Un pequeño lápiz de memoria informática puede convertirse en la ficha que haga caer toda la espiral de la Operación Cataluña. La Audiencia Nacional investiga de dónde salió y cómo se obtuvo la información que contiene el
“pendrive” y que la Policía intentó introducir en el caso Pujol a pesar de su dudosa procedencia, en una maniobra que podría poner en riesgo la única causa judicial sobre la corrupción política en Cataluña que investiga este tribunal.
Los primeros compases de la investigación ya han hecho aflorar algunos de los métodos utilizados por el Ministerio del Interior para intentar frenar el proceso soberanista durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.
Todo comenzó en abril del año pasado cuando la Brigada Anticorrupción de la Policía presentó al juez José de la Mata un informe que abría nuevas líneas de investigación a la familia Pujol, basadas en la información contenida en el lápiz de memoria.
Las contradicciones en las que incurría el propio informe sobre su procedencia –“cooperación policial” y al tiempo bases de datos de “inteligencia policial”– hicieron sospechar al juez, que abrió una pieza separada y la declaró secreta. De este modo, el magistrado intenta blindar la investigación a la familia Pujol de pruebas obtenidas irregularmente que pudieran dar pie a las defensas para solicitar la nulidad de todo el proceso.
Las diligencias practicadas hasta ahora por De la Mata en esa pieza separada no han hecho más que incrementar las sospechas del magistrado sobre hasta dónde llegó la Policía en la investigación al expresidente de Cataluña y su familia. Los dos mandos policiales que han declarado como testigos llegaron a exasperar al juez y a la fiscal jefa de Anticorrupción, Belén Suárez. O no recuerdan o directamente se contradicen. Y entre respuesta y respuesta van aflorando las prácticas que impuso el anterior director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, el hombre fuerte del Cuerpo con Jorge Fernández Díaz.
El juez De la Mata ha tomado declaración al anterior jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, ahora jefe superior en Galicia. Su declaración, además de no convencer al magistrado ni a la Fiscalía, a tenor de cómo se desarrolló, motivó que fuera llamado a declarar el inspector jefe Bonifacio Díez, miembro de la oficina desde la que el comisario Eugenio Pino dirigía la “policía política”. Vázquez asegura que fue Díez quien le entregó el “pendrive” y éste asegura no recordarlo. Una vez declararon ambos, Pino se dirigió por carta al magistrado el pasado 3 de noviembre para dar su versión sobre su origen.
En lo que él denomina “acta de comparecencia”, el anterior DAO asegura que “a finales de 2012 o principios de 2013” ordenó al entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, investigar la supuesta implicación de un policía en una causa seguida en un juzgado de Barcelona. Pronto, las supuestas pesquisas sobre ese policía dieron paso a algo más importante. Martín-Blas llegó a su jefe con la “colaboración/información voluntaria de dos agentes-detectives de la Agencia de Investigación Método 3”, según escribe Pino.
Asuntos Internos y Método 3
Uno de los puntales del grupo antiseparatista que Pino había creado en la DAO era la Unidad de Asuntos Internos. La unidad cuya misión es investigar los presuntos delitos cometidos por policías actuaba recopilando sobre el terreno información de políticos vinculados al proceso separatista.
La elección no era casual. Asuntos Internos es una unidad absolutamente opaca, con una sede separada del resto, sin identificar, y de la que ni siquiera se conoce el número policías que trabajan en ella. Pino añade que en la época en la que el “pendrive” llegó a la UDEF, Bonifacio Díez no trabajaba aún en su gabinete. Obvia que ya lo hacía en la Unidad de Asuntos Internos, también adscrita a la DAO.
Por su parte, Método 3 era una agencia de detectives que es objeto de una investigación judicial abierta en un juzgado de Barcelona a raíz de la grabación del restaurante La Camarga entre la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, a la postre delatora de la familia Pujol. El dueño de Método 3, Francisco Marco, fue detenido y las oficinas donde guardaba ficheros sobre investigaciones de todo tipo, registradas por la Policía.
Según dice Pino en su carta al juzgado, los empleados de Método 3 entregaron un “pendrive” a Martín-Blas que contenía información que aludía al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia Jesús del Olmo, a un hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba y a “otras personas pertenecientes a la clase política catalana”. Y que por eso le entregó una copia al CNI, a la UDEF y a otra unidad antiterrorista de la Policía. El exDAO ofrece los nombres de dos personas que aparecen en la memoria digital, pero añade un genérico “otras personas” para referirse a la información sobre políticos catalanes, a la postre, los datos que interesaron realmente a la Policía.
Pino dice recordar asimismo que Martín-Blas le comentó que los dos detectives accedían a la información contenida en el pendrive “por medio de un servidor (en la nube) en el Reino Unido y que el expresident de la Generalitat de Cataluña había pagado anteriormente 700.000 euros al director de la agencia de Investigación Método 3 por la misma, ignorando si esto es cierto o no”. La sospecha de que los detectives entregaron a la Policía la información tras cobrar de los fondos reservados intenta ser despejada por Pino cuando dice que solo actuaron por venganza hacia su exjefe, Francisco Marco, que les adeudaría 200.000 euros.
Cruce de versiones: alguien miente
Antes de la carta de Pino había declarado ante el juez Manuel Vázquez, jefe de la UDEF en el momento de los hechos. El pasado 14 de octubre pasado, Vázquez dijo al juez que fue el inspector jefe Bonifacio Díez quien le entregó el “pendrive” en marzo de 2015. Ese día, el juez ya tenía en su poder un informe del sustituto provisional de Vázquez, el comisario José Manuel García Catalán, en el que se asegura que las gestiones realizadas para averiguar el origen de la información del pendrive han resultado “infructuosas”.
A pesar de la insistencia del juez y la fiscal Suárez, Vázquez no avanza más que en especulaciones sobre si la información pudo salir de la causa a Método 3 en Barcelona, algo que el juzgado de la Ciudad Condal y la Policía que participó en esa investigación judicial han negado a la Audiencia Nacional, e insiste en que sólo puede aportar que fue Bonifacio Díez quien le entregó el pendrive.
Así que el juez cita al inspector jefe Díez y éste, a su vez, niega haber entregado el “pendrive” a Manuel Vázquez. Pero cuando el juez le expone la versión del exjefe de la UDEF, añade que puede que se lo diese –“no puedo decirle ni que sí ni que no”– y que no lo recuerda porque le llevó información en muchas ocasiones sin saber siquiera lo que le entregaba. Se trataba de datos que llegaban a la DAO, incluso anónimamente, según su versión, y que Pino le ordenaba distribuir por las unidades competentes.
En realidad, según detallan fuentes policiales conocedoras del grupo policial contra el separatismo, los colaboradores de Pino estaban entregados a buscar sobre el terreno información comprometedora de políticos favorables al proceso independentista, para lo que utilizaban fondos reservados, como en el caso de la cuenta falsa en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias. Entre ellos figuraba el propio Díez, el jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el hoy comisario jubilado José Manuel Villarejo.
La información obtenida acababa en las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos señalados de la escalada soberanista, pero rara vez eran entregada en un juzgado. Cuando lo hacían, se utilizaba a la UDEF de Manuel Vázquez para blanquear la información.
Así ocurrió también en la estrategia contra Podemos. El informe PISA, apócrifo, repleto de valoraciones y conjeturas, fue enviado a la UDEF para que ésta lo adecentara y acudiera a un tribunal con él. No fue posible. Finalmente fue Manos Limpias quien lo presentó al Tribunal Supremo, pero éste despreció su contenido. Vázquez llegó a ofrecerse a los jueces del Alto Tribunal para explicarles el contenido del mismo.
La oficina de la ‘policía política’
Según declara ante el juez Bonifacio Díez, él mismo, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino, y otra policía compartían un despacho en el que guardaban una copia de seguridad en un disco externo que fue destruido por orden del exdirector operativo. Ese despacho que compartían los tres policías a las órdenes directas del DAO es señalada por otros mandos policiales como la auténtica “oficina” de la “policía política”.
Fuentes Gago era jefe de gabinete de Pino y Díez su adjunto. Como éste segundo afirma ante el juez, entre las labores que desempeñaban estaba mantener “entrevistas” con fuentes informantes porque Pino “solo se fiaba” de ellos. Antes de su jubilación, Pino se encargó de recompensarles con destinos dorados en embajadas. Fuentes Gago fue a La Haya y fue sustituido como jefe de gabinete por Bonifacio Díez. Poco antes de la marcha de Pino, Díez fue destinado a la Embajada española en México. Tanto Fuentes Gago como Díez cobran más de 10.000 euros mensuales en sus actuales destinos.
