de 2.000 tiroteos masivos en Estados Unidos, mientras que la violencia armada ha aumentado. Es totalmente absurdo argumentar que los jueces, con toda su sabiduría, querían privar al gobierno de una forma de detener esta devastación generalizada. Este fenómeno obsceno, que afecta a víctimas de todas las edades, colores y lugares, es quizás mejor entendido como autodestrucción. La sociedad sangra una y otra vez, mientras que nuestra fe en el carácter de la democracia se debilita, si no se rechaza por completo. Es absurdo volver al siglo XVII del derecho consuetudinario inglés -como hizo el juez Antonin Scalia [juez de 1986 a 2016 que argumentó que la Constitución debía interpretarse de acuerdo con el momento de su aprobación] en su triunfante opinión mayoritaria- para justificar el desmantelamiento de la república que está ocurriendo ahora mismo, ante nuestros ojos. También es absurdo, si nos referimos a Heller, pensar que este tipo de jurisprudencia conservadora ha sido tomada en serio en lugar de ser vista como la culminación de décadas de esfuerzos por parte de la NRA (Asociación Nacional del Rifle) y otras instituciones derechistas para transformar el poder judicial en un baluarte antidemocrático al servicio de los intereses de los ricos y poderosos.

La presidencia de Donald Trump, como siempre, ha aclarado las verdaderas motivaciones de la «América conservadora», que ya no pretende preocuparse por las sutilezas de las opiniones de los autores de la Declaración Inglesa de los Derechos Humanos. La razón por la que hay millones de armas en este país, la razón por la que miles de personas son sacrificadas cada año en el altar de las armas, es que una minoría insatisfecha de blancos en estas áreas rurales [pobres], con poca educación, ha hecho de esta arma el tótem tribal más poderoso del país. Estaban encantados de ver al Presidente expresar todos sus horribles sentimientos.

La superposición entre la política racista y la cultura de las armas de fuego se ilustra en color técnico con el tiroteo masivo en El Paso, que parece haber sido inspirado por el miedo y el disgusto del presunto tirador por una «invasión hispana de Texas», de acuerdo con un manifiesto en línea que se cree que es suyo [está confirmado] y que toma claras pistas en la retórica de Trump. La razón emergente es que los nuevos supremacistas blancos galvanizados están chocando con nuestra cultura nihilista de armas de fuego para producir una ola de masacres racistas, desde Charleston (disparando a la Iglesia Metodista Episcopal Africana en junio de 2015), hasta Poway (abril de 2019, disparando en una sinagoga en San Diego) y El Paso. Como escribió David Atkins en el Washington Monthly: «Tenemos un problema con las armas. Tenemos un problema de supremacía blanca. Están cada vez más entrelazados». De hecho, son, y siempre han sido, la misma cosa.

Los tiroteos masivos fueron llevados a cabo, por supuesto, por todo tipo de personas: misóginos violentos, yihadistas, enfermos mentales. Pero no son estos últimos los que se mantienen al margen, con los brazos cruzados, para impedir que el Congreso y las autoridades estatales adopten la reforma de control de armas; los que desarrollan una formidable y abundantemente financiada campaña política en la forma de la NRA, los que castigan a los parlamentarios que se atreven a salirse de la línea; los que tienen un control mortal sobre el alma condenada del Partido Republicano.

No, la cultura de las armas prospera gracias a los conservadores blancos que han invertido la mayor parte de su identidad política y cultural en el derecho a portar armas mortales. Son los conservadores blancos a los que el gobernador de Texas (desde 2015) Greg Abbott (republicano) intentaba hacer cosquillas cuando se divirtió twitteando hace unos años que estaba «avergonzado» de que su estado estuviera detrás de California en la compra de nuevas armas. Es a los conservadores blancos a quienes el senador de Texas John Cornyn tranquiliza cuando dice que «simplemente no tenemos todas las respuestas» cuando se trata de resolver problemas totalmente prevenibles como el asesinato en masa. Fueron los conservadores blancos quienes tomaron el poder sobre uno de los dos principales partidos del país y lo sometieron a sus caprichos retrógrados.

Para ellos, las armas de fuego no son una cuestión de caza o autodefensa, ni una cuestión de espíritu fronterizo u otras hojas de vid que se empuñan cada vez que su verdadera agenda comienza a manifestarse. Se trata de afirmar la superioridad de la identidad de un grupo, protegiéndolo tanto de amenazas reales (cambios demográficos inexorables) como imaginarias (invasiones de violadores y asesinos hispanos).

Sabemos esto porque la NRA transmite estos temores a sus propios asociados todo el tiempo. En 2017, unos seis meses después del comienzo de la presidencia de Trump, la NRA publicó un notorio anuncio en el que Dana Loesch [periodista, presentadora de televisión reaccionaria], la portavoz de la NRA en ese momento, enumeraba todos los crímenes que «ellos» -anonimizados- habían cometido contra «nuestro» modo de vida: comparar a Trump con Hitler, hacer que «su» historia fuera escuchada por las élites hollywoodienses, reclutar a «su» antiguo presidente (Obama) para dirigir la resistencia al hashtag resistencia. «La única manera de frenar esto, la única manera de salvar a nuestro país y nuestra libertad», dice, «es combatir esta violencia de mentiras con el puño cerrado de la verdad». El «nosotros frente a los demás» (la alterización), la paranoia, la llamada no demasiado sutil a las armas, son todas marcas de la propaganda de la supremacía blanca.

La NRA ha trapicheado en los  círculos racistas mucho antes de la era Trump, alcanzando una especie de pico ilusorio bajo la presidencia de Barack Obama («su» ex-presidente). En un anuncio de 2015, el dirigente de la NRA Wayne LaPierre condenó a Obama por no tomar medidas enérgicas contra el crimen en su ciudad natal de Chicago, donde los «gángsters» y los «matones» estaban causando la «carnicería del Tercer Mundo» a través de sus actos violentos. Esto implica que el presidente negro estaba contento de eliminar las armas de los paletos blancos cada vez que se producían asesinatos en masa, pero guardaba silencio sobre el verdadero problema de las armas utilizadas por los criminales negros. «Espera un crimen que coincida con sus intenciones», dice LaPierre, «y culpa a la NRA». LaPierre añade: «Los estadounidenses buenos y honestos que viven en zonas rurales, en Nebraska u Oklahoma, o que tienen dos trabajos en el centro de Chicago o Baltimore… lo ven todo».

Por supuesto, los tiroteos masivos son responsables de sólo una pequeña fracción de las 33.000 muertes (por año) causadas por armas de fuego en este país. Un tercio de todas las muertes por armas de fuego pueden atribuirse a homicidios; la mitad de estas víctimas son hombres jóvenes y dos tercios de esta cohorte son afroamericanos. Pero, una vez más, no son los activistas afroamericanos los que protestan contra el control de armas con el pretexto de razones legales para armarse hasta los dientes y usar pancartas de «noli me tangere» («ni me toques»). Son los conservadores blancos los que lo hacen, con el objetivo de consolidar su dominio mediante la disminución.

Los pistoleros de El Paso y Poway parecen representar una nueva y horrible tendencia, sus abominables actos forman un vínculo inequívoco con las canciones de Charlottesville (2) – «no nos harán cambiar» – y un Presidente que incita regularmente al odio racial y a la violencia. Pero estos tiroteos no habrían sido posibles sin un fenómeno más antiguo, incluso antes de la fundación de este país. El gran regalo que Donald Trump nos dio fue deshacernos de las pretensiones que durante mucho tiempo han rodeado el debate sobre el control de armas en particular, y la confrontación cultural [una especie de Kulturkampf estadounidense] en general. El originalismo constitucional [en el sentido anteriormente explicado por Antonin Scalia], llama a la larga y gloriosa tradición revolucionaria de la cultura de las armas, al «individualismo robusto» [todo el mundo puede tener éxito sin la ayuda del Estado] del ethos conservador al que incluso Obama y otros liberales han rendido homenaje, todo esto forma parte de una superestructura dispuesta sobre la base de que el poder de uno se perpetúa a expensas del otro. Tratar de resolver nuestro problema con las armas, así como muchos otros problemas, desde la atención de la salud hasta la desigualdad, es por lo tanto tratar de oponerse a este problema más amplio y antiguo de la supremacía blanca, que, si la presidencia de Trump nos enseña algo, sigue siendo el hecho esencial de la vida estadounidense.

(1) El demandante, Dick Anthony Heller, de 66 años, un guardia de seguridad armado, reclamó el derecho a mantener su arma en casa para ser usada en defensa propia. Desde 1976, la ley del Distrito de Columbia, sede de la capital federal, prohíbe la posesión de armas de fuego impidiendo su registro: los fusiles de caza deben ser desmontados en casa y durante el transporte, y las armas de fuego compradas antes de 1976 deben ser desactivadas con un candado de seguridad.

(2) En Charlottesville, Virginia, un fascista blanco mató a una mujer al arremeter con su coche contra una multitud de manifestantes que se oponían a los neonazis y racistas blancos el 12 de agosto de 2017. Trump dijo que había «gente muy buena» en ambos lados y que la culpa era compartida.

https://newrepublic.com/article/154652/gun-culture-always-white-supremacy

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