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Día: 6 de abril de 2017 (página 1 de 1)

Turquía amenaza con invadir el Kurdistán irakí

El 30 de marzo de 2017 el primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, declaró terminada la Operación Escudo del Éufrates que había comenzado en agosto, cuando tropas turcas invadieron el norte de Siria con el objetivo declarado de expulsar a los “terroristas” de la zona fronteriza entre Siria y Turquía.

En realidad Turquía no ha hecho más que cambiar el nombre al operatvo militar. El martes en una entrevista concedida a la cadena de televisión turca NTV, Erdogan afirmó que las siguientes fases de aquella Operación no se limitarán a Siria sino que incluirán también a Irak.

Tras la Operación Escudo del Éufrates vendrá el Escudo del Tigris, afirma el periódico turco Yeni Safak. La nueva expedición militar llegará tras el referéndum constitucional previsto para el 16 de abril.

El objetivo es el desmantelamiento de las bases del PKK en las montañas de Qandil. Los planes del periódico son bastante precisos y afectan a nueve campamentos kurdos.

El ejército turco ya está desplegado en Bashiqa, en el Kurdistán irakí, por lo que dichas fuerzas serían reforzadas con nuevas unidades capaces de cortar las vías de comunicación entre Sinjar y Qandil, donde tiene su sede el Estado Mayor del PKK.

La operación permitiría aislar a la dirección de las regiones controladas por el PYD en Kobane y otras zonas del norte de Siria.

Los planes turcos no son ninguna novedad, ya que se iniciaron con la excusa de expulsar al Califato Islámico de Mosul, lo que suscitó ruidosas protestas por parte del gobierno central de Bagdad.

De momento la concentración de fuerzas es evidente en las proximidades de la frontera entre ambos países y es posible que la noticia de Yeni Safak no sea más que globo sonda para comprobar la reacción de Bagdad.

Turquía mantiene con el gobierno irakí un acuerdo para desmantelar la base de Bashiqa, donde el ejército turco entrena a fuerzas de voluntarios para “proteger a la población turcomana”.

Los monarcas españoles se enriquecieron con el tráfico de esclavos durante siglos

La esclavitud se reintrodujo en España en los años siguientes a la llamada “Reconquista”. Derrotados por la guerra, muchos islamistas fueron reducidos a la esclavitud. El Decreto de 1609 de expulsión de los moriscos incluyó en el Reino de Valencia una excepción: quedaban excluídos los que fueran esclavos, que seguirían perteneciendo a sus dueños.

Como siempre, lo que determinó la expulsión de aquella parte de la población no fue su religión sino su condicón de clase.

La población esclava era mucho más importante de lo que los historiadores han querido hacer creer. En Valencia uno de cada tres habitantes era esclavo, en Barcelona uno de cada diez, una proporción parecida a la de Sevilla y Cádiz.

A partir del siglo XV empezaron a llegar esclavos procedentes de África. Se calcula que aquí los negreros negociaron la compraventa de unos 700.000 esclavos entre los siglos XVI y XX. El mayor propietario de esa “mercancía” era la Corona, que los explotaba en sus minas y galeras. La monarquía española siempre ha vivido del robo y el tráfico ilegal de esclavos, a quienes marcaba salvajemente con hierros candentes con los sellos del rey de turno, como si fuera ganado.

Pero el verdadero negocio del tráfico negrero llegó con la colonización de América. El exterminio de la población autóctona provocó una necesidad de mano de obra barata, que se llevó desde África.

Sobre todo fueron los Borbones quienes comenzaron a participar en el siglo XVIII en el tráfico de esclavos a gran escala. Felipe V, alias “El Guarro”, fue el primero. Firmó un suculento contrato con la Real Compañía de Guinea, también de nacionalidad francesa, por el que percibía el 25 por ciento de los beneficios de la empresa esclavista. Su socio era su primo, otro Borbón, el rey de Francia Luis XV.

La regente María Cristina de Borbón y su segundo esposo, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, Duque de Riansares, consiguieron labrar una fortuna colosal con el comercio de esclavos, que no tenían antes de llegar a España. El coronel gaditano Manuel Pastor Fuentes desempeñó un papel fundamental en el negocio negrero que la monarquía tenía en Cuba. Fue quién implantó el pago de una cuota por cada esclavo importado, que después él mismo se encargaba de trasladar a María Cristina de Borbón. Por eso su hija, la reina Isabel II le nombró senador vitalicio y le otorgó el título de Conde de Bagaes.

Al ser despojada de la Regencia por Espartero, Maria Cristina salió de España en 1840 como la mujer más rica de Europa. Pero la dejaron marchar con el dinero que había robado.

El Presidente del Gobierno Leopoldo O’Donnell dirigió la Capitanía General de Cuba entre 1843 y 1848, donde desató una cruel represión tras una revuelta esclava en la isla, conocida como la “Conspiración de la escalera”. En Cuba O’Donnell controlaba y se lucraba del tráfico de esclavos. Por cada “pieza” desembarcada recibía 51 pesos de los negreros. Amasó una fortuna de 500.000 pesos durante su estancia en la isla, el equivalente a diez millones de reales en la moneda española de la época.

España fue el último país en abolir la esclavitud porque el negocio era una fuente de enriquecimiento personal de los Borbones, la aristocracia y los altos dirigentes del ejército colonial español. Como el tráfico de esclavos era ilegal, las grandes fortunas de este país amasaron sus riquezas con uno de los peores crímenes que la humanidad ha conocido. Pero en este país, ¿a quién le ha importado la legalidad?

Se destapa otro caso de espionaje masivo junto al Parlamento canadiense

El periodista Patrick Lagacé
El 4 de abril Radio Canadá reveló el descubrimiento de la existencia de un dispositivo telefónico en un lugar “estratégico” de Otawa, la capital canadiense, para espiar las conversaciones de los alrededores, en particular las que se producen en el Parlamento.

El dispositivo es un cripto-teléfono, aparatos de tipo IMSI capaces imitar una conexión telefónica para interceptar llamadas de voz e intercambio de datos desde móviles.

El Servicio de Inteligencia de Seguridad y la Gendarmería han abierto sendos atestados para investigar el espionaje. El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, ha manifestado que el dispositivo no ha sido instalado por los servicios canadienses ni autorizado por ellos.

En declaraciones a la agencia QMI el ministro se ha negado a especular sobre la posibilidad de que los autores pe rtenezcan a un país extranjero o al crimen organizado.

Además del Parlamento canadiense, el dispositivo de escucha también podía captar los intercambios telefónicos de las embajadas cercanas. El ministro ha reconocido que no hay en Canadá ningun otro lugar con tal concentración de edificios en los que se mantengan conversaciones confidenciales.

El gobierno canadiense ha tratado de relativizar el espionaje asegurando que los organismos oficiales no intercambian datos a través de correo o las líneas telefónicas.

En noviembre del año pasado se reveló que la policía canadiense había estado espiando el móvil del periodista de Patrick Lagacé, del diario La Presse. Desde inicios del año la policía emitió 24 órdenes de vigilancia para obtener todos los números de llamadas hechas desde y hacia el móvil de dicho periodista, sobre quien realizó seguimientos directos.

A raiz del escándalo se conoció que al menos otros ocho periodistas más habían sido controlados por la policía canadiense.

Cabello revela un nuevo plan golpista en Venezuela contra el gobierno de Maduro

Diosdado Cabello, del PSUV
Ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y parlamentario venezolano, Diosdado Cabello, reveló la participación de Estados Unidos en un nuevo plan de golpe de Estado contra el gobierno de Maduro.

Según Cabello, los trabajos realizados desde primeros de marzo por los servicios de Inteligencia de Venezuela, han descubierto los planes de un nuevo golpe de Estado organizado desde el exterior y en el que están involucrados factores tanto nacionales como internacionales, informa VTV.

El golpe contra el gobierno de Maduro debía tener lugar antes de las fiestas de Semana Santa y fue orquestado por un grupo de la ultraderecha venezolana denominado Los Próceres, con la participación de militares activos y retirados, así como oficiales policiales.

Según una grabación revelada por el parlamentario, entre los implicados se encuentra el agente encubierto Eduardo Vetencourt, exmiembro de la antigua DISIP, además de un coronel identificado como Zomacal, presidente del partido de oposición Copei Roberto Enriquez, así como el también político de Copei, Oswaldo Álvarez Paz, entre otros políticos y funcionarios de la oposición.

En un video publicado por Telesur, Cabello ha informado que “desde Colombia habían sido captados cuadros medios de la Fuerza Armada Nacional, incluyendo a un francotirador”, y afirma que “el expresidente Álvaro Uribe esta inmiscuido en los planes de desestabilización”.

El video confirma la tesis de la planificación del plan golpista desde el exterior, sobre la base de una supuesta intervención humanitaria y con uso de violencia, explosivos y fuerzas de reacción.

Según informaciones publicadas por “El Nacional” y recogidas tembién en el video, Roberto Enríquez, el coronel retirado Ricardo Somascal Longo y Eduardo Vetencourt, junto al capitán Heredia, se encuentran detenidos bajo acusación de traición a la patria e instigación a la rebelión.

https://actualidad.rt.com/actualidad/235108-parlamentario-revela-pruebas-nuevo-plan-venezuela

Más de 60 fusilados por los franquistas en Valencia serán rescatados del olvido

En los primeros años de represión franquista en Valencia, a los presos de Sant Miquel dels Reis (la prisión política de la ciudad) se les enviaba a la Cárcel Modelo semanas antes de ser fusilados. El 18 de enero de 1940 se produjo una “saca” de magnitudes considerables. La mayoría de los cuerpos terminaron en la fosa 113 del cementerio de Paterna, donde eran ejecutados.

Según las investigaciones basadas en los registros de la prisión y del cementerio, se estima que hay unas 60 personas enterradas en esta fosa, procedentes de distintos pueblos de Valencia, Madrid y Burgos. Es, hasta ahora, la más grande en el territorio valenciano, último escollo de la República. Como gran parte de las tumbas comunes de víctimas del franquismo, está sin exhumar, pese a la ley de Memoria Histórica.

Para rescatar a los asesinados del olvido, los familiares se han constituido en una asociación y gracias a las ayudas de la Diputación de Valencia, comenzarán las excavaciones en junio.

“Empezó como un proyecto personal”, cuenta Santi Vallés, lingüista, escritor y presidente de la asociación. “Yo buscaba a mi tío Paco porque se lo prometí a mi abuela antes de morir”. El presidente de la asociación se encargó personalmente de ir a los archivos de Salamanca, a los del Ministerio de Defensa y de contactar con ArqueoAntro, una plataforma que ya estaba realizando exhumaciones en otras poblaciones.

Los familiares lamentan el exceso de burocracia por el que deben pasar para autorizar los proyectos, así como el elevado coste de los mismos.

Este en concreto costará unos 125.000 euros y la Diputación de Valencia financia aproximadamente la mitad. “Sin las ayudas sería imposible. El Estado debería actuar de oficio y hacer como en Alemania, asumir la responsabilidad con normalidad e invalidar los juicios que los condenaron a muerte”, reclama Santi como portavoz de los familiares de las víctimas.

Los trabajos comenzarán en cuanto finalice la exhumación de los cuerpos de la fosa 82, también en Paterna, en la que se estima que hay enterradas unas 20 personas. Miguel Mezquida, de ArqueoAntro, responsable de ejecutar el proyecto, prevé que será una labor más complicada que las anteriores. “Prevemos que nos llevará alrededor de 2 meses y medio. Hay muchas víctimas enterradas, unas encima de otras porque se acumulan varias ‘sacas’ y es un espacio muy pequeño, de unos dos metros de largo, dos de ancho y más de cuatro de profundidad”.

Miguel explica que realizan esta tarea porque «la gente tiene derecho a saber lo que ha pasado”. “Las fosas siempre hablan. Es un trabajo minucioso, es una excavación en contexto forense, aunque el Estado español no judicializa estos crímenes”, señala Miguel. Aunque, añade, con esperanza “hacemos el trabajo forense para que algún día se puedan juzgar”.

Esta era la fórmula genérica con la que comenzaban las misivas que se enviaron a los familiares de los fusilados por agentes franquistas en nombre supuestamente de los otros presos: “Valencia, a 18 de enero de 1940. Cárcel Modelo. Estimada compañera, el principal motivo que nos induce a escribirle esta carta es para manifestarle nuestro dolor muy justificado por la ejecución de su marido y buen compañero nuestro. Patente su extremado valor, habiendo ir cara a la muerte con la tranquilidad que caracteriza a los inocentes”.

http://www.eldiario.es/cv/comun-numerosa-Valencia-exhumara-junio_0_629937436.html

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