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Día: 11 de enero de 2019 (página 1 de 1)

Un ataque huthí con drones causa 150 bajas entre los mercenarios saudíes

Ayer los huthíes lanzaron un dron contra la tribuna que presidía un desfile militar de los mercenarios de la coalición saudí en la base aérea de Al-Anad, causando unas 150 bajas entre muertos y heridos, entre ellos el jefe del Estado Mayor y un general emiratí.

Según una fuente militar citada por el canal de televisión Al-Masirah, la concentración fue atacada con precisión, con decenas de muertos y heridos en sus filas.

El ataque lo llevaron a cabo con un avión teledirigido Qasef 2-K, que ha entrado en acción recientemente. Explota de arriba abajo a una distancia de 20 metros y es capaz de transportar una gran cantidad de explosivos.

Las imágenes filmadas por un realizador de vídeo muestran al dron acercándose a gran velocidad por encima de la tribuna, donde los oficiales de la coalición que encabezan los saudíes habían ocupado sus asientos para contemplar el desfile militar en la base aérea de Al-Anad en la provincia de Lahj, la más grande del Yemen.

Algunos pensaron que era un dron que venía a filmar el desfile. Pero cuando llegó sobre el podio, adornado con un retrato del Presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, el dispositivo explotó, posiblemente C4, provocando una bola de fuego en el aire y lanzando numerosa metralla sobre la tribuna.

Cundió el pánico. El jefe del Estado Mayor de las fuerzas progubernamentales, el general Abdallah Al-Nakhi, su adjunto, Saleh Zendani, y el gobernador provincial, Ahmed Abdallah Turki, estaban presentes en la tribuna.

La suerte de un general emiratí que asistía al desfile sigue siendo desconocida. Fue evacuado en una ambulancia inmediatamente después del ataque.

Los medios de comunicación de las fuerzas gubernamentales, informaron de un gran número de muertos y heridos. El Jefe de Estado Mayor resultó gravemente herido durante el ataque.

El portavoz de las fuerzas rebeldes, el general Abdallah Al-Jafri, dijo que 150 soldados, entre ellos altos oficiales, resultaron muertos y heridos durante esta operación realizada con un dron teledirigido Qasef-2K contra la base estratégica de Al-Anad.

“Esta operación se llevó a cabo después de que se recogiera información de que la coalición está ampliando las filas de sus mercenarios con elementos takfiristas y salafistas para llevarlos a la batalla en el frente de la costa oeste”, dijo Al-Jafri, quien añadió que las fuerzas de la coalición no se librarán de los ataques de los drones, que no pueden derribar.

El portavoz de las fuerzas armadas, general Yehya Sarii, ha dicho que la operación es una respuesta a los ataques de la coalición contra civiles yemeníes y a la escalada de los mercenarios en los distintos frentes.

Para el general Sarii, “esta heroica operación inaugura la lucha en 2019. Este año traerá grandes victorias y ofensivas a menos que las fuerzas de la coalición de agresión pongan fin a su agresión contra nuestro país y nuestro pueblo”.

El 9 de enero los rebeldes también llevaron a cabo un
ataque con drones contra concentraciones de mercenarios en la región de
Baydaa, en el centro del país.

El año pasado los huthíes llevaron a cabo 38 ataques con drones; 28 de ellos atacaron a tropas de la coalición dentro del Yemen y otros 10 atacaron instalaciones y concentraciones militares fuera del Yemen, incluso en Arabia saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Estados Unidos ensayó contra los huthíes los primeros drones, a los que hizo atacar “en enjambre”, seguidos luego por otros de Emiratos Árabes Unidos, que utilizó drones fabricados en China. Después los huthíes comenzaron a utilizar drones artesanales de fabricación civil que modifican para lanzar explosivos, en acciones similares a los inicios de la aviación de combate al comienzo de la Primera Guerra Mundial.

 Yehya Sarii, general de las fuerzas huthíes

‘Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar’

Recién llegado al cargo el 1 de enero, Bolsonaro ha apoyado la supresión del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Cultura de Brasil, que ya no será una prioridad. Las tareas del Ministerio de Trabajo se dividirán entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. La política cultural será responsabilidad del Departamento de Ciudadanía.

También ha suprimido el aumento automático del salario mínimo brasileño, introducido por Lula en 2007. El 1 de enero Bolsonaro firmó un decreto que fija el salario mínimo para 2019 en 233 euros, que es inferior a lo que el Parlamento había previsto cuando se votó el presupuesto.

El gobierno también está preparando nuevas reformas que desregulan la legislación laboral, ya iniciadas bajo la presidencia de Temer, que sustituyó a Dilma Roussef tras su destitución en 2016, y una reforma del sistema de pensiones. También se anuncia la privatización total de Eletrobras, la empresa eléctrica nacional.

El primer ministro Onyx Lorenzoni ha indicado que quiere una “limpieza” ideológica de la administración pública para ahuyentar a todo el personal sospechoso de estar demasiado cerca de la izquierda. Según él, se trata de “despetar” Brasil, una expresión que procede de las siglas PT, el partido de Lula.

Esta depuración no se aplica a los políticos reaccionarios involucrados en casos de corrupción, a pesar de que Bolsonaro llegó al poder gracias a la ola contra la corrupción lanzada en 2014. Se acusa al propio Primer Ministro de haber recibido en dos ocasiones financiación ilegal para sus campañas electorales de la multinacional agroalimentaria JBS, una de las empresas más implicadas en los escándalos de corrupción. Pero Bolsonaro le ha confirmdo al frente de un gobierno que no ha tenido tantos militares desde el fin de la dictadura.

Bolsonaro también ha comenzado a atacar directamente a las poblaciones indígenas y los derechos de los trabajadores. Ha transferido la jurisdicción sobre las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, que antes era competencia de la Fundación Nacional Indígena (Funai). Esta institución fue la encargada de cartografiar y proteger las tierras tradicionalmente habitadas y utilizadas por las comunidades indígenas, que suman 900.000 personas.

Sometidas a una protección especial, estas tierras no podían ser ocupadas por la agroindustria o deforestadas, ni tampoco se podían excavar minas. Por lo tanto, la transferencia de competencias al Ministerio de Agricultura representa una amenaza directa para los pueblos indígenas.

La nueva Ministra de Agricultura, Tereza Cristina (una de las dos únicas mujeres en el gobierno), es una firme defensora de los intereses de los agronegocios. Era la dirigente de un grupo de grandes terratenientes (“ruralistas”) en el Parlamento brasileño, que había apoyado la candidatura de Bolsonaro.

No se espera, pues, ninguna nueva demarcación de tierras indígenas durante esta legislatura.

El derecho a la tierra de los pueblos indígenas brasileños está garantizado por la Constitución de 1988, que fue aprobada tras el fin de la dictadura militar. “Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar. Si hemos resistido hasta ahora, no vanos a retroceder ahora”, dijo Sonia Guajajara, una militante indígena brasileña que se postuló en octubre para la vicepresidencia del partido de izquierda PSOL.

Finalmente, Bolsonaro ha declarado que liberalizará el porte de armas por simple decreto, sin pasar por el Parlamento. Fue una de sus promesas de campaña. El país ya tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo y es también uno de los lugares donde hay más defensores de los derechos humanos y ecologistas asesinados: 63.880 homicidios se cometieron en Brasil en 2017, es decir, 175 diarios.

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