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Día: 13 de febrero de 2019 (página 1 de 1)

Huelga general en Sudáfrica contra el paro y la privatización de empresas públicas

La mayor federación sindical de Sudáfrica, Cosatu (afín al partido gobernante), ha convocado hoy una huelga general en protesta por el elevado desempleo, un 27,1 por ciento según cifras oficiales, y contra los planes del presidente, Cyril Ramaphosa, de dividir la empresa eléctrica pública Eskom en tres entidades para solventar su grave crisis.

En ciudades como Johannesburgo, Durban (este) o Port Elizabeth (sureste), miles de afiliados de Cosatu (Congreso de Sindicatos Sudafricanos) están protagonizando marchas, cortes de tráfico y concentraciones desde primera hora de la mañana.

Por el momento, no hay cifras totales de seguimiento, pero la convocatoria ha afectado a sectores como el minero, el energético o el sector público (tradicionalmente más sindicalizados), sin llegar a paralizar el país.

En Johannesburgo, centenares de afiliados se manifestaron en el centro de la ciudad vestidos con los colores del sindicato y con pancartas en las que se podían leer consignas como “A una empresa no se le debería permitir recortar puesto de trabajo solo para obtener beneficios”.

Cosatu, que cuenta con un millón y medio de afiliados, es uno de los aliados tradicionales del Congreso Nacional Africano (CNA), gobernante en Sudáfrica desde la victoria de Nelson Mandela en los primeros comicios democráticos del país, en 1994.

Sus dirigentes aclaran que esta convocatoria no significa una retirada de apoyo de cara a las elecciones generales del próximo mayo, pero advirtieron también de que esa postura podría revisarse.

La central sindical considera que el gobierno necesita una llamada de atención ante los recortes de empleo en numerosos sectores, como el de la minería, pero también frente a las posibles privatizaciones de empresas públicas.

Cosatu cree que las medidas puestas en marcha por el gobierno de Ramaphosa contra el paro -estancado desde hace años por encima del 25 por ciento y convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país- no están siendo efectivas.

Los últimos datos, publicados ayer por el instituto oficial de estadísticas del país, revelan que Sudáfrica cerró 2018 con una tasa de desempleo del 27,1 por ciento.

Si bien la huelga estaba convocada de antes, el descontento sindical se acrecentó cuando la semana pasada Ramaphosa anunció un plan para solventar la grave crisis que atraviesa la eléctrica pública Eskom, consistente en dividirla en tres entidades.

Eskom, que tiene casi un siglo de trayectoria y es una de las empresas eléctricas más grandes del mundo, se encarga de la producción y distribución eléctrica para casi toda la población de Sudáfrica.

Escándalos de corrupción, masivos cortes de luz programados por a la incapacidad de dar abasto a la demanda y una deuda de 30.000 millones de dólares han convertido a esta empresa en uno de los mayores lastres para la debilitada economía sudafricana, lo que llevó al presidente a proponer el plan de división.

Los sindicatos, sin embargo, recibieron la noticia como un primer paso hacia su privatización.

“Estamos aquí para apoyar a los trabajadores contra la privatización de las empresas públicas”, dijo hoy Solly Mapaila, dirigente del Partido Comunista Sudafricano (SACP, también aliado histórico del CNA), en declaraciones a la televisión pública SABC desde la cabecera de la marcha en Johannesburgo.

Ramaphosa, por su parte, ha avanzado que la lucha contra el desempleo será central en su campaña para las elecciones de mayo y ha prometido que Sudáfrica creará 275.000 empleos al año.

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20190213/huelga-general-sudafrica-elevado-3993755_age.html

Conspiración contra Venezuela: la gestación de un Golpe de Estado entre bastidores

Según los participantes en las negociaciones, la coalición de gobiernos latinoamericanos que se sumó rápidamente a Estados Unidos para reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se reunió después de semanas de diplomacia secreta, incluyendo mensajes filtrados a los militantes y un viaje de alto riesgo al extranjero por parte del dirigente de la oposición que disputa el poder a Nicolás Maduro.

Según su aliado, el ex alcalde de Caracas en el exilio Antonio Ledezma, a mediados de diciembre, Guaidó viajó en secreto a Washington, Colombia y luego a Brasil para informar a los funcionarios de la estrategia de manifestaciones masivas de la oposición, coincidiendo con la ceremonia de investidura de Maduro para su segundo mandato el 10 de enero, a pesar de la amplia condena internacional.

Para salir de Venezuela, tuvo que cruzar en secreto la arriesgada frontera con Colombia para evitar a los funcionarios de inmigración que, a veces acosan a los representantes de la oposición en el aeropuerto y les impiden viajar al extranjero, dijo otro dirigente antigubernamental, que habló de forma anónima.

Crear consenso dentro de la fragmentada coalición antigubernamental fue una dura batalla. Durante años, la oposición ha estado dividida por el ego, la estrategia y la represión del gobierno, lo que ha llevado a varios dirigentes importantes al exilio y hace que los encuentros directos sean imposibles. Otras personalidades en Venezuela estaban bajo la estrecha vigilancia de los servicios de inteligencia, y todos tenían miedo de alertar al gobierno.

Las largas sesiones de escritura de mensajes SMS cifrados se convertieron en norma, dijo el dirigente de la oposición. Un funcionario estadounidense dijo que se han utilizado intermediarios para enviar mensajes al mentor político y opositor de Guaido, Leopoldo López, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, tras un fallido intento de levantamiento masivo contra Maduro en 2014. El funcionario estadounidense habló anónimamente por razones de seguridad.

A pesar de que Guaidó aseguró que se declararía presidente interino en el mitin del 23 de enero, coincidiendo con el aniversario del Golpe de Estado de 1958 que puso fin a la dictadura militar venezolana, el suspense duró hasta horas antes de su anuncio, según un diplomático latinoamericano del Grupo de Lima que pidió el anonimato porque no se le permite hablar con los medios de comunicación. Algunas facciones moderadas han sido abandonadas o querían un planteamiento más moderado, temiendo que un movimiento audaz pudiera llevar a la oposición a un nuevo fracaso. Al final, estas diferencias se resolvieron internamente, sin discordia pública.

“Esta es la primera vez en al menos cinco años que la oposición ha demostrado su capacidad para converger de manera constructiva”, dijo un veterano funcionario canadiense hablando en forma anónima porque no se le permitió hacer declaraciones públicas.

La decisión de comprometer a Maduro directamente sólo fue posible gracias al fuerte apoyo del gobierno de Trump, que encabeza un coro predominantemente conservador de gobiernos latinoamericanos que inmediatamente reconocieron a Guaidó.

Esta no ha sido una hazaña fácil, comparable sólo recientemente a la forma en que el hemisferio en 1994 se unió a Jean Bertrand Aristide para devolverlo al poder en Haití después de su desalojo por un Golpe de Estado, dada la desconfianza de América Latina hacia Estados Unidos, como resultado de las intervenciones militares estadounidenses en la región durante la Guerra Fría. Igualmente impresionante es que el plan ha recibido el apoyo de ambos partidos y dos de los demócratas más influyentes del Senado, Dick Durbin y Bob Menéndez, quienes elogiaron el plan.

El momento decisivo fue el comentario del presidente Donald Trump en agosto de 2017, en las gradas de su club de golf de Nueva Jersey, de que una “opción militar” estaba sobre la mesa para hacer frente a la crisis venezolana.

En las semanas siguientes, el Sr. Trump condenó enérgicamente a Maduro en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, así como a sus discretos asistentes de prensa y a algunos dirigentes latinoamericanos por la invasión militar del país.

Como resultado, los países de la región se dieron cuenta de que tenían un socio en Estados Unidos que estaba listo para afrontar una crisis que había durado años, pero que los gobiernos estadounidenses anteriores habían decidido minimizar debido a sus limitadas implicaciones para la seguridad nacional, dijo Fernando Cutz, ex asesor principal del presidente Barack Obama y Trump sobre la seguridad nacional en América Latina.

Para algunos, particularmente para México, que está renegociando el TLCAN [Tratado de Libre Comercio], tomar una postura más agresiva es también una oportunidad para ejercer influencia en las relaciones bilaterales con el gobierno de Trump.

“Trump es personalmente responsable de muchos de estos problemas”, dijo Cutz, quien ahora trabaja para el Grupo Cohen, una firma consultora con sede en Washington. “En todos los intercambios que ha tenido con dirigentees latinoamericanos desde que llegó al poder, habla de Venezuela. Forzó un montón de manos”

El 4 de enero, un día antes de la toma de posesión del Sr. Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional, los ministros de Relaciones Exteriores de 13 países del Grupo de Lima, que no incluye a Estados Unidos, declararon que no reconocerían el segundo mandato de Maduro.

Esto provocó un gran revuelo en la Casa Blanca para asegurar que no se quedara atrás, dijo un ex funcionario y miembro del personal del Congreso de Estados Unidos que estaba en estrecho contacto con el Consejo de Seguridad Nacional. Ambos hablaron en forma anónima porque no se les permitió discutir la estrategia del Gobierno.

Canadá, miembro del Grupo de Lima, desempeñó un papel clave entre bastidores, y su Ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, se reunió con el Sr. Guaidó el día anterior a la ceremonia de inauguración de Maduro para ofrecer el apoyo de su gobierno si se enfrentaba al dirigente socialista, dijo el representante canadiense. Colombia, que comparte frontera con Venezuela y ha recibido a más de 2 millones de migrantes que huyen del caos económico, así como Perú y el nuevo presidente de la extrema derecha brasileña Jair Bolsonaro, también han estado activos.

https://www.apnews.com/d548c6a958ee4a1fb8479b242ddb82fd

En México los sindicatos también están al servicio de las multinacionales

En los primeros días de enero, el PRI lanzó un golpe a Andrés Manuel [López Obrador], Presidente de la República. Juan Villafuerte, Srio. Gral. del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, CTM–PRI, en Matamoros, Tamaulipas, anunció a sus 50.000 afiliados en 45 maquiladoras, que “agradecieran” a Andrés Manuel, que por primera vez en 22 años el bono que se les pagaba anualmente, este año no se pagaría.

¿El potencial efecto político de esta burda mentira? Impacta a un total de 4.5 millones de personas que dependen de la maquila (franja fronteriza), suponiendo sólo dos dependientes económicos de 1.5 millones de trabajadores; por dos dependientes = 3 millones de dependientes + 1.5 millones de trabajadores = 4.5 millones de personas.

La razón de no pagárselos, de acuerdo a la versión de la CTM–PRI, era el decreto presidencial firmado el 29 de diciembre de 2018 por Andrés Manuel, que entre otras cosas, aumenta 100 por ciento el salario mínimo en la zona fronteriza, de 88.36 a 176.72, este es un hecho inédito en la historia de México.

El sindicato, CTM–PRI, al servicio de las trasnacionales, y en franca violación a los contratos colectivos de trabajo firmados por ellos mismos como representantes sindicales, dijeron que por única vez este año 2019, no se indexaría el incremento anual al salario del 100 por ciento, como lo señala el decreto y en cumplimiento del contrato colectivo, en lugar de eso, este año, el “incremento” salarial se haría reduciendo o terminando los bonos de puntualidad, producción, etc., para trasladarlos al monto del salario. El dirigente sindical sabe perfectamente que el incremento salarial del 100 por ciento es un hecho extraordinario, y que el año que entra será un aumento normal de acuerdo al índice de inflación, 5 ó 6 por ciento anual.

En México tenemos 3 millones de trabajadores en aproximadamente 3.000 maquiladoras. La mitad de esta industria se encuentra localizada en la franja norte del país, sólo en el estado de Chihuahua, 400.000 paisanas y paisanos trabajan en esta industria.

El pasado 23 de enero, del presente año 2019, por primera vez en 55 años, en la industria maquiladora de exportación, estalló en Matamoros, Tamalipas, una huelga simultánea en 45 maquiladoras, en las que trabajan 50.000 obreras y obreros. Este hecho no tiene precedente en la historia de movimiento obrero mexicano de la industria maquiladora.

El movimiento logró un 20 por ciento de aumento salarial anual, y que no se les quitaran los 32.000 pesos del bono anual. De aquí surgió el nombre del movimiento: 20/30.

No se logró el 100 por ciento de incremento, porque el Sindicato de la CTM–PRI traicionó a los 50.000 trabajadores de las 45 empresas de Matamoros, Tamaulipas, en violación flagrante de su contrato colectivo, que establece que su salario se aumentará anualmente, en la medida que se incremente el salario mínimo.

¿Qué nos dice esta huelga?

1. El negocio sindical, al cobrar a los trabajadores de la industria maquiladora el 4 por ciento de todos los ingresos de 3 millones de trabajadores en la República, asciende, conservadoramente, cada año a 400 millones de dólares, 8.000 millones de pesos. La CTM–PRI muy probablemente tiene la mayor parte de este ingreso, no por defender los intereses de los trabajadores, sino por defender los intereses de las empresas trasnacionales.

2. ¿De dónde sale esta cifra? 176 pesos salario mínimo por día, por 365 días por 3 millones de trabajadores = 193.000 millones de pesos, el 4 por ciento en dólares al tipo de cambio de 19.00 es de 400 millones de dólares.

3. Al proyecto de la 4T le urge un decreto presidencial que ponga orden en la industria maquiladora, empezando porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Hacienda auditen a los sindicatos, con las reformas que se requieran a las leyes aplicables, para evitar que con el pretexto de la “autonomía sindical” sigan impunemente operando feudos sindicales que defienden a las trasnacionales y no a los obreros.

4. En esta huelga tuvo una participación destacada nuestra paisana la licenciada laboralista Susana Prieto Terrazas. En redes sociales cuenta que ha sido amenazada de muerte por algunos dirigentes sindicales de Tamaulipas. Sería bueno que las autoridades correspondientes tomaran nota y se le otorgara la protección necesaria.

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/analisis/que-es-el-movimiento-2030-3035224.html

P.D.: El movimiento no decae. Ayer los obreros de Tridonex, también en Matamoros, cerraron por completo los portones de acceso a la fábrica y no pudo entrar nadie.

Las huelgas contra lo que la abogada Susana Prieto Terrazas califica como “el robo del siglo” han llegado a Reynosa y Victoria y “en muchos casos los obreros van a la huelga sin el apoyo de los sindicatos”, informa la agencia Reuters.

3.200 manifestantes en el banquillo de los acusados por la lucha de los ‘chalecos amarillos’ en Francia

Un total de 1.796 manifestantes han sido condenados y otras 1.422 esperan ser juzgados por participar en las manifestaciones de los “chalecos amarillos” desde mediados de noviembre pasado, cuando comenzaron las masivas protestas contra el gobierno francés.

El primer ministro francés, Edouard Philippe, dio a conocer ayer las cifras en una intervención en la Asamblea Nacional, donde añadió que se han organizado 1.300 audiencias por el procedimiento de comparecencia inmediata y que 316 personas están en prisión preventiva en espera de juicio.


Esta larga batalla ha cambiado el lenguaje político en Francia. El diario Le Monde compara la situación actual de París con la de Versalles en 1789, cuando estalló la Revolución Francesa, al tiempo que evoca la obra de Marx “La lucha de clases en Francia”.

El gobierno ha fracasado en su intento de calmar los ánimos con migajas y a cada momento enarbola la bandera de la “ley y el orden”. La semana pasada la Asamblea aprobó la “ley mordaza” contra las manifestaciones, que aún debe ser ratificada por el Senado. “No es una ley contra los delincuentes sino contra los manifestantes”, gritaban el sábado los “chalecos amarillos”.

A mediados de noviembre los “chalecos amarillos” iniciaron en París y otras ciudades francesas una ola de protestas masivas contra la política económica del gobierno de Macron, sobre todo el alza en los precios de los combustibles y los impuestos por la llamada “transición ecológica”.

Las reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas, como la dimisión de Macron y la exigencia de responsabilidades a la policía por las muertes y mutilaciones de los manifestantes.

En Francia la brutal represión ha constituido un verdadero choque sicológico para la población, que tenía otra imagen de su propio país. La policía ha disparado a discreción contra todo lo que se mueve por la calle. En Estrasburgo una adolescente de 15 años, Lilian, fue herida en la cara de un disparo de la policía, a pesar de que no formaba parte de la manifestación.

Si, en efecto, hoy París es como 1789, o quizá unos pocos años después, 1793. Vive bajo el terrorismo de Estado, una herramienta que la burguesía francesa maneja mejor que nadie. El “flashball” ha sustituido a la guillotina. No te cortan la cabeza, sólo te arrancan la mano. No te matan, sólo te dejan tuerto. La pena de muerte sólo ocurre una vez, las mutilaciones duran el resto de tu vida.

Todas estas cosas ocurren en pleno corazón de la vieja Europa, en la “patria de los derechos humanos”.

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