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Día: 6 de diciembre de 2017 (página 1 de 1)

Ansarallah puede convertirse en el nuevo Hezbollah de la Península Arábiga

El lunes el máximo sicario de los saudíes en Yemen, el antiguo presidente del país Abd Rabbo Mansur Hadi, ordenó a sus tropas la recuperación de Sanaa, la capital, que cayó en poder de los hutíes en enero de este año.

La operación, llamada “Sanaa Árabe”, pretende aprovechar las divergencias aparecidas entre los hutíes de Ansarallah y sus aliados de Al-Moetamar, el partido dirigido hasta ahora por Ali Abdallah Saleh, que fue ejecutado el mismo lunes por romper la unidad entre ambas fuerzas.

Las fuerzas que encabezan los saudíes tiene pensado crear una tenaza atacando la capital con siete batallones desde varios frentes, especialmente por el este y el noroeste, donde cuentan con el apoyo de la tribu de los Jawlane.

Mientras, las milicias hutíes se preparan para una defensa en solitario de Sanaa, con la posibilidad que sus antiguos aliados se vuelvan en contra suya. La mayor parte de los comentaristas esperan su derrota, pero algunos destacan que Ansarallah puede salir reforzada de la guerra, creando un nuevo Hizbollah en la Península Arábiga.

Analizada con una perspectiva temporal, la unidad entre ambas fuerzas, Ansarallah y Al-Moetamar, era frágil. Mientras llevó las riendas de Yemen durante 20 años, el fallecido Saleh siempre fue un enemigo declarado de Irán.

Salvando las distancias, Al-Moetamar era el Baas de la Península Arábiga y Saleh siempre apoyó a Saddam Hussein, empezando por su guerra contra Irán en los ochenta, en cuyo bando combatieron muchos yemenitas.

Saleh también apoyó a Saddam cuando en 1990 el dirigente irakí invadió Kuwait y reprimió el levantamiento huti en 2004. Todo cambió tras la Primavera Árabe de 2011, cuando Saleh e Irán comenzaron a apoyar a los hutíes y, a la vez, se convirtieron en aliados entre sí.

La propia agresión saudí en 2015 reforzó esa alianza, que parecía sólida hasta que Saleh cambió de criterio, tendiendo una mano a Riad que, finalmente, le ha costado la vida.

Las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras invadir Irak en 2003

La fiscal Fatou Bensouda
En su informe relativo a este año 2017, la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirma que hay indicios sólidos de que las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras la invasión de Irak en 2003.

La excusa para la invasión, las famosas “armas de destrucción masiva”, era mentira y las consecuencias atroces, hasta el punto de que la fiscal asume la competencia del Tribunal para juzgar a los criminales británicos.

El informe tiene 74 páginas y se publica en la 16 Sesión anual de los Estados que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundó el Tribunal. La reunión se está celebrando en Nueva York en la sede la ONU.

El informe es el paso previo a la apertura de una investigación sobre asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos contra más de mil militares y civiles irakíes detenidos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008.

El informe alcanza cotas espeluznantes cuando relata los asesinatos de 52 irakíes mientras permanecían detenidos. La descripción se basa en los informes de abogados pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, que la fiscal tiene que corroborar con los registros de las detenciones, fotografías, certificados médicos y otros medios de prueba.

La fiscal también alude a la posibilidad de que los tribunales británicos abran una investigación, lo que hasta ahora no se ha producido. El gobierno de Londres ha disuelto el órgano al que había encomendado la instrucción de un expediente sobre los crímenes de guerra de sus tropas, silenciando 675 denuncias, entre ellas 20 por asesinato que estaban destinadas a la Policía Naval, según datos del Ministerio de Defensa.

En 2006 el antiguo fiscal del Tribunal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, ya cerró una investigación preliminar por falta de pruebas suficientes.

La bala ‘lavada’ del policía que mató a Caparrós en la transición

Manuel José García Caparrós
Manuel José García Caparrós tenía 18 años, un empleo en Cervezas Victoria y un carnet de CCOO cuando una bala de 9 milímetros acabó con su vida en Málaga, durante la manifestación gigantesca que Andalucía vivió el 4 de diciembre de 1977.

El día en que lo mataron Manuel José llevaba una cazadora marrón y 9.000 pesetas en el bolsillo, quizá su último sueldo por llenar botellas en la fábrica Cervezas Victoria. Hacía poco que se había afiliado a CCOO, faltaban tres semanas para que cumpliera 19 años. Por última vez le oyeron gritar: “¡Asesinos, me han dado!”

Fueron varios días de represión y de guerrilla urbana. La respuesta a la manifestación fue el despliegue de un sinfín de policías pegando tiros: 23 contó el juez, pero hubo muchos más. Entre los disparos que realizó la policía para contener a los manifestantes, una le atravesó la axila izquierda a Manuel José García Caparrós y se le incrustó en el costado derecho, cerca de la cadera. Al poeta Laurentino Heras, que entonces era cura, le zurraron por llevar un crespón negro en su memoria. En el cuartel, la policía le arrancó la barba a piel viva.

Cuarenta años después el asesinato, cometido en medio de disparos, botes de humo y piedras volando, es un caso abierto y una herida aún sangrante para sus tres hermanas. Aunque nuevas investigaciones están arrojando luz sobre el crimen. Las averiguaciones de una secretaria judicial empeñada en esclarecer el caso y de los artífices de un documental que este lunes estrena Canal Sur son el hilo conductor de esta historia. La historia de la muerte del chico que se convirtió en mártir y mito del autonomismo andaluz; de una bala que fue lavada con acetona y nunca permitió procesar a ningún sospechoso, y del hombre, entonces cabo primero de la Policía Armada, al que varios indicios apuntaron como culpable pero que, sobreseído el caso, siguió su vida como agente a 37 kilómetros de allí.

Aquel día, después de resultar herido, Manuel José ingresó ya muerto en la residencia hospitalaria Carlos Haya. En su cuerpo tenía alojada una bala del calibre 9 milímetros corto, fabricada en Toledo. Propia de las armas que utiliza la Policía Armada. Sin embargo, cuando el cadáver llegó a la sala de autopsias, la bala ya no le acompañaba.

El documental 23 disparos -por los 23 tiros que impactaron contra algo aquel día: fachadas, farolas… y el cuerpo de Manuel José-, en el que el policía jubilado Juan Antonio O’Donnell entrevista a varios agentes y civiles que presenciaron los hechos, se revela que “en la sala de autopsia nunca estuvo el proyectil”, según el ayudante de forense que analizó el cuerpo del joven, Antonio García de Gálvez. Alguien, probablemente un médico de urgencias, se la había extraído del cuerpo y la había adherido a la sábana de su cama con un esparadrapo. Así fue como el juez ordenó levantar el cadáver.

A partir de ahí se inicia una investigación judicial de ocho años que acaba en sobreseimiento provisional por falta de pruebas y en la que el proyectil es sometido a 12 traslados de ida y vuelta entre juzgados y hasta a cinco exámenes balísticos. En uno de ellos (el cuarto) se asegura que la bala blindada que mató a García Caparrós pudo ser disparada por el arma reglamentaria de un cabo primero de la Policía Armada de iniciales M. P. R, pero nunca se fue más allá, según ha podido concluir Rosa Burgos, la secretaria judicial que ha escudriñado el sumario que ella misma localizó entre montones de papeles en los sótanos del Palacio de Justicia de Málaga.

Otro policia de gatillo fácil

Su nombre era Miguel Pastor. Nacido en Málaga, tenía 36 años en diciembre de 1977 y poco después se trasladó a la localidad de Vélez-Málaga, en la misma provincia. Dejó su ciudad, pero no su profesión. Ya reconvertido en policía nacional, fue destinado a varios puntos de España, como Lleida y Fuengirola, apunta un conocido. “Ascendió a sargento”, añade esta fuente, “y en Vélez-Málaga se jubiló como subinspector”. Un infarto cerebral lo dejó muy tocado y murió hace unos años, superados los 70.

¿Fue él quien causó la muerte a García Caparrós? No puede decirse con certeza. En opinión de Rosa Burgos, es muy posible, pero “una serie de favores envenenados” dejaron el caso en suspenso. Su tesis es que en plena Transición… hubo un “pacto de silencio”.

Los indicios que se extraen del sumario y que apuntan al cabo Pastor son varios. La secretaria judicial los recoge con detalle en su libro Las muertes de García Caparrós, publicado esta semana y editado por la revista malagueña El Observador.

El primero resulta quizá insignificante. Cuando arranca la investigación, aquel mes de diciembre, el juzgado cita a varios policías. Entre ellos, al cabo Pastor. Pero no acude a la cita. “El cabo primero de estas Fuerzas don M. P. R. se encuentra enfermo en su domicilio y bajo tratamiento por padecer cistopielitis”, alegó un teniente médico.

El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, acaba declarando, por primera y última vez. Explica que él estuvo allí, cerca de donde dispararon a Manuel José, pero que no utilizó su arma. Sin embargo, otro testigo le contradice: el cabo Pastor, hombre “de complexión fuerte, atlética, con nariz aguileña”, no sólo efectuó un disparo, sino varios…

El entonces diputado de UCD y actual alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre, recuerda aún hoy una escena que el propio cabo Pastor relata en su declaración. De la Torre se cruzó con el cabo, que “llevaba el arma en la mano”, y le conminó a que “la enfundara”, que allí había mujeres y niños.

Pasaron cuatro años hasta que el abogado de la familia de García Caparrós solicitó una prueba balística con la pistola del cabo y la de otro agente. La Policía respondió entonces al juzgado que su arma había sido dada de baja el 31 de enero de 1979, a pesar de que funcionaba correctamente.

Siete años después de la muerte de Manuel José, otro informe cuestiona que la bala tantas veces analizada sea la que mató al chico porque no tiene restos orgánicos: según consta en el sumario, había sido “limpiada” con acetona. Así que el 24 de junio de 1985 el juez acuerda el sobreseimiento del caso.

El crimen se investigó judicialmente, sí, y también hubo una comisión de investigación secreta en el Congreso de los Diputados (cuyas actas íntegras aún reclaman las hermanas de Manuel José). Pero no se concluyó nada. Caso prescrito. Así hasta hoy.


‘El más besucón’

En estos 40 años han muerto los padres del chico y son sus tres hermanas quienes lo recuerdan. Para ellas era “Manolito”, tan guapo y tan alto (1,90 de altura), “siempre un buen hijo y un buen hermano”, cuenta a Crónica Loli García Caparrós, la hermana menor. “Era el más besucón de todos: 20 veces llegaba a casa y las 20 les daba un beso en la frente a mi madre y a mi padre. Era tan cariñoso…”

La familia solicitó en su día que Manuel José fuera considerado víctima del terrorismo, cosa que no han conseguido. Sí han visto cómo colocaban una placa en su memoria (con el nombre mal puesto, “José Manuel”, y no en el lugar exacto donde le dispararon) y Raza Mora le dedicó un pasodoble:

Un cuatro de diciembre muere un malagueño
una bala traidora le quitó la vía
tan sólo porque estaba queriendo a su pueblo
y alzando la bandera de su Andalucía

Para las García Caparrós la herida sigue abierta. “¿Por qué nadie nos ha dicho el nombre de ese policía en 40 años?”, se pregunta Loli. “Quien mató a mi hermano fue un cobarde: los cobardes matan y se esconden. Se llevó a una familia entera y eso no se puede olvidar. Sólo queremos saber la verdad”. El cabo Pastor ya no les podrá responder.

http://www.elmundo.es/cronica/2017/12/04/5a219a1a268e3ed1638b4684.html

‘Me cago en Franco’: empezó el TOP y sigue la Audiencia Nacional

El 2 de octubre de 1963, Timoteo Buendía bebió más de la cuenta y, cuando vio a Francisco Franco en el televisor del bar, gritó: “¡Me cago en Franco!”. A Timoteo el ataque de sinceridad le costó muy caro: fue condenado a diez años de cárcel.

Con Timoteo Buendía se estrenó el Tribunal de Orden Público (TOP), el siniestro instrumento con que el tardofranquismo reprimió delitos como injurias al jefe de Estado o asociación ilícita, en referencia a militancia en partidos y sindicatos no autorizados por el régimen. Él fue la causa número uno. Pero hubo otras 3.797 antes de que el Gobierno de Adolfo Suárez lo finiquitara, ya en 1977, y trasladara parte de sus competencias a la Audiencia Nacional.

La Fundación Abogados de Atocha, creada para mantener vivo el legado de los juristas de CCOO asesinados por un comando fascista en 1977 editó en 2010 un CD con todas estas sentencias. Incluye un potente buscador que permite rastrear los nombres y apellidos de las víctimas. Y también los del medio centenar de personas que entre 1964 y 1977 formaron parte de esta máquina implacable que condenaba a diez años de cárcel por gritar “¡Me cago en Franco!”.

“Este país conoce muy poco su propia historia y creemos que el CD ayudará a mostrar cómo era el aparato represivo del franquismo y a hacer un reconocimiento a las personas juzgadas”, explica Raúl Cordero, director de la fundación.

En un acto en la Universidad Complutense el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo afirmó que los jueces estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años.

El CD con las sentencias del TOP muestra hasta qué punto los jueces fueron implacables: el 74 por ciento de los 3.798 casos acabó en condena, según el exhaustivo recuento del investigador Juan José del Águila.

Además, el Tribunal Supremo casi siempre ratificó sus penas, explica Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986): “Los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole”, afirma.

Las peculiaridades de la transición, pilotada por los propios franquistas y pactada con la izquierda vendida, permitió que los magistrados y fiscales del TOP después encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias. No sólo no sufrieron ninguna represalia sino que la gran mayoría fue ascendido y acabó en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional.

Por una cuestión biológica ya no están en las instituciones actuales. Pero como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP el 63 por ciento del total fueron en democracia magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filonazi del régimen.

“La Transición afectó por igual a toda la sociedad española, incluyendo partidos y, naturalmente, jueces. Todo siguió el mismo patrón y así estamos”, lamenta José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo.

El éxito profesional de los ex fiscales del TOP durante la democracia fue muy parecido al de los magistrados. Y los pocos ex que optaron por un camino distinto también tuvieron una carrera exitosa, como Diego Córdoba, que pasó de juez de Instrucción del TOP a abogado de El País.

La evolución de los miembros del primer TOP, el que arrancó en 1964 con el juicio de Buendía, es ilustrativo: los esfuerzos por hacer cumplir la ley franquista de su presidente, Enrique Amat, fueron recompensados con el ascenso al Tribunal Supremo ya por el franquismo, en 1971. Los otros dos magistrados de aquel momento también fueron promocionados: José F. Mateu, asesinado por ETA en 1979, estuvo el TOP durante toda su existencia diez años como presidente y saltó al Tribunal Supremo en 1977. Y Antonio Torres-Dulce se jubiló en 1986 como presidente de la Audiencia de Madrid.

Por su parte, el juez de instrucción, José Garralda, llegó al Tribunal Supremo en 1980, en sustitución de Amat, que se jubilaba. Y también al Tribunal Supremo llegaron los dos fiscales del TOP de 1964: Antonio González y Félix Hernández.

De hecho, los tres presidentes que tuvo el TOP acabaron en el Tribunal Supremo. A los ya citados Amat y Mateu, hay que añadir José de Hijas, que se jubiló en 1986 como presidente de la Sala Segunda, la misma que juzgará a Garzón.

Algunos de estos magistrados fueron muy cercanos a dirigentes que luego militarían en el PP, como Manuel Fraga y Margarita Mariscal de Gante. Fraga dedicó a Amat “cálidos elogios” cuando fue nombrado, según el Abc del día siguiente. Y ya en democracia, cuando el ex TOP Luis Poyatos se vio envuelto en una polémica por haber contribuido, en tanto que fiscal de la Audiencia, a poner en libertad a un mafioso que acabó huyendo, Fraga salió raudo en defensa de “la justicia”.

Una década después, Mariscal de Gante, ministra de José María Aznar, intentó aupar a Poyatos como fiscal jefe de la Audiencia. No lo logró. Pero quedó claro que Mariscal compartía la devoción de su padre, el juez Jaime Mariscal de Gante, por Poyatos, con quien había coincidido en el TOP. Como su amigo, Jaime Mariscal de Gante también vio recompensada su labor en el TOP con una plaza en la Audiencia Nacional.

http://www.publico.es/espana/del-top-al-supremo.html

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