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Día: 18 de febrero de 2019 (página 1 de 1)

Herrera de la Mancha lleva tres meses reteniendo los informes de salud del preso político comunista Manuel Arango

El juez titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Jose Luís Castro, ha dictado una providencia notificada hoy a la defensa del preso del PCE(r) Manuel Arango, por la cual se afea a la dirección de la prisión de Herrera de la Mancha la falta de remisión de varios informes sanitarios imprescindibles para ventilar la solicitud de tercer grado por motivos de enfermedad grave.
Según Castro, que contesta así a una solicitud de la defensa por la que se exigía impulso a las actuaciones por las dilaciones que estaba sufriendo, «ha sido incesante la comunicación entre el Centro Penitenciario y este Juzgado«. 
El 12 de diciembre fue requerida a la prisión diversa documentación «recibiendo informes del Centro Penitenciario el 9 de enero de 2019, los cuales, al resultar incompletos para la pronunciación en relación al recurso, se reitera requerimiento al día siguiente, 10 de enero de 2019, recibiendo despacho del CP el 15 de enero, haciendo una nueva reiteración el día 24 de enero y posteriormente otra con fecha 6 de febrero de 2019.«
Las pruebas médicas realizadas, que no han sido trasladadas a la defensa, se han podido conocer por las comunicaciones de Arango, han evidenciado que padece de hepatología crónica, úlcera duodenal, escoliosis y artrosis, entre otras dolencias.
Manuel Arango, además de preso político, es viudo de Isabel Aparicio, otra presa política comunista que falleció en 2014 víctima de la desatención sanitaria y que Arango lleva denunciando desde entonces. Parece evidente que el Estado quiere obtener un resultado parecido.

El levantamiento popular en Haití es consecuencia de la agresión imperialista contra Venzuela

Por séptimo día consecutivo, reina el caos en Haití, mientras que las masas continúan levantándose por todo el país para derrocar al presidente Jovenel Moise por su corrupción, arrogancia, falsas promesas y mentiras descaradas.Pero la crisis no se resolverá sólo con la marcha de Moises, que parece inminente. La revolución actual muestra todos los signos de un movimiento tan profundo e irresistible como el de hace 33 años, contra el dictador playboy Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, cuyo vuelo el 7 de febrero de 1986 a un exilio dorado en Francia a bordo de un avión de carga C-130 de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, después de dos meses de rebelión, marcó el comienzo de cinco años de disturbios populares.

A pesar de la represión salvaje, las masacres, las elecciones amañadas y los tres golpes de Estado, el levantamiento condujo a la notable revolución política del 16 de diciembre de 1990, cuando el teólogo de la liberación y antiimperialista Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente masivamente y luego declaró la “segunda independencia” de Haití en su juramento del 7 de febrero de 1991.

En un momento en que los sandinistas nicaragüenses y la Unión Soviética acababan de ser derrotados, el pueblo haitiano derrotó las maniobras electorales de Washington por primera vez en América Latina desde la victoria de Salvador Allende en Chile dos décadas antes. El ejemplo de Haití inspiró a un joven oficial del ejército venezolano, Hugo Chávez, a adoptar la misma táctica, inaugurando una “marea roja” de revoluciones políticas a través de elecciones en toda Sudamérica.

De la misma manera que Washington había fomentado un golpe de Estado contra Aristide el 30 de septiembre de 1991, se organizó otro golpe de Estado similar contra Chávez el 11 de abril de 2002, pero este último fue frustrado dos días después por el pueblo venezolano y las tropas del ejército.

A pesar de esta victoria, Chávez comprendió que la revolución política de 1998 en Venezuela que lo llevó al poder no podía sobrevivir por sí sola, que Washington usaría sus vastos mecanismos de subversión y poder económico para agotar su plan. Comprendió que su revolución tenía que tender puentes y dar ejemplo a sus vecinos latinoamericanos, que también estaban bajo el yugo del Tío Sam.

Así, al utilizar la inmensa riqueza petrolera de Venezuela, Chávez inició un experimento de solidaridad sin precedentes al traer capital a otros países. Se trata de la Alianza Petrocaribe, que fue lanzada en 2005 y que finalmente se expandió a 17 países del Caribe y América Central. Esta alianza proporcionó productos petroleros a bajo costo y fabulosas condiciones de crédito a sus países miembros, lanzándoles una cuerda de salvamento económico, ya que el petróleo se vendía a 100 dólares el barril.

Entre 1990 y 2006 Washington castigó al pueblo haitiano con dos golpes de Estado (1991, 2004) y dos ocupaciones militares extranjeras -gestionadas por la ONU- por haber elegido a Aristide dos veces (en 1990 y 2000). En 2006 el pueblo haitiano había logrado alcanzar una especie de empate, al elegir como presidente a René Préval (un aliado de Aristide en sus inicios).

En su primer día en el cargo, el 14 de mayo de 2006, Préval firmó el acuerdo de Petrocaribe, lo que molestó mucho a Washington. Después de dos años de lucha, Préval finalmente logró acceder al petróleo y al crédito venezolano, pero Washington hizo lo necesario para castigarlo también. Después del terremoto del 12 de enero de 2010, el Pentágono, el Departamento de Estado y Bill Clinton, junto con algunos subalternos de la élite haitiana, prácticamente tomaron el control del gobierno haitiano, y durante el proceso electoral que tuvo lugar entre noviembre de 2010 y marzo de 2011, destituyeron al candidato presidencial de Préval, Jude Célestin, y presentaron al suyo, Michel Martelly.

Entre 2011 y 2016, el grupo Martelly siguió desviando, despilfarrando y perdiendo la mayor parte del capital, conocida como el “Fondo del Petróleo”, que había mantenido a Haití a flote desde su creación en 2008.

Martelly también utilizó el dinero para ayudar a su protegido, Jovenel Moise, a hacerse con el poder el 7 de febrero de 2017. Desafortunadamente para Moise (que llegó al poder justo después de Trump), pronto se convertiría en uno de los daños colaterales de la escalada de la guerra de Washington contra Venezuela.

Trump intensificó inmediatamente las hostilidades contra la República Bolivariana, imponiendo severas sanciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Haití ya estaba atrasado en sus pagos a Venezuela, pero las sanciones de Estados Unidos hicieron imposible (o les dieron una excusa de oro para no hacerlo) cumplir con sus facturas de petróleo en Patrocaribe, y el acuerdo de Petrocaribe con Haití realmente terminó en octubre de 2017.

La vida en Haití, que ya era extremadamente difícil, se volvió insostenible. Ahora que se cerró el grifo del crudo venezolano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) -agente del trabajo sucio de Washington- le dijo a Jovenel que tenía que subir el precio del gas, lo que intentó hacer el 6 de julio de 2018. El resultado fue una explosión popular que duró 3 días y anunció la revuelta de hoy.

Más o menos al mismo tiempo, un movimiento de masas comenzó a plantear la pregunta de qué había pasado con los 4.000 millones de dólares en ingresos petroleros venezolanos que Haití había recibido en la década anterior. Una multitud cada vez mayor de manifestantes preguntó: “¿Dónde está el dinero de PetroCaribe?” El Fondo PetroCaribe debía financiar hospitales, escuelas, carreteras y otros proyectos sociales, pero la población no ha visto casi nada. Dos investigaciones del Senado en 2017 confirmaron que la mayoría de los fondos habían sido despilfarrados.

La gota que colmó el vaso fue la traición de Jovenel Moise contra los venezolanos cuando su solidaridad había sido ejemplar. El 10 de enero de 2019, durante una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Haití votó a favor de una moción apoyada por Washington para declarar a Nicolás Maduro “ilegítimo”, a pesar de haber obtenido más de dos tercios de los votos en las elecciones de mayo de 2018.

Los haitianos ya estaban furiosos por la corrupción generalizada, hambrientos a causa del aumento de la inflación y el desempleo, y frustrados por años de falsas promesas, violencia y humillación militar extranjera. Pero esta traición espectacularmente cínica de Jovenel y sus amigos, que intentaban obtener la ayuda de Washington para salvarlos de una situación que los ponía cada vez más en peligro, fue la gota que colmó el vaso.

Sorprendido y aturdido por la falta de perspectivas (y sus propias disputas internas), Washington está ahora horrorizado por el previsible colapso del pútrido edificio político y económico que ha construido en Haití en los últimos 28 años, desde el primer Golpe de Estado contra Aristide en 1991 hasta el último “golpe electoral” que llevó a Jovenel al poder en 2017.

La embajada de Estados Unidos está tratando febrilmente de desarrollar una solución de último recurso, con la ayuda de la ONU, la OEA, Brasil, Colombia y la élite haitiana. Pero los resultados no serán más sostenibles que a finales de los años ochenta.

Es irónico que quizás sea la solidaridad de Venezuela la que ha pospuesto el huracán político que ahora sacude a Haití durante diez años. También es justo que la agresión norteamericana contra la revolución bolivariana en Venezuela haya creado una avalancha de consecuencias imprevistas y una reacción violenta, alimentada por la profunda gratitud del pueblo haitiano por la ayuda prestada por Venezuela; cabe recordar que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han repetido a menudo que Petrocaribe se creó “para pagar la deuda histórica de Venezuela con el pueblo haitiano”.

Kim Ives https://haitiliberte.com/haitis-unfolding-revolution-is-directly-linked-to-venezuelas/

Tres días de disturbios en 21 ciudades de Brasil contra el gobierno fascista de Bolsonaro

Jair Bolsonaro tuvo su primer desafío como Presidente a comienzos de enero y nada menos que en una de las cuestiones que enarboló como bandera electoral: la seguridad en las ciudades. Ceará, con nueve millones de habitantes, puso tempranamente a prueba su pericia para manejar una crisis durante tres días de ataques en distintas zonas de este estado del norte de Brasil.

Los episodios de violencia se desencadenaron  después de que el gobernador anunciara una reforma de la administración de las prisiones de ese estado.

Los medios informaron de ataques a edificios públicos y privados, comisarías, agencias bancarias y autobuses. Unos 300 miembros de la Fuerza Nacional aterrizaron en Ceará por orden del ministro de Justicia, Sergio Moro, para aplastar el levantamiento en un lapso de 30 días.

Los incidentes se concentraron primero en Fortaleza y la periferia pero luego se extendieron hacia el interior. Al menos 21 ciudades fueron escenario de hechos violentos. Según la Secretaría de Seguridad Pública y Defensa Social, los disturbios ocasionaron un muerto y tres heridos. Cincuenta personas fueron detenidas.

La crisis de Ceará representó un doble dilema para Bolsonaro. De un lado, puso a prueba su programa de gobierno. El presidente pidió más atribuciones y protección judicial para la policía. Por otra parte, el estado está gobernado por Camilo Sobreira de Santana, que pertenece al Partido de los Trabajadores, la fuerza demonizada por los fascistras en el Gobierno. En estas circunstancias, el capitán retirado aseguró que “jamás haremos oposición al pueblo de cualquier estado. El pueblo de Ceará nos necesita en este momento”.

La peor masacre desde la Comuna de París de 1871 (en tiempos ‘de paz’)

Francia se reunió para la decimocuarta semana de protestas de los “chalecos amarillos” y el número de heridos de los peores disturbios civiles en décadas se asemeja al de una pequeña guerra. Sin embargo, a pesar de las peticiones de las víctimas, Emmanuel Macron sigue apretando los tornillos.

“Esto no es normal. Estamos en Francia, una de las democracias más antiguas y mejores del mundo”, dice Fiorina Jacob Lignier, quien perdió la vista en una manifestación en París el 8 de diciembre. “Por lo general, condenamos a los otros países donde ocurre esto. Que esto pase aquí es increíble“.

Lignier, una estudiante de filosofía de 20 años, viajó desde la ciudad norteña de Amiens para marchar hacia los Campos Elíseos para protestar contra los impuestos al combustible con su novio, Jacob Maxime.

Estaban marchando con una columna de manifestantes pacíficos, cuando un grupo de enmascarados comenzó a destrozar una tienda a más de 50 metros de distancia.

La policía “comenzó a disparar ‘flashballs’ y lanzó granadas en todas direcciones” y durante dos horas la pareja permaneció “encerrada entre una línea de gendarmes y una pared, sin posibilidad de huir”.

Lignier dice que lo último que recuerda fueron los gritos de los policías que despejaban el camino para los bomberos. Luego, una granada de gas la golpeó en la cabeza y cayó el suelo.

Cuando se despertó, tenía la nariz rota, la cara hinchada por las fracturas y no podía ver a través del ojo izquierdo. Durante los siguientes 16 días, Lignier se sometió a dos cirugías y aún está esperando otras dos.

“Todavía me duele el ojo. Durante la próxima cirugía, lo removerán. “Es difícil levantarse para sentir todo esto, no puedo ir a conferencias, no puedo leer y mover el globo ocular es insoportable”, dijo Fiorina.

“No reconozco a mi país. Estos no son los valores que me enseñaron en la escuela”.

Para la mayoría de las manifestaciones en cualquier lugar de occidente, la historia de Lignier la habría convertido en una chica del cartel de los excesos de la ley. Entre los “chalecos amarillos” su caso es solo uno de muchos.

La magnitud de la violencia concentrada en tiempos de paz desde noviembre es difícil de comprender.

Tras las manifestaciones de la semana pasada, el Ministerio de Interior informó que 1.300 policías y más de 2.000 manifestantes habían sufrido lesiones. Teniendo en cuenta la diferencia en el equipo y la organización entre la policía antidisturbios y la mayoría de la gente desarmada, la mayoría de los medios de comunicación franceses ha especulado que el número real de civiles heridos es varias veces mayor, especialmente porque muchos no han registrado oficialmente sus lesiones.

“Desarmons-les” (“Desarmarlos”), un grupo que protesta contra la violencia estatal, ha acumulado un registro de los casos más graves.

El último, con fecha del mes pasado, enumera 140 nombres. Entre ellos, Zineb Redouane, un transeúnte de Marsella de 80 años que murió de un ataque al corazón cuando los médicos trataron de ayudarla después de que la policía disparó una granada de gas lacrimógeno en su cara a través de la ventana de su apartamento.

También se encuentra Sebastien Maillet, cuya mano fue arrancada cuando otra granada cayó cerca de él durante una protesta frente a la Asamblea Nacional el fin de semana pasado.

En resumen, 20 han perdido los ojos, cinco manos han sido arrancadas parcial o totalmente, una persona perdió la audición como resultado de una granada de aturdimiento GLI F4 rellena de TNT.

“He visto repetidamente lesiones consistentes con las que sufrieron en accidentes de tráfico graves, o después de caídas desde una gran altura”, dijo el neurocirujano Laurent Thines esta semana.

Son verdaderas heridas de guerra. Y están sucediendo en Francia, en las calles.

Mientras que las protestas de estudiantes y trabajadores de mayo de 1968 que mejoraron la historia de Francia, cobraron cuatro vidas directamente, Thines cree que el alcance general, la duración y la intensidad de la violencia fueron mucho más contenidas que el caos actual. Si es así, es probable que Francia sea testigo del peor derramamiento de sangre no bélico desde la masacre de la Comuna de París en 1871.

A Maxime le viene a la cabeza una comparación diferente: el conflicto más doloroso y humillante para la república moderna posterior a la Segunda Guerra Mundial. “No hemos visto tales lesiones en Francia desde la guerra en Argelia”, dice. “Las instrucciones dadas a la policía por el ministro del interior y el presidente Macron representan una represión sistemática y violenta”.

Ninguno de los heridos en los últimos tres meses niega que exista un elemento beligerante entre los manifestantes. Pero tampoco nadie cree que la policía esté intentando minimizar la violencia.

Si bien la discusión más amplia se ha centrado en si el gobierno ha prolongado el enfrentamiento con sus concesiones miserables, o incluso lo ha estimulado como un punto de principio, ha habido críticas muy específicas a las tácticas policiales.

Funcionarios de derechos humanos, militantes y sindicatos han instado a la policía francesa a revisar el uso de las llamadas “armas subletales”, particularmente las LBD, los cañones de mano de aspecto extraño que se han convertido en un símbolo de los enfrentamientos. Prohibidos en todos menos en tres estados de la Unión Europea, estos dispositivos patentados por los franceses disparan bolas de espuma comprimida relativamente lentas y grandes, o “flash”, y han sido responsables de la mayoría de las lesiones, junto con los proyectiles de gas lacrimógeno.

En teoría, existen limitaciones estrictas en su uso, pero están abiertas a interpretación (como lo que constituye defensa propia) y los vídeos muestran a policías armados disparando las armas a voluntad, apuntándolos a los manifestantes e incluso a los periodistas cuando no están bajo ninguna amenaza inmediata. Su supuesta no letalidad significa que, en realidad, se usan más libremente que las armas reales, y junto con los cócteles Molotov y las rocas lanzadas por los manifestantes, alientan el teatro callejero mortal de las protestas francesas.

La policía no se ha movido, y ha ganado un caso judicial que les permite persistir con su actual despliegue.

“Nunca he visto a un policía o gendarme atacar a un manifestante”, dijo el ministro de Interior Christophe Castaner, quien recientemente realizó un pedido de 1.280 cañones LBD más a principios de este mes.

De hecho, ningún policía ha sido reprendido por una sola de las lesiones sufridas en las calles, y solo se están investigando 100 casos de “chalecos amarillos”, que incluyen incidentes no violentos y relativamente triviales.

A principios de este mes, a pesar de una división dentro del propio partido de Emmanuel Macron, la Asamblea Nacional aprobó una ley que imponía arrestos de seis meses y multas cuantiosas a “presuntos vándalos” que participaban en las manifestaciones, un eco de una legislación similar aprobada después de mayo de 1968.

Los grupos de derechos humanos dicen que la ley es una negación de la libertad democrática básica de reunión.

“Mi mensaje es claro: cualquier destrucción y agresión será castigada”, insiste Castaner. Ante la obcecación del gobierno, algunas de las víctimas ahora esperan lograr justicia a través de los tribunales.

“Presentamos una queja, sin embargo, debemos esperar 10 años de procedimiento, mucho tiempo. Solo queremos que se censure al Estado francés y que se reconozca la brutalidad policial”, dice Maxime, socio de Lignier.

El abogado Philippe de Veulle, que representa a varios destacados “chalecos amarillos”, espera una decisión positiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice que su palabra tendrá “ramificaciones no legales, sino políticas”, avergonzando al gobierno eurófilo de Macron para detener su acciones “sin precedentes”.

Para su cliente, Jerome Rodrigues, quien perdió un ojo después de convertirse en uno de los dirigentes del movimiento, la justicia es más simple: “Perdí mi ojo Macron, y usted pagará por ello”, publicó recientemente en Facebook.

Sin embargo, sufra o no en las urnas el gobierno actual en las próximas elecciones europeas o en las futuras elecciones presidenciales y parlamentarias, una cosa se está volviendo más clara. Con cada semana que pasa, cada multitud enojada y cada nueva lesión, Emmanuel Macron no puede desestimar a los “chalecos amarillos” como un movimiento transitorio y marginal, y mucho menos después de que salga del Palacio del Elíseo. El testimonio histórico de su gobierno permanecerá en las manos mutiladas, los huesos rotos y las caras desfiguradas.

https://www.rt.com/news/451632-france-yellow-vests-eye-hand-injuries/

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