En el año 1998, el Ministerio de Defensa español remitió a su juzgado en el marco de la causa por los vuelos de la muerte, un listado parcial de altos oficiales españoles entrenados por la dictadura. Víctor Basterra, fotógrafo secuestrado en la ESMA y hoy director del Instituto para la Memoria, señaló ante Garzón a otro militar más al que reconoció como partícipe de los grupos de tareas del gobierno de facto. El ex juez desechó actuar contra ellos.
Baltasar Garzón tuvo en sus manos una lista de militares españoles que hicieron cursos de formación con sus pares argentinos y que participaron activamente en la represión durante la última dictadura militar, y decidió no citarlos ni tampoco investigar sobre tan graves hechos. Esta información fue cubierta por varios medios de comunicación argentinos y españoles, entre ellos los diarios Página 12, La Nación, Clarín y El País de Madrid.
En mayo de 1998, la cartera de Defensa española remitió al entonces hombre fuerte de la Audiencia Nacional, una lista de diez oficiales que visitaron Argentina entre 1979 y 1983 para realizar cursos de formación en las Escuelas de Guerra y de Inteligencia locales.
En la lista remitida por el Ministerio a Garzón, se señala que en 1979 -en plena dictadura- los coroneles Isidoro Calderón Portilla y Francisco Acin Gallego fueron parte de los cursos de la Escuela de Inteligencia argentina. A su vez, Rafael Sáinz Torres lo hizo en la Escuela de Guerra. En 1980, el coronel Juan Meléndez Jiménez realizó un curso en Inteligencia; en 1981, los coroneles Enrique Gómez Rueda y Joaquín Rodríguez Solano también estuvieron en la Escuela de Inteligencia, mientras que el coronel Amadeo Martínez Inglés estuvo en la de Guerra, y en 1982, el coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar realizó un curso en la Escuela de Inteligencia.
También, estuvieron en Buenos Aires el general de división José Villaroya Chueca y el teniente coronel Julián Soutuelo Pérez, ambos en actividad cuando el Ministerio de Defensa remitió los datos a Garzón.
Todos estos militares compartieron información con sus pares argentinos, que para ese entonces -período 1979-1982- se encontraban en la fase final de aniquilamiento de lo que ellos denominaban «subversión» y que no era otra cosa que el secuestro, desaparición y asesinato de miles de militantes populares, algunos de sus familiares y una buena cantidad de personas secuestradas al azar que jamás volvieron a aparecer.
Además, obviamente, algunos de ellos visitaron los Campos de exterminio en la Escuela de Mecánica de la Armada y en Campo de Mayo.
Listado parcial
Cabe decir que el ahora ex juez Garzón había requerido expresamente estos informes, acicateado entre otras cosas por la investigación llevada a cabo por el periodista Carlos Bianco, entonces productor de Radio Mitre, que partió del hecho de que el Coronel español de Infantería de Marina, Cristóbal Gil y Gil fue señalado por el hoy director del Instituto para la Memoria, Víctor Basterra, como partícipe de los grupos de tareas con sede en el campo de exterminio. Es por lo que se entiende que el listado remitido por el entonces ministro de Defensa del Gobierno de Jose María Aznar, Eduardo Serra, es incompleto dado que la denuncia de Basterra hace referencia a un período anterior a 1979.
Con esos datos, Garzón citó a declarar únicamente como testigo a Gil y Gil, sin que hubiera más actuaciones. La gravedad de la información a la que tuvo acceso Garzón, a partir de las declaraciones de Basterra y de la información que en su momento hizo pública ante la prensa argentina el coronel Amadeo Martínez Inglés, quien hizo el curso de Estado Mayor en la Argentina e informó al gobierno español de las violaciones de los DDHH cometidos por la dictadura, implicaba un vuelco a dos causas que en ese momento llevaba adelante Garzón: la de los vuelos de la muerte y la que investigaba el terrorismo de Estado durante el gobierno de Felipe González, el llamado Caso GAL, cuyas repercusiones penales afectaron, parcialmente, a los llamados escalones medio y bajo de los partícipes de la llamada «guerra sucia».
Martínez Inglés expresó ante los medios argentinos y españoles haber elevado un informe a sus jefes sobre las aberraciones que se cometían en la Argentina, el que fue mantenido en absoluta reserva por sus superiores. Martínez Inglés aseguró en su momento a Radio Mitre que tenía en su poder un listado de militares españoles que viajaron para adiestrarse en técnicas de represión ilegal -doce de ellos en la ESMA-.
A partir de estos datos, el entonces portavoz parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti declaró al diario Página 12: «Esto confirma nuestra sospecha de que los GAL fueron una creación del ejército español. Vamos a pedir en el Congreso una investigación a fondo de todo lo ocurrido. Está claro que en España no se puede seguir hablando de una ley de Punto Final sobre la guerra sucia contra ETA, mientras haya 600 etarras en la cárcel y del otro lado sólo 2 ó 3 personas».
Lo paradójico es que Garzón, con todos estos datos en su poder nunca citó a estos militares informados por Defensa ni siquiera como testigos, generando así una fisura importante en la investigación, ya que varios de los «visitantes uniformados», sino todos, podían haber aportado datos de importancia para desentrañar muchos de los crímenes cometidos, y de los que fueron cómplices.
Como ya hiciera con el caso de las pruebas concretas de miles de víctimas del franquismo que le remitieran organizaciones de derechos humanos de Valencia, Garzón se preocupó más en generar un hecho mediático para luego, desestimar cualquier tipo de investigación. Y es que no era lo mismo en ese momento imputar a militares retirados de un Estado arrodillado ante la impunidad, que investigar la conexión española con la dictadura. Hay que recordar que la legislación española no discute la competencia de sus tribunales para juzgar los delitos cometidos por nacionales en el extranjero.
Garzón, que disfruta de permiso de residencia argentino otorgado de manera directa por la ex Presidenta Cristina Fernández, y mantuvo durante su mandato un cargo de Subsecretario en el Estado Nacional en materia de Derechos Humanos, optó por no encarar la investigación de los crímenes de la dictadura militar argentina y decidió cajonear los informes suministrados por el propio Ministerio de Defensa español, que aún siendo parciales, resultaban reveladores.
