Isabel Serrano Frías, actualmente presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara y magistrada ponente de la Sentencia por la que ha confirmado el ingreso en prisión de los seis repobladores del antiguo municipio de Fraguas, así como la demolición y el pago del derribo, a instancias de la fiscalía y la acusación de la Junta de Castilla-La Mancha, fue precisamente quien firmó el auto por el que se dejaba sin efecto el procesamiento de varios cargos de la Junta imputados por el Juzgado de Instrucción de Sigüenza, por las negligencias, tanto en las operaciones de extinción del incendio que en 2005 costó la vida de 11 retenes forestales, arrasó con más de 12.000 hectareas de bosque del Parque Natural del Alto Tajo, así como la muerte de dos trabajadores más en la saca de madera quemada. También se les imputaba su responsabilidad en la falta de mantenimiento de estas zonas recreativas.
En aquella ocasión, la Audiencia de Guadalajara asumió las tesis de la fiscalía, y de los representantes de la Junta, quienes sostenían que el procesamiento de los técnicos y los políticos por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave carecía de fundamentos jurídicos debido a que «su conducta no fue la típica de quien comete este tipo de delitos».
Los magistrados José Aurelio Navarro (también firmante de la Sentencia de Fraguas) e Isabel Serrano exculparon en un auto de 21 de julio de 2010 de cualquier responsabilidad tanto a la ex Consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo como al que fuera director general del Medio Natural de la Junta, José Ignacio Nicolás, que dimitió en mayo de 2009 de su nuevo cargo al frente de la Política Forestal de la Junta tras conocer su imputación por la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo.
También revocaron el procesamiento por «no revestir carácter de delito»
los hechos que se imputaban al ex-delegado provincial de Medio Ambiente
de la Junta, Sergio David González, así como al que fuera responsable
del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz.
los hechos que se imputaban al ex-delegado provincial de Medio Ambiente
de la Junta, Sergio David González, así como al que fuera responsable
del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz.
De esta manera se pudo encauzar un procedimiento que terminó con la condena de las personas que encendieron aquella barbacoa, eximiendo al entonces gobierno de Jose María Barreda de cualquier clase de responsabilidad. Cuando veamos a los cargos de la Junta justificar la acción contra los repobladores, hecha supuestamente «en defensa del medio natural», acordémonos de esta noticia.
